La integración como derecho educativo

En los colegios oficiales del país hay 550.000 estudiantes venezolanos, el 7% de toda la matrícula oficial. Desde 2015, cuando la migración venezolana comenzó a incrementarse, la respuesta de todos los sectores fue de adaptación y atención humanitaria. No era una tarea fácil, pues Colombia no ha tenido una tradición en la recepción de grandes flujos migratorios. Según datos de Migración Colombia, entre 2016 y 2019 el número de migrantes venezolanos pasó de 54.000 a 1.771.000.

En términos educativos esto implicó retos monumentales. Lo primero era garantizar la matrícula de una población que llegaba sin los requisitos “legales” para inscribirse a una institución. La falta de documentos de identidad o certificados de estudio impedía realizar de manera efectiva la matrícula. Con el cupo, lo siguiente era conocer las condiciones en que llegaba esa niña o niño. Por lo general, se trataba de estudiantes que habían estado desescolarizados y que debían enfrentar grandes cambios al pasar de un sistema educativo a otro. Adicionalmente, llegaban con alto grado de vulnerabilidad que se manifestaba en una o dos tallas por debajo de sus compañeros. En Cúcuta y otras fronteras de Norte de Santander miles de estudiantes viven del lado venezolano, pero estudian en Colombia. Esto significó crear acuerdos y corredores humanitarios para permitir su paso, pues la frontera estaba cerrada.

Estas acciones no agotan la totalidad de transformaciones que el Estado ha realizado en materia educativa, a lo que se suman las contribuciones realizadas por cooperación internacional. Sin embargo, hay tres aspectos que debe mirar con especial atención el gobierno entrante. En primer lugar, es necesario impulsar ajustes en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) que garanticen la integración y no solo el acceso a la matrícula de los estudiantes venezolanos. Esto se vuelve fundamental porque la composición poblacional en los colegios ha cambiado y se debe garantizar el bienestar de toda la comunidad educativa, lo que implica que todos los estudiantes sientan que son parte de ella. Un segundo aspecto se relaciona con la inversión en infraestructura y en el número de docentes, orientadores y personal administrativo en territorios en los que la matrícula de estudiantes venezolanos ha incrementado considerablemente. En Cúcuta, por ejemplo, llega al 22%.

El tercer aspecto se enmarca en el CONPES 4100, publicado la semana pasada, y que pone la integración de la migración venezolana como eje central del desarrollo. Esto significa asumir como política de Estado que hay vocación de permanencia en esta población. En el caso de las instituciones educativas, el siguiente reto es lograr trayectorias completas, es decir, lograr que un estudiante tenga, además de un cupo y condiciones dignas de aprendizaje, motivos para quedarse en las aulas. Esto pasa por hacerles sentir parte de una comunidad que mejora con su llegada. De eso se trata la integración.

Puntilla. En Cúcuta quien organiza el transporte en el área metropolitana maneja borracho y quien trabaja con poblaciones vulnerables es acusado de violencia contra las mujeres. Para el alcalde solo son “errores humanos” y “asuntos personales”.