Por: Gustavo Gallón

Manifiesto por la democracia

El encuentro ciudadano por la democracia del 8 de agosto en Medellín debería traducirse en una convocatoria a toda la sociedad para asumir, como un denominador común de todos los sectores sociales, movimientos políticos y autoridades públicas en Colombia, el respeto de los derechos ciudadanos.

Los avances culturales e institucionales logrados al respecto han sido contrarrestados por resistencias de sectores poderosos en la economía, la política, la ideología y las armas.

Mientras la vida, la integridad personal y las diferencias no sean protegidas como valores intangibles, estaremos lejos de construir una sociedad civilizada. No cabe admitir la existencia de fuerzas armadas paraestatales o contraestatales, ni ningún abuso que provenga de ellas o de agentes estatales.

Tampoco puede aceptarse un tratamiento de segunda a necesidades vitales primarias, como alimentación y protección del medio ambiente. La Ley de Víctimas, pese a deficiencias que deben superarse, es un esfuerzo por vincular y dar prioridad a la realización de derechos civiles simultáneamente con derechos sociales. La venta de nuestro territorio a las empresas mineras se orienta en la dirección contraria.

La seguridad es un derecho fundamental de toda sociedad. Una política de seguridad que no esté basada en los derechos humanos como fin y como medio, está condenada a generar más inseguridad. Tal es el caso de la “doctrina de seguridad nacional”, que aún sigue vigente en Colombia, como lo evidencian las chuzadas ilegales del DAS desde la presidencia.

La seguridad no se propicia solamente por el uso de la fuerza. Una política coherente en derechos humanos sería el mayor factor de disuasión y el camino más seguro para lograr la paz y la democracia en Colombia. No debería negociarse, reduciría por sí misma muchas de las causas de la confrontación y ayudaría a generar la confianza necesaria para negociar lo que sí haya que negociar. El Gobierno debe empeñarse a fondo para lograr poner fin al conflicto armado.

Para lograr estos tres objetivos (vigencia de derechos primarios, seguridad basada en los derechos humanos y terminación del conflicto armado) es necesaria una justicia respetable, lo cual requiere el compromiso decidido del Estado con reglas adecuadas y un presupuesto digno, así como el acompañamiento de una fuerte veeduría ciudadana.

Algo así fue lo que planteó la Constitución del 91, pero algunos quisieran incluso abolirla, como quienes consideran terroristas a quienes no hagan parte de su visión. La construcción de un mínimo denominador común entre los colombianos, basado en un serio compromiso con los derechos humanos, es justamente lo contrario de polarizaciones como esa. Las recomendaciones internacionales producidas en las últimas dos décadas, incluidas las de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que el Gobierno parece querer debilitar), son un rico aporte que ya existe para superar la barbarie y sentar las bases de una democracia segura e incluyente donde las diferentes formas de entender el desarrollo del país puedan debatirse en paz. Empecemos de una vez.

 

 

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