Por: Gonzalo Silva Rivas

Cultura ciudadana

El vandalismo es un fenómeno que se ha reproducido sin miramientos por el mundo y ha victimizado a las grandes ciudades.

El término, derivado de los vándalos, antiguo pueblo bárbaro germano, refiere un comportamiento irresponsable, hostil y destructivo que no respeta bienes públicos ni privados. En nuestro vecindario, su blanco preferido es el mobiliario urbano: patrimonio edificado, monumentos, luminarias, piletas, bancas, semáforos, cabinas telefónicas, recipientes de basura, señales de tránsito, transporte, estaciones de buses…

En fin, su mira está puesta en una propiedad –la de los bienes de uso público del territorio– perteneciente a toda la población, que se financia con dinero de los contribuyentes.

Bogotá, ciudad de puertas abiertas, que crece con gentes llegadas de los más diversos rincones del país, sufre el flagelo de manera implacable. Y es esa heterogeneidad la que la mata, porque se ha transformado en una urbe desenfrenada, sin dueño, que no le incumbe a nadie. Más del 50% de su gente no es de Bogotá y la indiferencia se ha vuelto regla general en la mayoría de sus habitantes. Por eso, el vandalismo salta a la vista en cada esquina. La escasa inversión pública es arrasada y no tiene dolientes.

Hace apenas seis meses, el Instituto Distrital de Turismo instaló en La Candelaria y el Centro Internacional un total de 67 inmensas y modernas señales turísticas peatonales para socializar los atractivos de la zona, orientar a residentes y turistas y mejorar las experiencias como destino de viajes. Pero la noticia que divulga su director, Luis Fernando Rosas, es traumática: 51 de ellas han sido destruidas parcial o totalmente, y según parece los $1.200 millones invertidos en el plan piloto podrían irse raudos por el sumidero. El gerente de Transmilenio, Fernando Sanclemente, revela también que el vandalismo le cuesta a la infraestructura del sistema más de $2 mil millones al año.

Si bien es cierto que las autoridades están encargadas de velar por la seguridad de los bienes públicos y patrimoniales, son los propios residentes los primeros responsables en procurar su preservación. Una ciudad saqueada por contratistas y politiqueros que, haciendo gran esfuerzo presupuestal, pone al servicio obras que le permitan mostrar una cara amable y positiva ante turistas y habitantes, tiene la obligación ineludible de ponerse en pie para defender y salvaguardar su patrimonio arquitectónico, histórico y cultural.

Hechos de esta naturaleza deben hacer reflexionar a la comunidad para buscar que los vándalos reciban el castigo que merecen. La complicidad y la permisividad agravan el desangre presupuestal que provocan quienes abusan de la ciudad, la exprimen y la destruyen. La presión social es una manera de recobrar la cultura ciudadana.

gsilvarivas@gmail.com

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