No es posible combatir la corrupción cuando el corrupto nombra a quien lo vigila, por lo que despolitizar el sistema de elección de las 63 Contralorías territoriales sería una de las medidas más efectivas para combatir la corrupción.
Los contralores departamentales y municipales son elegidos por las Asambleas y los Concejos. El carrusel de la vigilancia fiscal funciona de la siguiente manera: para conseguir un contralor “manso”, el alcalde o gobernador acuerda con su coalición política en la Asamblea o el Concejo cuál es el candidato más favorable, y los diputados y concejales le exigen a éste cuotas en la nómina de la respectiva Contraloría a cambio del voto para elegirlo contralor. Así, el contralor y las cuotas de los diputados y concejales tienen poco interés en fiscalizar y sancionar a los funcionarios de la administración departamental o municipal, que son, en su mayoría, cuotas políticas de los mismos diputados o concejales.
De cada $1.000 sujetos a control fiscal territorial, solo se recuperan $40. Pero no se trata solamente de un problema de ineficiencia, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha denunciado que “las Contralorías regionales son cómplices de la corrupción”.
Con base en un estudio sobre la politización del control fiscal territorial, entidades de la sociedad civil y del sector privado acaban de reiterarle la solicitud al Gobierno y al Congreso de reformar las Contralorías mediante algún sistema que garantice la independencia política y calidad técnica de los contralores y los funcionarios de las Contralorías, lo que no es posible con el actual sistema de elección. Esas entidades son Andi, ProAntioquia, Fundación Liderazgo y Democracia, Transparencia por Colombia, Instituto de Ciencia Política, Asociación de Ciudades Capitales, MOE, Unidad de Acción Vallecaucana, Asociación Colombiana de Ingenieros, Funcicar, Fundación Corona, Fundación Mamonal, entre otras. En el trámite de la Ley de equilibrio de poderes, el Senado alcanzó a aprobar en primera vuelta una fórmula de elección meritocrática, que luego diluyeron, generando que las elecciones de contralores en 2016 estuvieran plagadas de escándalos e irregularidades.
El contralor general ha planteado una solución aparentemente atractiva: eliminar las Contralorías y que la entidad nacional absorba sus funcionarios actuales y asuma el control fiscal local. Sin embargo, la excontralora Sandra Morelli la considera una reforma inútil y sostiene que “sería absurdo vigilar desde Bogotá las inversiones en cada municipio y en todo caso los recursos son de las regiones. La calentura no está en las sábanas”. La verdadera solución es despolitizar las Contralorías introduciendo mecanismos meritocráticos.
No parece viable políticamente eliminar entes para combatir la corrupción, en medio de un clima de opinión pública dominado por el rechazo a la corrupción. Ni que que los congresistas permitan mayor centralismo y el uso de recursos públicos regionales para sostener una entidad nacional. Si se eliminaran las Contralorías dejando las burocracias actuales, con el fin de conseguir el apoyo a la reforma por parte de los congresistas clientelistas, solo se agravaría el problema agregándole centralismo.
No se necesitan menos entidades dedicadas a perseguir la corrupción y recuperar los recursos públicos robados, sino entidades independientes del clientelismo y con calidad técnica para enfrentar la mayor sofisticación de los corruptos. El maridaje entre política y control fiscal o disciplinario ha demostrado ser perverso, y no combatirlo de manera efectiva en este momento en que los ciudadanos le están declarando la guerra a la corrupción, sería un acto de ceguera política. No es fácil blindar los mecanismos meritocráticos de la manipulación, pero es posible.
No es posible combatir la corrupción cuando el corrupto nombra a quien lo vigila, por lo que despolitizar el sistema de elección de las 63 Contralorías territoriales sería una de las medidas más efectivas para combatir la corrupción.
Los contralores departamentales y municipales son elegidos por las Asambleas y los Concejos. El carrusel de la vigilancia fiscal funciona de la siguiente manera: para conseguir un contralor “manso”, el alcalde o gobernador acuerda con su coalición política en la Asamblea o el Concejo cuál es el candidato más favorable, y los diputados y concejales le exigen a éste cuotas en la nómina de la respectiva Contraloría a cambio del voto para elegirlo contralor. Así, el contralor y las cuotas de los diputados y concejales tienen poco interés en fiscalizar y sancionar a los funcionarios de la administración departamental o municipal, que son, en su mayoría, cuotas políticas de los mismos diputados o concejales.
De cada $1.000 sujetos a control fiscal territorial, solo se recuperan $40. Pero no se trata solamente de un problema de ineficiencia, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha denunciado que “las Contralorías regionales son cómplices de la corrupción”.
Con base en un estudio sobre la politización del control fiscal territorial, entidades de la sociedad civil y del sector privado acaban de reiterarle la solicitud al Gobierno y al Congreso de reformar las Contralorías mediante algún sistema que garantice la independencia política y calidad técnica de los contralores y los funcionarios de las Contralorías, lo que no es posible con el actual sistema de elección. Esas entidades son Andi, ProAntioquia, Fundación Liderazgo y Democracia, Transparencia por Colombia, Instituto de Ciencia Política, Asociación de Ciudades Capitales, MOE, Unidad de Acción Vallecaucana, Asociación Colombiana de Ingenieros, Funcicar, Fundación Corona, Fundación Mamonal, entre otras. En el trámite de la Ley de equilibrio de poderes, el Senado alcanzó a aprobar en primera vuelta una fórmula de elección meritocrática, que luego diluyeron, generando que las elecciones de contralores en 2016 estuvieran plagadas de escándalos e irregularidades.
El contralor general ha planteado una solución aparentemente atractiva: eliminar las Contralorías y que la entidad nacional absorba sus funcionarios actuales y asuma el control fiscal local. Sin embargo, la excontralora Sandra Morelli la considera una reforma inútil y sostiene que “sería absurdo vigilar desde Bogotá las inversiones en cada municipio y en todo caso los recursos son de las regiones. La calentura no está en las sábanas”. La verdadera solución es despolitizar las Contralorías introduciendo mecanismos meritocráticos.
No parece viable políticamente eliminar entes para combatir la corrupción, en medio de un clima de opinión pública dominado por el rechazo a la corrupción. Ni que que los congresistas permitan mayor centralismo y el uso de recursos públicos regionales para sostener una entidad nacional. Si se eliminaran las Contralorías dejando las burocracias actuales, con el fin de conseguir el apoyo a la reforma por parte de los congresistas clientelistas, solo se agravaría el problema agregándole centralismo.
No se necesitan menos entidades dedicadas a perseguir la corrupción y recuperar los recursos públicos robados, sino entidades independientes del clientelismo y con calidad técnica para enfrentar la mayor sofisticación de los corruptos. El maridaje entre política y control fiscal o disciplinario ha demostrado ser perverso, y no combatirlo de manera efectiva en este momento en que los ciudadanos le están declarando la guerra a la corrupción, sería un acto de ceguera política. No es fácil blindar los mecanismos meritocráticos de la manipulación, pero es posible.