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7 Oct 2022 - 5:30 a. m.

El suelo de una marcha fúnebre

“Esta hijueputa se salvó, pero, bueno, vamos a ver cuándo nos da papaya pa darle”, dijo un cabo del Ejército cuando la alcaldesa Rita Ivonne Tobón, de la Unión Patriótica (UP), se unió a la marcha fúnebre de la masacre de Segovia.

Noviembre 11 de 1988: el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste, dirigido por César Pérez García, representante a la Cámara por el Partido Liberal, asesinó a 46 personas y dejó más de 60 heridos en Segovia y Remedios. La Corte Suprema de Justicia detalló las relaciones de este político con paramilitares como alias Ernesto Báez, el Alemán, Vladimir y con la fuerza pública. El capítulo “Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoano” del Informe Final de la Comisión de la Verdad relata el pretendido “aleccionamiento” a los votantes de la UP.

La semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó en versión reservada a Mario Montoya Uribe sobre el Caso 03 —personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado—. La Universidad Cooperativa de Colombia, escenario de estas audiencias, fue fundada por César Pérez García, quien disfruta el sueño de muchos jubilados: alejarse del mundanal ruido. Condenado a 30 años, hoy cumple su pena domiciliaria en una finca en La Estrella, Antioquia.

En este contexto, la palabra “escenario” no es un cliché. Como toda corte, la JEP no está exenta de teatralidad, de la puesta en escena donde se enfrentan y a veces comulgan la maldad y la bondad humanas: desde la toga de los magistrados —la investidura— hasta el suelo que pisan las víctimas —¡el lugar del dolor!— son símbolos.

Las palabras del poeta Pedro Salinas guían esta búsqueda de sentido:

“Suelo. Ni más ni menos. / Y que te baste con eso”.

¿Por qué la JEP accedió a oír a un (“presunto”) delincuente en un escenario fundado por otro criminal?

Según fuentes de la Jurisdicción, la elección del salón de audiencias obedeció a cuestiones logísticas.

Más de 80 víctimas protestaron en las afueras de la Universidad Cooperativa para exigirle verdad a Montoya, pero también para reclamarle a la JEP sobre la necesidad de participación de las víctimas en salas paralelas mediadas o salas espejo. Sergio Arboleda, representante de víctimas, comenta: “Estuvo en riesgo la posibilidad de realizar la diligencia, la Universidad (Cooperativa) consideraba que este plantón podía generar un riesgo para su seguridad. La JEP se vio obligada, por solicitud de la Universidad, a adquirir una póliza para la diligencia. Estas acciones rayan con la violencia a los derechos de las víctimas”.

La JEP podría haber argumentado que hubo una intención restaurativa, “poner al paramilitarismo en su sitio”, y hacer de dicho espacio un símbolo. La Universidad Cooperativa —con el derecho y el deber de dignificar sus aulas, a pesar de su origen— podría haber adelantado acciones para su transformación en lugar de memoria. Pero eso no sucedió.

En escenarios de reparación, las audiencias son la prolongación de una marcha fúnebre. Con palos de ciego, aprendemos el valor de la justicia restaurativa y la memoria colectiva. Si el lugar que se elige para impartir justicia se escuda en excusas (los obstáculos, los azares de “la logística”), las diligencias operan en sentido inverso: se convierten en una afrenta a las víctimas.

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