26 Jul 2021 - 3:05 p. m.

¿Cortuluá-gate?

Antonio Casale

Antonio Casale

Columnista

“Los recursos contra los fallos adoptados en última instancia por la FIFA, especialmente por sus órganos judiciales, así como contra las decisiones adoptadas por las confederaciones, las federaciones miembro o las ligas, deberán interponerse ante el Tribunal Arbitral del Deporte [TAS por sus siglas en francés]”. Artículo 58 de los estatutos de la FIFA. Así de simple y claro, Cortuluá tenía que acatar el fallo del TAS, máxima instancia de la justicia deportiva a escala mundial, en el que anulaba la insólita sanción que las instancias federativas, a través de las comisiones del estatuto del jugador tanto de Dimayor como de la FCF, habían impuesto a Atlético Nacional para que le pagara US$5 millones a Cortuluá por concepto de la venta de los derechos económicos del jugador Fernando Uribe, años atrás, venta que nunca ocurrió. A cambio el TAS impuso una sanción de US$150.000 a pagar por parte de Nacional por considerar que hubo una transferencia no definitiva, en el caso del préstamo del futbolista a Millonarios, ocurrido entre 2014 y 2015.

Atlético Nacional pagó lo que el TAS ordenó y el caso se cerró. Pero Cortuluá decidió desconocer el fallo de la justicia deportiva y acudir a la justicia ordinaria en Suiza, país donde está el TAS. El Tribunal Federal Suizo anuló la decisión del TAS, pero no porque considerara que Nacional debía pagar la insólita suma de US$5 millones, sino porque encontraron que los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol no le dan competencia al TAS cuando los casos son decididos por la Comisión del Estatuto del Jugador en las dos instancias federativas (Dimayor y Federación).

Esto quiere decir que la FCF incumple los estatutos de la FIFA, cuenta con sistema de justicia paralela a la ordinaria y les quita tanto a los jugadores como a los clubes el acceso a la justicia impartida por el único juez especializado en el deporte en el mundo: el TAS.

Mejor dicho, la Federación hoy tiene un pie en la institucionalidad y otro en la piratería. Solo desde lo segundo se pueden explicar sanciones insólitas como la de los US$5 millones por el 50 % de una venta que nunca se produjo o vulnerar el derecho al trabajo a los futbolistas, como es el caso de los seis jugadores que contrató Nacional para este semestre y que a la fecha no han podido laborar porque la Dimayor le prohíbe al club inscribirlos hasta que pague los US$5 millones.

En aras de la institucionalidad que tanto pregonan la Dimayor y la Federación, lo mejor que puede pasar es que Cortuluá acepte la propuesta de Atlético Nacional para que hagan un pacto arbitral y lleven el caso ante un tribunal de arbitramento y que ese juez, con el debido proceso, sea quien establezca si hubo perjuicio y lo tase. Además, que la Federación ponga en orden la comisión del estatuto del jugador de acuerdo con las exigencias de la FIFA y de la misma justicia ordinaria, que es una sola. Si la Federación no hace lo que tiene que hacer, estará expuesta a un escándalo sin precedentes. y eso ya es mucho decir.

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