Con la sonda del ecógrafo dispersando un gel frío sobre mi vientre, el obstetra descubrió el sexo de mis bebés. Capturó una imagen e insertó un globo de diálogo: “Hola, papi y mami: ¡Somos dos niños!”.
Así empezó mi tormento: el servicio militar obligatorio (SMO).
Recuerdo aquella publicidad: “¿Usted prestaría sus hijos para la guerra?”. Voté por Juan Manuel Santos y Sí al plebiscito para desarmar a una guerrilla, pero también para eliminar el reclutamiento forzado desde el Estado. Tras la firma del Acuerdo de Paz, fue aprobada la Ley 1861 de 2017 que, entre otras reformas, buscaba estandarizar los términos de prestación del SMO. Para mi sorpresa, se mantuvo con leves variaciones.
Entonces, llegó mi horror.
Cuando mis mellizos se iban a graduar, ingresé a un “chat de mamás” para tramitar la libreta militar; por esos días, la prensa informaba sobre “batidas” en Antioquia. El intermediario explicó: “Es un trámite interno que hace que salga más favorable. Si la sacas por el sistema, te cobran un 1 % del patrimonio del papá y la mamá, 64 % del salario de ambos, más $2,5 millones por ser colegio estrato 6”. $5 millones por los dos (conozco familias que, antes de 2016, pagaron hasta $30 millones por una libreta). Me asesoré con abogados.
Mi esposo (periodista y exmilitar del Ejército Británico) y yo hemos escrito durante años sobre corrupción del Ejército colombiano. No pagaremos las libretas militares por dos razones: 1) la inequidad que hace que los jóvenes pobres sean los destinados al SMO, y 2) no enriquecer a una institución manchada. Agrego una razón exclusivamente mía: no parí hijos para empuñar armas. (Todavía oigo el mismo comentario, indignante, de mi adolescencia: “A los altos y blancos los mandan al Guardia Presidencial”).
Recuerdo que Florence Thomas alguna vez contó que su hijo (quien se “salvó” por sorteo) cayó en una “redada”: “No, mierda, yo soy capaz de acostarme con un general para que mi hijo no haga el servicio militar”… ¡Tampoco, pues!
Los estudios de la abogada Vanezza C. Escobar demuestran que, “en su mayoría, quienes prestan el SMO en Colombia hacen parte de sectores históricamente marginados y excluidos”. La Defensoría coincide.
Mi hogar vive la inequidad. Desde hace 18 años, la misma empleada del servicio doméstico ha cuidado de mi familia; su único hijo comparte una aspiración con mi hijo mayor: ser militar. Ese joven nacido en el nordeste antioqueño se presentó voluntariamente al Ejército para cumplir su sueño de ingresar después a la Armada Nacional: en sus entrenamientos matutinos frente al mar, alimenta sus esperanzas aunque le reiteren que “los guantes blancos no son para campesinos”.
Mi hijo mayor (con doble nacionalidad) será voluntario en el mismo Ejército en el que, con orgullo, su padre sirvió durante años.
Aunque la Corte Constitucional reconoce la objeción de conciencia, no entiendo cómo nuestra Constitución, liberal y pluralista, avala el SMO.
En las urnas, su eliminación (o alternativas) será un factor decisivo para mí. A la Cámara por Antioquia: Daniel Carvalho (109, Centro Esperanza). Si estuviera en Bogotá, Gabriel Cifuentes (103, Alianza Verde).
Para el Senado, Estamos Listas. O en el caso de Humberto de la Calle (1, Centro Esperanza), más que un voto sería un reclamo: que acabe con esta aberración y cumpla lo prometido.
Con la sonda del ecógrafo dispersando un gel frío sobre mi vientre, el obstetra descubrió el sexo de mis bebés. Capturó una imagen e insertó un globo de diálogo: “Hola, papi y mami: ¡Somos dos niños!”.
Así empezó mi tormento: el servicio militar obligatorio (SMO).
Recuerdo aquella publicidad: “¿Usted prestaría sus hijos para la guerra?”. Voté por Juan Manuel Santos y Sí al plebiscito para desarmar a una guerrilla, pero también para eliminar el reclutamiento forzado desde el Estado. Tras la firma del Acuerdo de Paz, fue aprobada la Ley 1861 de 2017 que, entre otras reformas, buscaba estandarizar los términos de prestación del SMO. Para mi sorpresa, se mantuvo con leves variaciones.
Entonces, llegó mi horror.
Cuando mis mellizos se iban a graduar, ingresé a un “chat de mamás” para tramitar la libreta militar; por esos días, la prensa informaba sobre “batidas” en Antioquia. El intermediario explicó: “Es un trámite interno que hace que salga más favorable. Si la sacas por el sistema, te cobran un 1 % del patrimonio del papá y la mamá, 64 % del salario de ambos, más $2,5 millones por ser colegio estrato 6”. $5 millones por los dos (conozco familias que, antes de 2016, pagaron hasta $30 millones por una libreta). Me asesoré con abogados.
Mi esposo (periodista y exmilitar del Ejército Británico) y yo hemos escrito durante años sobre corrupción del Ejército colombiano. No pagaremos las libretas militares por dos razones: 1) la inequidad que hace que los jóvenes pobres sean los destinados al SMO, y 2) no enriquecer a una institución manchada. Agrego una razón exclusivamente mía: no parí hijos para empuñar armas. (Todavía oigo el mismo comentario, indignante, de mi adolescencia: “A los altos y blancos los mandan al Guardia Presidencial”).
Recuerdo que Florence Thomas alguna vez contó que su hijo (quien se “salvó” por sorteo) cayó en una “redada”: “No, mierda, yo soy capaz de acostarme con un general para que mi hijo no haga el servicio militar”… ¡Tampoco, pues!
Los estudios de la abogada Vanezza C. Escobar demuestran que, “en su mayoría, quienes prestan el SMO en Colombia hacen parte de sectores históricamente marginados y excluidos”. La Defensoría coincide.
Mi hogar vive la inequidad. Desde hace 18 años, la misma empleada del servicio doméstico ha cuidado de mi familia; su único hijo comparte una aspiración con mi hijo mayor: ser militar. Ese joven nacido en el nordeste antioqueño se presentó voluntariamente al Ejército para cumplir su sueño de ingresar después a la Armada Nacional: en sus entrenamientos matutinos frente al mar, alimenta sus esperanzas aunque le reiteren que “los guantes blancos no son para campesinos”.
Mi hijo mayor (con doble nacionalidad) será voluntario en el mismo Ejército en el que, con orgullo, su padre sirvió durante años.
Aunque la Corte Constitucional reconoce la objeción de conciencia, no entiendo cómo nuestra Constitución, liberal y pluralista, avala el SMO.
En las urnas, su eliminación (o alternativas) será un factor decisivo para mí. A la Cámara por Antioquia: Daniel Carvalho (109, Centro Esperanza). Si estuviera en Bogotá, Gabriel Cifuentes (103, Alianza Verde).
Para el Senado, Estamos Listas. O en el caso de Humberto de la Calle (1, Centro Esperanza), más que un voto sería un reclamo: que acabe con esta aberración y cumpla lo prometido.