Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Las huellas de un perseguidor

Algunos de los defensores de Alejandro Ordóñez suelen presentar como inofensivo su fundamentalismo religioso en relación con el aborto, con el argumento de que no conocen una sola mujer que no haya podido abortar legalmente por cuenta del procurador.

Otra cosa muestra la realidad. Por supuesto que sí hay mujeres que gracias a Ordóñez han encontrado dificultades y clima hostil para abortar legalmente aun en los tres casos aprobados por la Corte Constitucional, y han tenido que hacerlo clandestinamente o procrear hijos no deseados.

La Corte Constitucional tuvo que prohibir la publicación de los nombres de las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para protegerlas además de denuncias penales temerarias. Y esa decisión debió tomarla cuando una mujer adulta en Villavicencio que había tenido tres abortos de alto riesgo quedó nuevamente embarazada y solicitó una IVE que le fue negada por el sistema de salud, por lo cual interpuso una tutela que llegó hasta la Corte Constitucional. Mientras se adelantaba el trámite la señora tuvo que abortar en forma clandestina, no ilegal, y cuando la tutela fue seleccionada para su revisión, la procuradora Ilva Myriam Hoyos, otra rezandera a ultranza, formuló una críptica denuncia penal que en la práctica lo fue contra la mujer y el magistrado Humberto Sierra, aun cuando posteriormente intentó negarlo con un argumento artificioso, más propio de un rábula que de un agente del ministerio público. (Véase el comunicado emitido por la procuraduría http://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=net.comtor.cms.fr...).

A pesar de la prohibición de divulgar los nombres de las mujeres que solicitan la IVE, el mensaje amenazante quedó lanzado: quien no pueda abortar legalmente porque se lo impida una entidad de salud y opte por hacerlo clandestinamente, es una delincuente, y todo eso, sí señor, por cuenta del procurador.

Que el sistema de salud le haya negado a esa llanera el derecho a abortar legal y abiertamente y tuviera que hacerlo en forma clandestina no fue un problema interno de la entidad, sino el temor ante las represalias judiciales de la intolerancia perseguidora de una Procuraduría que, abusando de sus funciones, se entromete en muchas entidades que se ven amenazadas cada vez que autorizan la IVE.

Pero hay más. Una niña de 12 años pretendió abortar legalmente, pero como le fue impedido su derecho a hacerlo, a tan corta edad tuvo que tener un bebé no deseado. La Corte Constitucional sancionó en vía de tutela a la EPS que se negó a prestarle la atención oportuna a esa niña y por los daños irremediables que le causó, y, atérrense, la Procuraduría defendió en esa ocasión a la EPS que incumplió sus deberes.

De manera, pues, que no nos vengan con el cuento de que Ordóñez es apenas un procurador creyente e inofensivo con sus posturas religiosas, porque en materia del aborto legal ha sido tan nefasto como prevaricador. Por eso tuvo que rectificar por orden de la Corte Constitucional, así fuera tramposamente, porque mintió por rendirle culto a su fe.

Por eso no es raro que este procurador siniestro, que se ofende cuando un funcionario público del alto gobierno cree que otra persona distinta a él pueda reemplazarlo, haya convertido su delictual campaña reeleccionista en un referendo antiaborto. A propósito ¿cómo se entera este ayatola de mensajes y conversaciones privadas de esos funcionarios? Ese será otro tema que habrá que escarbar. Me sigo resistiendo a creer que este país tenga que soportar la corrupción de quien como Ordóñez, insiste en hacerse reelegir a sangre y fuego.

Adenda. No hay derecho. La hermosa y pujante Barranquilla aislada y sus visitantes maltratados y retenidos, porque en el aeropuerto Ernesto Cortissoz están dañadas unas bombillas, que el incompetente director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, no ha logrado reparar.

 

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