A apretar el cinturón

EL PAÍS, POCO A POCO, SE ESTÁ haciendo a la idea de que la época de las vacas gordas quedó atrás. Ya se rebajó el presupuesto de inversión, se revisaron las cifras de regalías, se recortaron proyectos y, en el campo macroeconómico, se aceptó que la economía tendrá un menor crecimiento en este y los próximos años. Las empresas del sector privado han comenzado a hacer los ajustes correspondientes.

EL PAÍS, POCO A POCO, SE ESTÁ haciendo a la idea de que la época de las vacas gordas quedó atrás. Ya se rebajó el presupuesto de inversión, se revisaron las cifras de regalías, se recortaron proyectos y, en el campo macroeconómico, se aceptó que la economía tendrá un menor crecimiento en este y los próximos años. Las empresas del sector privado han comenzado a hacer los ajustes correspondientes.

Los tiempos de las reses flacas traerán otras consecuencias desagradables. El país tendrá que aceptar que, en los próximos años, será imposible lograr rápidos aumentos de cobertura en servicios tan críticos como la educación básica y la atención a la infancia. Para hacerlo, según los estimativos, se requerirían cuantiosos recursos adicionales, del orden de 1,5 o 2 puntos del PIB en forma anual. Ya sabemos que esos dineros no estarán disponibles.

La inversión pública va a sufrir recortes en los próximos años. En este año su monto será de $40 billones, con una caída del 11% frente a la cifra de 2014. Y, como van las cosas, sin una reforma tributaria a la vista, para alcanzar las metas del déficit en 2016 seguramente será imperativo que la inversión caiga una vez más. Ante esta situación, el Gobierno tendrá que ser muy selectivo a la hora de comprometerse con nuevos proyectos. El país debería darse por bien servido si se adelantan con éxito los proyectos de infraestructura —carreteras, ríos y aeropuertos— que se han planeado y que ya comienzan a financiarse. Si la acelerada modernización de la infraestructura sobrevive la penuria fiscal, los gobiernos del presidente Santos les dejarán una herencia perdurable a las próximas generaciones.

Las inversiones del posconflicto también tendrán que adecuarse a la disponibilidad de recursos. El compromiso de fondos por montos fabulosos, del orden de ocho o nueve decenas de billones de pesos, exigidos en foros recientes, hoy parece una tarea imposible. Los planes de desarrollo rural van a tener que adelantarse de forma más lenta y, probablemente, con menos ambición de lo que se pensó en algún momento. El Gobierno haría bien en explicarles a todos los interesados —la guerrilla, los grupos campesinos y los soñadores urbanos— sobre las restricciones que impone la situación fiscal.

Por otra parte, ya parece claro que por la desaceleración económica y, sobre todo, por las exigencias de las elecciones regionales, no se emprenderá una reforma tributaria de algún calado en este año. Si acaso y sólo si el margen de maniobra lo permite, es posible que se intente revisar el régimen tributario de las fundaciones y no mucho más. En 2016, dependiendo de la debilidad del aparato productivo y, otra vez, del clima político, se podría pensar en algún ajuste tributario adicional.

Parecería, más bien, que es el momento de emprender una cruzada para tratar de gastar mejor los recursos disponibles (antes de nuevos impuestos, esta debería ser la prioridad). El Gobierno debería mostrarle al país que va a recortar la grasa, el desperdicio y la mermelada que se desbordaron con la abundancia de recursos. Se tendría que hacer un gran esfuerzo para escoger bien los proyectos y mejorar la calidad de la inversión pública y, más allá de la retórica, combatir la corrupción que todos los años devora billones de pesos (me imagino que también los lectores son poco optimistas en esta materia).