Gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, Ecuador está teniendo un debate histórico. Esta semana, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional discutió y aprobó la mayoría de los artículos del borrador del “Proyecto de ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación”. Este documento luego se convertirá en el insumo para el segundo debate sobre aborto por violación en la Asamblea Nacional. Uno de los puntos más importantes en el debate entre los asambleístas fue el plazo para practicar los abortos.
Inicialmente se fijó un plazo máximo de 28 semanas para que mujeres mayores de 18 años que son víctimas de violación puedan interrumpir sus embarazos de forma legal. En el caso de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad no se estableció límite por semanas. Pero en la última discusión de la Asamblea se establecieron tres plazos: 22 semanas para menores de 18 años, 20 semanas para mayores de 18, y en el caso de personas con discapacidad, se tomará la guía ministerial “Atención del Embarazo Terapéutico”. Los plazos en el caso de la causal violación son un retroceso frente al panorama de la región. En ningún país con la causal violación —ni en Argentina, Bolivia, Brasil, México, Colombia, Costa Rica o Cuba— hay plazos que limiten el derecho de las mujeres. El mismo Ecuador no tenía plazos en las causales en las que el aborto está despenalizado desde 1938, cuando se trata de una “mujer que padezca discapacidad mental”, o cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer.
A lo largo de todo el debate, que lleva meses, se ha visto un lobby muy fuerte de los grupos antiderechos, tanto en la Comisión de Justicia como en los medios de comunicación tradicionales. Hace poco, la primera dama, María de Lourdes Alcívar, publicó en sus redes sociales un post con falacias en contra del derecho a decidir, como que “la mujer violada y traumatizada no está en condiciones de tomar sanas decisiones en ese momento”, que “el aborto es una de las mayores causales de feminicidios y suicidios”, o que “la ley propuesta excluiría a los padres de la toma de decisión frente al aborto violando, así la patria potestad, incluso permitiendo que cualquier adulto (pudiendo ser el mismo violador) lleve la niña a abortar”. Días más tarde, el presidente Guillermo Lasso dijo, en una entrevista exclusiva en el canal Ecuavisa, que “ténganlo por seguro, ya no solo en campo persona, sino ahora como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional”.
Esta es una situación preocupante pues, a pesar del fallo histórico de la Corte Constitucional, es evidente que no hay voluntad política del Ejecutivo para que la sentencia se respete. Los plazos y la campaña mediática de desinformación que se ha llevado a cabo en medios de comunicación y redes sociales, y de la que son participes el presidente y su esposa, son obstáculos considerables para garantizar el derecho de las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual a un aborto legal, oportuno y seguro. Por ejemplo, hay niñas que son víctimas de violaciones sistemáticas por parte de miembros de sus familias, que quedan embarazadas sin haber tenido siquiera su primera regla, y que no se dan cuenta de un embarazo hasta que esté muy avanzado. Los plazos, cuando se trata del derecho al aborto, siempre se convierten en un obstáculo para las niñas, las mujeres que viven en zonas rurales y en general para las personas en situación más vulnerable.
Ojalá que las mujeres y feministas ecuatorianas logren que se respete la causal por violación. Quizás será un camino largo, la lucha por el derecho a decidir suele ser así, pero cada debate público es una oportunidad para la despenalización social, que es crucial para defender el derecho de niñas, mujeres y otras personas con capacidad gestante a decidir sobre sus cuerpos.
Gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, Ecuador está teniendo un debate histórico. Esta semana, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional discutió y aprobó la mayoría de los artículos del borrador del “Proyecto de ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación”. Este documento luego se convertirá en el insumo para el segundo debate sobre aborto por violación en la Asamblea Nacional. Uno de los puntos más importantes en el debate entre los asambleístas fue el plazo para practicar los abortos.
Inicialmente se fijó un plazo máximo de 28 semanas para que mujeres mayores de 18 años que son víctimas de violación puedan interrumpir sus embarazos de forma legal. En el caso de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad no se estableció límite por semanas. Pero en la última discusión de la Asamblea se establecieron tres plazos: 22 semanas para menores de 18 años, 20 semanas para mayores de 18, y en el caso de personas con discapacidad, se tomará la guía ministerial “Atención del Embarazo Terapéutico”. Los plazos en el caso de la causal violación son un retroceso frente al panorama de la región. En ningún país con la causal violación —ni en Argentina, Bolivia, Brasil, México, Colombia, Costa Rica o Cuba— hay plazos que limiten el derecho de las mujeres. El mismo Ecuador no tenía plazos en las causales en las que el aborto está despenalizado desde 1938, cuando se trata de una “mujer que padezca discapacidad mental”, o cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer.
A lo largo de todo el debate, que lleva meses, se ha visto un lobby muy fuerte de los grupos antiderechos, tanto en la Comisión de Justicia como en los medios de comunicación tradicionales. Hace poco, la primera dama, María de Lourdes Alcívar, publicó en sus redes sociales un post con falacias en contra del derecho a decidir, como que “la mujer violada y traumatizada no está en condiciones de tomar sanas decisiones en ese momento”, que “el aborto es una de las mayores causales de feminicidios y suicidios”, o que “la ley propuesta excluiría a los padres de la toma de decisión frente al aborto violando, así la patria potestad, incluso permitiendo que cualquier adulto (pudiendo ser el mismo violador) lleve la niña a abortar”. Días más tarde, el presidente Guillermo Lasso dijo, en una entrevista exclusiva en el canal Ecuavisa, que “ténganlo por seguro, ya no solo en campo persona, sino ahora como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional”.
Esta es una situación preocupante pues, a pesar del fallo histórico de la Corte Constitucional, es evidente que no hay voluntad política del Ejecutivo para que la sentencia se respete. Los plazos y la campaña mediática de desinformación que se ha llevado a cabo en medios de comunicación y redes sociales, y de la que son participes el presidente y su esposa, son obstáculos considerables para garantizar el derecho de las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual a un aborto legal, oportuno y seguro. Por ejemplo, hay niñas que son víctimas de violaciones sistemáticas por parte de miembros de sus familias, que quedan embarazadas sin haber tenido siquiera su primera regla, y que no se dan cuenta de un embarazo hasta que esté muy avanzado. Los plazos, cuando se trata del derecho al aborto, siempre se convierten en un obstáculo para las niñas, las mujeres que viven en zonas rurales y en general para las personas en situación más vulnerable.
Ojalá que las mujeres y feministas ecuatorianas logren que se respete la causal por violación. Quizás será un camino largo, la lucha por el derecho a decidir suele ser así, pero cada debate público es una oportunidad para la despenalización social, que es crucial para defender el derecho de niñas, mujeres y otras personas con capacidad gestante a decidir sobre sus cuerpos.