“Necesidades del servicio” o prevaricato de la Fiscalía

Prevaricato: “Delito consistente en que una autoridad, juez o funcionario dicte, a sabiendas, una resolución injusta”. No me queda ninguna duda sobre la verdad exacta de las revelaciones que la valiente fiscal Ángela María Monsalve les entregó al columnista y presidente de la revista Cambio, Daniel Coronell, y al periodista Juan David Laverde, del canal Caracol, en cuanto al tráfico de influencias en que incurrieron, y a las presiones que intentaron ejercer sobre ella, poderosos señores para que no acusara, ante un juez, a otros poderosos señores. No es la primera vez ni tampoco será la última en que la Fiscalía Barbosa —que no produce sino repudio moral— desvanece los problemas judiciales de sus amigos a punta de artimañas delictivas, o que los inventa para vengarse de aquellos a quienes ordena eliminar. Trataron de aproximarse a esta digna fiscal los siguientes personajes: el exfiscal general Néstor Humberto Martínez (¿les extraña?); Rodrigo Noguera (¿les extraña?), rector de la Universidad Sergio Arboleda; el abogado Juan Alberto Castro (¿el director del gremio de las licoreras, cercano a Germán Vargas Lleras y, por vía de este, a Barbosa?), y otro abogado cuyo nombre se desconoce. El objeto de tanta atención, para la investigadora, no era otro que impedir que ella siguiera adelante con un proceso penal contra la familia Ríos Velilla compuesta por tres hermanos empresarios con negocios y contratos multimillonarios con el Estado colombiano y con otros Estados, en materia de distribución de energía, recolección de basuras y sistemas de transporte, entre otros.