Transparencia internacional anunció en 2012 que Colombia ocupó el puesto 96 en la escala de países con mayor corrupción.
El sostenido avance del problema se aprecia en el hecho de que en 2002 ocupaba el puesto 50. Ahora, en un nuevo informe, el Barómetro Global de Corrupción 2013, esta entidad reporta la extensión de este flagelo en los distintos sectores del país.
Los colombianos, ante todo, asocian política con corrupción. Colombia está entre los siete países del mundo donde se considera que el Congreso es una de las instituciones más corruptas y comparte con otros 51 la percepción de que los partidos políticos constituyen el núcleo del problema. A diferencia de lo que pasa en otras latitudes, los colombianos no tienen la opinión de que la corrupción gira alrededor del sector privado, el sector educativo, los servicios públicos o los militares.
El 81% de los colombianos sostiene que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos. Para el Congreso y la burocracia, el escenario de la política, estas cifras son del 79% y el 70%, respectivamente. Aunque la encuesta no explora la opinión de la gente sobre los distintos partidos o los empleados nacionales o regionales, las altísimas cifras parecen cubrir a todos por igual, los partidos de derecha y los de izquierda, los burócratas de Bogotá y los de todas partes. No en vano, hemos sido testigos de decenas de escándalos, de origen diverso, relacionados con la reelección, la DNE, los falsos positivos y el robo a Bogotá y Cartagena, para mencionar unos pocos.
El flagelo no se circunscribe a la Rama Ejecutiva. El país percibe que la justicia —sus jueces, magistrados y demás funcionarios— es una parte fundamental del problema de corrupción. El 64% de los colombianos piensa que la justicia es corrupta o muy corrupta. No en vano, en los meses pasados se conoció el alcance de los carruseles de pensiones, los cruceros remunerados, decenas de fallos inexplicables y la pestilente reforma a la justicia. Pero la podredumbre de la justicia no es un fenómeno lejano que los colombianos conocen a través de los medios de comunicación: un 19% de los encuestados reportó que ellos mismos o algún miembro de su familia pagó un soborno al sistema judicial en los últimos 12 meses.
Otra cifra que preocupa es que el 61% piensa que la Policía, una entidad fundamental en la lucha contra el crimen, es corrupta o muy corrupta. Aunque este preocupante resultado puede reflejar el impacto de algunos casos sonados, como el del general Santoyo y otros altos oficiales involucrados en algunos episodios delictivos, la encuesta también muestra que la descomposición de la Policía afecta la vida cotidiana de un gran número de colombianos, un hecho que se evidencia con el reporte de que el 27%, más de la cuarta parte de los encuestados, sostiene que ha pagado sobornos a miembros de la Policía en los últimos 12 meses.
Ante todo esto, los colombianos, en su gran mayoría, piensan que el Gobierno no está haciendo todo lo que puede para enfrentar el problema. Un 30% sostiene que no ha sido, para nada, efectivo en la lucha contra este flagelo. Este asunto, uno de los detonantes del malestar y las protestas de Brasil y otros países, puede ser uno de los temas centrales que muevan en una u otra dirección a los votantes en las elecciones de 2014.
Transparencia internacional anunció en 2012 que Colombia ocupó el puesto 96 en la escala de países con mayor corrupción.
El sostenido avance del problema se aprecia en el hecho de que en 2002 ocupaba el puesto 50. Ahora, en un nuevo informe, el Barómetro Global de Corrupción 2013, esta entidad reporta la extensión de este flagelo en los distintos sectores del país.
Los colombianos, ante todo, asocian política con corrupción. Colombia está entre los siete países del mundo donde se considera que el Congreso es una de las instituciones más corruptas y comparte con otros 51 la percepción de que los partidos políticos constituyen el núcleo del problema. A diferencia de lo que pasa en otras latitudes, los colombianos no tienen la opinión de que la corrupción gira alrededor del sector privado, el sector educativo, los servicios públicos o los militares.
El 81% de los colombianos sostiene que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos. Para el Congreso y la burocracia, el escenario de la política, estas cifras son del 79% y el 70%, respectivamente. Aunque la encuesta no explora la opinión de la gente sobre los distintos partidos o los empleados nacionales o regionales, las altísimas cifras parecen cubrir a todos por igual, los partidos de derecha y los de izquierda, los burócratas de Bogotá y los de todas partes. No en vano, hemos sido testigos de decenas de escándalos, de origen diverso, relacionados con la reelección, la DNE, los falsos positivos y el robo a Bogotá y Cartagena, para mencionar unos pocos.
El flagelo no se circunscribe a la Rama Ejecutiva. El país percibe que la justicia —sus jueces, magistrados y demás funcionarios— es una parte fundamental del problema de corrupción. El 64% de los colombianos piensa que la justicia es corrupta o muy corrupta. No en vano, en los meses pasados se conoció el alcance de los carruseles de pensiones, los cruceros remunerados, decenas de fallos inexplicables y la pestilente reforma a la justicia. Pero la podredumbre de la justicia no es un fenómeno lejano que los colombianos conocen a través de los medios de comunicación: un 19% de los encuestados reportó que ellos mismos o algún miembro de su familia pagó un soborno al sistema judicial en los últimos 12 meses.
Otra cifra que preocupa es que el 61% piensa que la Policía, una entidad fundamental en la lucha contra el crimen, es corrupta o muy corrupta. Aunque este preocupante resultado puede reflejar el impacto de algunos casos sonados, como el del general Santoyo y otros altos oficiales involucrados en algunos episodios delictivos, la encuesta también muestra que la descomposición de la Policía afecta la vida cotidiana de un gran número de colombianos, un hecho que se evidencia con el reporte de que el 27%, más de la cuarta parte de los encuestados, sostiene que ha pagado sobornos a miembros de la Policía en los últimos 12 meses.
Ante todo esto, los colombianos, en su gran mayoría, piensan que el Gobierno no está haciendo todo lo que puede para enfrentar el problema. Un 30% sostiene que no ha sido, para nada, efectivo en la lucha contra este flagelo. Este asunto, uno de los detonantes del malestar y las protestas de Brasil y otros países, puede ser uno de los temas centrales que muevan en una u otra dirección a los votantes en las elecciones de 2014.