Causa Justa avanza en la Corte Constitucional
A mediados de septiembre, desde el movimiento Causa Justa radicamos una demanda ante la Corte Constitucional para sacar del Código Penal el delito de aborto, que es una de las mayores barreras estructurales para que las mujeres y niñas de Colombia accedan a este derecho, incluso cuando sus motivos para la interrupción del embarazo están dentro de las tres causales permitidas desde hace 14 años. La demanda acaba de ser admitida por la Corte y al parecer estará a cargo del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. Esto significa que el tribunal abre la puerta para avanzar en la garantía de este derecho.
Lo que sigue es que la Corte comenzará un proceso que toma unos seis meses, en los que estudiará la demanda y recibirá intervenciones de la ciudadanía, para emitir un fallo en el primer semestre del próximo año. La Corte, históricamente, se ha caracterizado por su rigurosidad jurídica y se ha mostrado favorable a la defensa de los derechos de las mujeres, y desde el movimiento feminista de Causa Justa confiamos en que esta no sea la excepción. La demanda presenta nuevos argumentos sustentados en cifras y evidencia sobre el estado del acceso a este derecho en los últimos 14 años, información que permite mostrar dónde están las mayores barreras de acceso y por qué la eliminación del delito es fundamental para darles garantías a las mujeres y niñas más vulnerables. Por ejemplo, “un estudio en Bogotá determinó que esa falta de conocimiento (en la práctica del aborto) generó retrasos y, más grave aún, que varias mujeres que finalmente pudieron acceder, después de muchas barreras, a un aborto legal y seguro acudieron primero a métodos inseguros de aborto o a lugares clandestinos”.
A pesar de que el aborto es legal en Colombia desde hace década y media, y a pesar de que la Corte Constitucional lo ha ratificado como un derecho en decenas de sentencias, la implementación de este derecho sigue siendo muy desigual: las mujeres que viven en zonas rurales o que no tienen acceso a información oportuna, clara y veraz sobre sus derechos sexuales y reproductivos rara vez logran acceder a un aborto oportuno y seguro. Según cifras de Causa Justa: “Se estima que en el país, debido a estas barreras, solo entre un 1 % y un 9 % de los abortos se practican dentro del sistema sanitario, concentrándose en las ciudades principales”. El delito, que persiste en el Código Penal, ha servido para confundir a las mujeres, las autoridades y los y las prestadoras de servicios de salud. Como resultado, a pesar de que el aborto es legal, las mujeres jóvenes, económicamente vulnerables, víctimas de violencia intrafamiliar o que habitan en zonas rurales están siendo criminalizadas, y no solo ellas, también el personal de salud que presta el servicio está siendo perseguido.
La decisión de la Corte Constitucional no se trata solo del tecnicismo de sacar el delito de aborto del Código Penal. Se trata en realidad de garantizar la ciudadanía plena de las mujeres y niñas, porque no seremos verdaderas ciudadanas hasta que el Estado reconozca y respete nuestra libertad, autonomía y autodeterminación sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros planes de vida.
A mediados de septiembre, desde el movimiento Causa Justa radicamos una demanda ante la Corte Constitucional para sacar del Código Penal el delito de aborto, que es una de las mayores barreras estructurales para que las mujeres y niñas de Colombia accedan a este derecho, incluso cuando sus motivos para la interrupción del embarazo están dentro de las tres causales permitidas desde hace 14 años. La demanda acaba de ser admitida por la Corte y al parecer estará a cargo del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. Esto significa que el tribunal abre la puerta para avanzar en la garantía de este derecho.
Lo que sigue es que la Corte comenzará un proceso que toma unos seis meses, en los que estudiará la demanda y recibirá intervenciones de la ciudadanía, para emitir un fallo en el primer semestre del próximo año. La Corte, históricamente, se ha caracterizado por su rigurosidad jurídica y se ha mostrado favorable a la defensa de los derechos de las mujeres, y desde el movimiento feminista de Causa Justa confiamos en que esta no sea la excepción. La demanda presenta nuevos argumentos sustentados en cifras y evidencia sobre el estado del acceso a este derecho en los últimos 14 años, información que permite mostrar dónde están las mayores barreras de acceso y por qué la eliminación del delito es fundamental para darles garantías a las mujeres y niñas más vulnerables. Por ejemplo, “un estudio en Bogotá determinó que esa falta de conocimiento (en la práctica del aborto) generó retrasos y, más grave aún, que varias mujeres que finalmente pudieron acceder, después de muchas barreras, a un aborto legal y seguro acudieron primero a métodos inseguros de aborto o a lugares clandestinos”.
A pesar de que el aborto es legal en Colombia desde hace década y media, y a pesar de que la Corte Constitucional lo ha ratificado como un derecho en decenas de sentencias, la implementación de este derecho sigue siendo muy desigual: las mujeres que viven en zonas rurales o que no tienen acceso a información oportuna, clara y veraz sobre sus derechos sexuales y reproductivos rara vez logran acceder a un aborto oportuno y seguro. Según cifras de Causa Justa: “Se estima que en el país, debido a estas barreras, solo entre un 1 % y un 9 % de los abortos se practican dentro del sistema sanitario, concentrándose en las ciudades principales”. El delito, que persiste en el Código Penal, ha servido para confundir a las mujeres, las autoridades y los y las prestadoras de servicios de salud. Como resultado, a pesar de que el aborto es legal, las mujeres jóvenes, económicamente vulnerables, víctimas de violencia intrafamiliar o que habitan en zonas rurales están siendo criminalizadas, y no solo ellas, también el personal de salud que presta el servicio está siendo perseguido.
La decisión de la Corte Constitucional no se trata solo del tecnicismo de sacar el delito de aborto del Código Penal. Se trata en realidad de garantizar la ciudadanía plena de las mujeres y niñas, porque no seremos verdaderas ciudadanas hasta que el Estado reconozca y respete nuestra libertad, autonomía y autodeterminación sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros planes de vida.