Me atrevo a decir que los dos problemas principales de Colombia son la corrupción y la violencia. No es accidental que ambos se presenten juntos. Responden a la falta de un Estado capaz de atender sus obligaciones primordiales: recolectar impuestos de manera eficiente para darles a los ciudadanos seguridad en sus vidas y bienes, proveer algunos servicios básicos, como educación y salud, y preservar un marco de estabilidad que permita que la iniciativa individual despliegue su esfuerzo y creatividad para crear empleo y riqueza. Pero fallamos en lograr que los ciudadanos estén seguros y evitar que unos pocos se aprovechen de los ingresos fiscales y de los privilegios que ejercen quienes capturan el Estado.
La corrupción es la violencia de las élites contra la población. Los que reciben comisiones, millones de dólares —pues todo se sabe, aunque poco se castigue—, les niegan la comida a quienes padecen hambre; la vida, a quienes no encuentran una atención médica oportuna, y agua de calidad, a los niños que mueren en las zonas rurales. Hay una inmensa impunidad. Los pocos casos de la gran corrupción que se destapan usualmente se descubren gracias a las autoridades extranjeras, como es el caso de Odebrecht.
La violencia común es la ley de quienes nacen en la selva, sin Estado, sin oportunidades. Las cárceles están atiborradas de personas de origen humilde. En contraste, muchos de los que delinquen en la gran corrupción encuentran condiciones de reclusión privilegiadas: como en sus mansiones.
Si bien hay impunidad ante la ley, no hay impunidad ante la sociedad; no en el sentido de que se les rechace, sino que todo se comenta. Todo el mundo sabe quiénes son los deshonestos: la aritmética es la prueba más devastadora de sus delitos. Pero quienes ostentan el poder o quieren llegar a él se hacen la vista gorda. La respuesta típica es: “¿Pero hay evidencia sobre eso?”. Pregunto: ¿había “evidencia” sobre los crímenes de las SS en la Alemania de la década de 1930? Todo el mundo sabía lo que pasaba. Como sucede en nuestro medio con los corruptos: exaltados por sus méritos, premiados, retratados, entrevistados, encumbrados como ejemplos de vida.
Grave esta doble moral. Grave, dado que el cinismo se va apoderando de la opinión de la gente. Grave, porque pierde legitimidad el poco Estado que tenemos. Grave, porque se van gestando las condiciones para los populismos autoritarios de izquierda y de derecha. Grave, pues el balance final en América Latina de esos populismos siempre hay que escribirlo en rojo.
¿Qué hacer? Esa es la pregunta que haría uno de los políticos más brutalmente efectivos del siglo XX. Pero es la pregunta que nos debemos hacer los colombianos, que en la inmensa mayoría somos personas pacíficas y cumplidoras de nuestras obligaciones ciudadanas. Es necesario volver a barajar el naipe de nuestra vida política. Buscar la definición de una gran agenda nacional por la equidad, la justicia social, la transparencia y efectividad del Estado, la defensa de las libertades, incluyendo la defensa de la propiedad privada y el capitalismo, así como una ampliación sin precedentes en la educación de calidad con igualdad de oportunidades, las inversiones públicas y las reformas que sean necesarias para que tengamos un crecimiento alto y sostenido que permita lograr nuestros sueños. Por lo menos pienso eso hoy, con el optimismo de la voluntad cuando brilla el sol sobre el Caribe nuestro, en esta mañana que llegan las primeras brisas de diciembre.
Me atrevo a decir que los dos problemas principales de Colombia son la corrupción y la violencia. No es accidental que ambos se presenten juntos. Responden a la falta de un Estado capaz de atender sus obligaciones primordiales: recolectar impuestos de manera eficiente para darles a los ciudadanos seguridad en sus vidas y bienes, proveer algunos servicios básicos, como educación y salud, y preservar un marco de estabilidad que permita que la iniciativa individual despliegue su esfuerzo y creatividad para crear empleo y riqueza. Pero fallamos en lograr que los ciudadanos estén seguros y evitar que unos pocos se aprovechen de los ingresos fiscales y de los privilegios que ejercen quienes capturan el Estado.
La corrupción es la violencia de las élites contra la población. Los que reciben comisiones, millones de dólares —pues todo se sabe, aunque poco se castigue—, les niegan la comida a quienes padecen hambre; la vida, a quienes no encuentran una atención médica oportuna, y agua de calidad, a los niños que mueren en las zonas rurales. Hay una inmensa impunidad. Los pocos casos de la gran corrupción que se destapan usualmente se descubren gracias a las autoridades extranjeras, como es el caso de Odebrecht.
La violencia común es la ley de quienes nacen en la selva, sin Estado, sin oportunidades. Las cárceles están atiborradas de personas de origen humilde. En contraste, muchos de los que delinquen en la gran corrupción encuentran condiciones de reclusión privilegiadas: como en sus mansiones.
Si bien hay impunidad ante la ley, no hay impunidad ante la sociedad; no en el sentido de que se les rechace, sino que todo se comenta. Todo el mundo sabe quiénes son los deshonestos: la aritmética es la prueba más devastadora de sus delitos. Pero quienes ostentan el poder o quieren llegar a él se hacen la vista gorda. La respuesta típica es: “¿Pero hay evidencia sobre eso?”. Pregunto: ¿había “evidencia” sobre los crímenes de las SS en la Alemania de la década de 1930? Todo el mundo sabía lo que pasaba. Como sucede en nuestro medio con los corruptos: exaltados por sus méritos, premiados, retratados, entrevistados, encumbrados como ejemplos de vida.
Grave esta doble moral. Grave, dado que el cinismo se va apoderando de la opinión de la gente. Grave, porque pierde legitimidad el poco Estado que tenemos. Grave, porque se van gestando las condiciones para los populismos autoritarios de izquierda y de derecha. Grave, pues el balance final en América Latina de esos populismos siempre hay que escribirlo en rojo.
¿Qué hacer? Esa es la pregunta que haría uno de los políticos más brutalmente efectivos del siglo XX. Pero es la pregunta que nos debemos hacer los colombianos, que en la inmensa mayoría somos personas pacíficas y cumplidoras de nuestras obligaciones ciudadanas. Es necesario volver a barajar el naipe de nuestra vida política. Buscar la definición de una gran agenda nacional por la equidad, la justicia social, la transparencia y efectividad del Estado, la defensa de las libertades, incluyendo la defensa de la propiedad privada y el capitalismo, así como una ampliación sin precedentes en la educación de calidad con igualdad de oportunidades, las inversiones públicas y las reformas que sean necesarias para que tengamos un crecimiento alto y sostenido que permita lograr nuestros sueños. Por lo menos pienso eso hoy, con el optimismo de la voluntad cuando brilla el sol sobre el Caribe nuestro, en esta mañana que llegan las primeras brisas de diciembre.