Este mes será definitivo para siete millones de estudiantes del sector oficial que desde hace 16 meses no han regresado un solo día a sus colegios.
Según la Directiva 5 del Ministerio de Educación este mes “iniciará la presencialidad plena y solo en casos excepcionales se establecerá la posibilidad de prestar el servicio educativo en la modalidad de alternancia”. La medida, por compleja que parezca, es necesaria. Planteo algunas razones para defender esta decisión:
1. La sociedad no se puede acostumbrar a la idea de que la vida puede existir sin educación. Aunque docentes, acudientes y estudiantes han hecho grandes esfuerzos para garantizar el aprendizaje éste ha sido precario. Esta situación es especialmente crítica en los primeros grados, pues más que contenidos, se están perdiendo habilidades necesarias para el desarrollo social, emocional y motriz en las niñas y niños de 4 a 10 años.
2. La alternancia es una medida temporal que se debe desmontar progresivamente. Hay instituciones que desde hace meses podrían haber comenzado su trabajo presencial y no lo han hecho.
3. Volver a los colegios permitirá decir con fundamentos cuáles son las instituciones que no son aptas para prestar el servicio educativo. Hay lugares a los que definitivamente no se puede volver incluso después de la pandemia, allí las autoridades locales, con apoyo del Ministerio de Educación, deben hacer las intervenciones y mejoras necesarias.
4. Los gobiernos locales y sus respectivas Secretarías de Educación deben mostrar la gestión realizada durante estos 16 meses en la ejecución de recursos asignados por el Ministerio de Educación, así como las inversiones hechas con recursos propios.
5. A diferencia de otros funcionarios públicos que tuvieron que prestar sus servicios presenciales desde el inicio de la pandemia, a los docentes esta exigencia se les ha planteado después de garantizar su plan de vacunación. Incluso, a los docentes asignados a establecimientos educativos catalogados como zona rural de difícil acceso se les continuó causando la bonificación del 15% durante el tiempo laborado en el año académico, sin que muchos realizaran la prestación del servicio en el lugar.
6. La educación es un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes. Los padres de familia deben entender el regreso a clases de esa manera y no como una confrontación con el gobierno, pues mientras los adultos continúan con su vida y sus actividades, han puesto en pausa la de los estudiantes. Además, los acudientes deben tener un papel más activo en el regreso a clases, no se trata solo de dejar a sus hijas e hijos, sino asumir su corresponsabilidad en el cuidado en casa y la disciplina de los protocolos.
7. Hay que desmontar la idea de que los colegios son lugares peligrosos. Esta idea se ha propagado masivamente y, mientras muchas instalaciones educativas son usadas para entregar mercados, hacer reuniones comunitarias o brigadas de salud, siguen cerrados para los estudiantes.
La directiva del Ministerio de Educación no busca que en julio todos los estudiantes vuelvan a los colegios, sino garantizar que la mayor cantidad que pueden hacerlo regresen. En los lugares que las condiciones epidemiológicas o de infraestructura no lo permitan, ahí habrá que tomar medidas. En los demás casos, no debe haber excusas para seguir aplazando los derechos de niñas, niños y adolescentes.
@arturocharria