¿Huele a corrupción?

La protegida del ultraderechista Alejandro Ordóñez, Margarita Cabello, le debe su carrera pública, después de la inquietante magistratura que ejerció en la Corte Suprema en donde, muy pronto, adquirió fama de manipuladora de cargos judiciales —desde los de juez de pueblo hasta los de presidente de alto tribunal—, a Iván Duque que la nombró en el Ministerio de Justicia cuando le faltaban siete meses para terminar su periodo de togada. Todo estaba milimétricamente calculado: su ingreso al Gobierno era un peaje, una corta espera de un año, cuando le llegaría el turno de retirarse, por tiempo cumplido, al procurador Fernando Carrillo, el estorboso funcionario que se negó a ser el mozo de espadas del mandatario. En contraste y para la tranquilidad del presidente, ella estaba dispuesta a asumir ese rol, si podía figurar como personaje de Estado ante los reflectores y las cámaras. Así fue “elegida” procuradora general.

La protegida del ultraderechista Alejandro Ordóñez, Margarita Cabello, le debe su carrera pública, después de la inquietante magistratura que ejerció en la Corte Suprema en donde, muy pronto, adquirió fama de manipuladora de cargos judiciales —desde los de juez de pueblo hasta los de presidente de alto tribunal—, a Iván Duque que la nombró en el Ministerio de Justicia cuando le faltaban siete meses para terminar su periodo de togada. Todo estaba milimétricamente calculado: su ingreso al Gobierno era un peaje, una corta espera de un año, cuando le llegaría el turno de retirarse, por tiempo cumplido, al procurador Fernando Carrillo, el estorboso funcionario que se negó a ser el mozo de espadas del mandatario. En contraste y para la tranquilidad del presidente, ella estaba dispuesta a asumir ese rol, si podía figurar como personaje de Estado ante los reflectores y las cámaras. Así fue “elegida” procuradora general.

Cabello ha repetido, en el Ministerio Público, las mañas clientelistas que desplegó en la Suprema. No necesita demostrarse, dado que es hecho notorio, que los puestos de importancia y los salarios mayores en la entidad que dirige han sido distribuidos por ella y por su delegada predilecta, María Lourdes Hernández Mindiola, a la que hay que llamar —pomposamente— “jefa de Gabinete”, con una meticulosidad que despierta asombro.<Cabello y Duque decidieron burlarse de la Convención Americana de la que somos firmantes, fingiendo que cumplían el fallo mientras hacían lo contrario. No podía esperarse que Cabello fuera leal a los estándares internacionales de derechos cuando la decisión de la Corte IDH se debió a la destitución —calificada como arbitraria por el tribunal— que su padrino Ordóñez le impuso al hoy presidente Petro cuando este era alcalde de Bogotá. Obedecer la sentencia hubiera sido como traicionar su credo.

Pero, en cambio, la procuradora general es generosa con otros organismos multilaterales afines con la politiquería criolla. Tal como lo reveló Noticias Uno el fin de semana pasado (ver), la señora Cabello firmó, en 2021, dos convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que cuenta con sede en Bogotá; el primero, firmado en mayo, por $26.000 millones de los cuales la Procuraduría entregó, en dinero contante y sonante, poco más de $12.000 millones a la OEI; esta puso $13.000 millones pero en especie, es decir, con trabajo y sin billetes.

El segundo convenio, firmado en diciembre, vale $38.000 millones de los cuales $18.800 millones salen de nuestros impuestos y la organización internacional pone $19.900 millones, otra vez, en especie.

En total, la señora Cabello sacó del presupuesto, más de $31.000 millones para que la OEI los maneje a su arbitrio sin rendir cuentas sobre su uso puesto que tiene derecho a la reserva diplomática.

El director de ese organismo en Colombia era, hasta la semana pasada, Carlos Mario Zuluaga quien, por pura coincidencia, es oriundo del Atlántico de donde proviene Cabello. Ahora él es el nuevo vicecontralor general. Y como tal, tendrá que lidiar con investigaciones fiscales sobre el buen o mal uso del dinero público del que disfrutaba, a manos llenas, como director regional de la OEI, un ente de sorprendente aceptación en el Gobierno Duque que también firmó, mediante sus consejerías y ministerios, decenas de convenios con esa organización. En la propuesta que el vicecontralor Zuluaga, antes el director de la OEI, le envió a la Procuraduría para la firma de los convenios (ver pág. 7), enumera 11 con el Ministerio de Trabajo entre 2019 y 2020, por valor total de $105.000 millones, y cinco más, con entidades que manejan recursos de paz, por $89.000 millones.

Ningún nacional podrá saber en qué se invirtieron los $225.000 millones que suman esos acuerdos, incluyendo los de la Procuraduría. Menos aún, con una Contraloría que tiene, en la cúpula, a quien gestionó, con tanto éxito, la entrega del fabuloso tesoro a un tercero fuera de nuestro alcance local. ¿Huele a corrupción?