El anuncio reciente de Donald Trump de que planea designar a los narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas sugiere posibles ecos para Colombia. Independientemente de su factibilidad, la revelación del mandatario refleja una creciente preocupación en Washington de que la estrategia “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador es inadecuada para combatir el crimen organizado. Sumados a las altas tasas de homicidio, varios hechos recientes confirman el poderío narco, incluyendo el asesinato de trece policías en una emboscada en Michoacán; la liberación del hijo menor del Chapo Guzmán luego de ser capturado en Culiacán, dada la inferioridad militar de la fuerza pública; la masacre de nueve ciudadanos estadounidense-mexicanos (incluyendo seis menores) pertenecientes a la comunidad mormona LeBaron en Sonora, y el ataque a las oficinas municipales de Villa Unión, en la frontera con Texas, que dejó veinte muertos.
Pese a la creciente presión de Trump de que AMLO “haga la guerra contra los carteles de la droga”, a ojos mexicanos declarar a los narcotraficantes terroristas es altamente problemático, ya que abriría la puerta al eventual uso de la fuerza estadounidense (con o sin su aprobación) y reafirmaría la narrativa trumpiana de que México y su gente amenazan la seguridad nacional de su vecino del norte. En contraposición a dicha lectura, el problema según el gobierno mexicano es el consumo estadounidense de sustancias ilícitas y la venta de armas de tipo militar, que alimentan los bolsillos y la violencia de las mafias.
A diferencia de su homólogo, Iván Duque ha reactivado el (antiguo) discurso antiterrorista en su política nacional y exterior. Además de eliminar del libreto oficial términos tales como “conflicto armado” y “paz”, se ha apoyado en la existencia de la “amenaza terrorista” para justificar la readopción de repertorios guerreristas que crean condiciones propicias para el retorno de los falsos positivos y el asesinato “colateral” de civiles (a veces niños). Ha denunciado en la ONU y otros espacios internacionales que el régimen venezolano está protegiendo y patrocinando “terroristas” colombianos como el Eln y las disidencias de las Farc, al tiempo que ha denunciado a Cuba por no extraditar a los jefes elenos, lo cual lo ha llevado a abstenerse de votar con otros 187 países en contra del bloqueo de Estados Unidos, y amenazar con romper relaciones diplomáticas y pedir la inclusión de la isla en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo.
Si bien en México existe una oposición visceral generalizada a la mera insinuación de que Estados Unidos podría intervenir en ese país como consecuencia de la “terrorización” de los grupos narcotraficantes, en Colombia hay numerosos sectores de derecha, comenzando por el mismo Gobierno, que no tendrían tantos reparos con dicha opción, como ocurrió hace algún tiempo con el Plan Colombia. Con dicho lente podrían leerse apartes de la conversación filtrada entre Francisco Santos y Claudia Blum, en donde la nueva canciller afirma que Estados Unidos es prioridad número uno y que Trump en campaña va a “arreciar” con las drogas. Dado que momentos de desespero como los que enfrenta Duque con las protestas pueden llevar a medidas exasperadas, no es del todo inconcebible que la reproyección de una Colombia amenazada por el “narcoterrorismo” y que reclama ser “salvada” por Estados Unidos sea una de ellas.
El anuncio reciente de Donald Trump de que planea designar a los narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas sugiere posibles ecos para Colombia. Independientemente de su factibilidad, la revelación del mandatario refleja una creciente preocupación en Washington de que la estrategia “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador es inadecuada para combatir el crimen organizado. Sumados a las altas tasas de homicidio, varios hechos recientes confirman el poderío narco, incluyendo el asesinato de trece policías en una emboscada en Michoacán; la liberación del hijo menor del Chapo Guzmán luego de ser capturado en Culiacán, dada la inferioridad militar de la fuerza pública; la masacre de nueve ciudadanos estadounidense-mexicanos (incluyendo seis menores) pertenecientes a la comunidad mormona LeBaron en Sonora, y el ataque a las oficinas municipales de Villa Unión, en la frontera con Texas, que dejó veinte muertos.
Pese a la creciente presión de Trump de que AMLO “haga la guerra contra los carteles de la droga”, a ojos mexicanos declarar a los narcotraficantes terroristas es altamente problemático, ya que abriría la puerta al eventual uso de la fuerza estadounidense (con o sin su aprobación) y reafirmaría la narrativa trumpiana de que México y su gente amenazan la seguridad nacional de su vecino del norte. En contraposición a dicha lectura, el problema según el gobierno mexicano es el consumo estadounidense de sustancias ilícitas y la venta de armas de tipo militar, que alimentan los bolsillos y la violencia de las mafias.
A diferencia de su homólogo, Iván Duque ha reactivado el (antiguo) discurso antiterrorista en su política nacional y exterior. Además de eliminar del libreto oficial términos tales como “conflicto armado” y “paz”, se ha apoyado en la existencia de la “amenaza terrorista” para justificar la readopción de repertorios guerreristas que crean condiciones propicias para el retorno de los falsos positivos y el asesinato “colateral” de civiles (a veces niños). Ha denunciado en la ONU y otros espacios internacionales que el régimen venezolano está protegiendo y patrocinando “terroristas” colombianos como el Eln y las disidencias de las Farc, al tiempo que ha denunciado a Cuba por no extraditar a los jefes elenos, lo cual lo ha llevado a abstenerse de votar con otros 187 países en contra del bloqueo de Estados Unidos, y amenazar con romper relaciones diplomáticas y pedir la inclusión de la isla en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo.
Si bien en México existe una oposición visceral generalizada a la mera insinuación de que Estados Unidos podría intervenir en ese país como consecuencia de la “terrorización” de los grupos narcotraficantes, en Colombia hay numerosos sectores de derecha, comenzando por el mismo Gobierno, que no tendrían tantos reparos con dicha opción, como ocurrió hace algún tiempo con el Plan Colombia. Con dicho lente podrían leerse apartes de la conversación filtrada entre Francisco Santos y Claudia Blum, en donde la nueva canciller afirma que Estados Unidos es prioridad número uno y que Trump en campaña va a “arreciar” con las drogas. Dado que momentos de desespero como los que enfrenta Duque con las protestas pueden llevar a medidas exasperadas, no es del todo inconcebible que la reproyección de una Colombia amenazada por el “narcoterrorismo” y que reclama ser “salvada” por Estados Unidos sea una de ellas.