¿Quién quiere sacar a la fiscal?

Se escucha que el Consejo de Estado y su magistrada Gloria Gómez, quieren fallar la nulidad de la elección de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Foto: EFE - Carlos Ortega

Al ya tenso enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, elevado a niveles peligrosos por las expresiones retadoras del presidente de la República pero, también, por las respuestas descomedidas del presidente del Congreso (a quien no hay que restarle culpas, pues también tiene responsabilidades), se suma, ahora, una borrasca en la tercera rama pública del poder: la Judicial. Los pasillos y las alas derecha e izquierda que caracterizan el Palacio de Justicia, suelen permanecer ocupados con los runrunes de los abogados que visitan a los togados. Ahí se escucha, cada vez con frecuencia más sonora, que la Sección Quinta del Consejo de Estado y su magistrada Gloria María Gómez Montoya, quieren glorificarse –valga la redundancia– fallando la nulidad de la elección de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Le darían, así, gusto a la gran corriente de derecha política que ha encontrado asiento en los altos tribunales los cuales, separándose de su tarea constitucional de árbitros imparciales de la sociedad, se han aliado, implícita pero notoriamente, con el establecimiento más rancio del país. El despacho de Gómez Montoya recibió la demanda en contra de la elección de Luz Adriana Camargo en cuanto fue anunciada por la Corte Suprema como nueva fiscal. La interpusieron principiantes de la carrera de derecho y ciudadanos desconocidos cuyos nombres podrían ocultar a los verdaderos autores de la solicitud judicial, probablemente políticos del uribismo-duquismo-barbosismo. En mi opinión, por ahí va el agua al molino.

La demanda aduce cuatro motivos que invalidarían la presencia de Camargo en el búnker. Primero, la supuesta violencia incapacitante que sufrieron los miembros de la Corte Suprema los días previos a la elección, por las manifestaciones en los alrededores del Palacio de Justicia. En la queja se asegura que los magistrados que eligieron a Camargo votaron por miedo a las protestas y no por convicción. En su respuesta al Consejo de Estado, la Suprema niega que puedan atarse, como si fueran causa-efecto, los gritos callejeros con el voto de cada magistrado. La segunda motivación de la demanda alega el presunto conflicto de interés de quien postuló a las candidatas ante la corte, es decir, del presidente. Los reclamantes lo cuestionan por presentar la terna. Según ellos, como el hijo de Petro tiene un proceso penal pendiente en el ente acusador, él no podía seleccionar sus aspirantes. Sería un gusto preguntarles por qué no objetaron al fiscal Barbosa ni a Duque, hijo putativo del encartado penal Uribe. La tercera razón copia la objeción de la oposición: cuando la corte votó por Camargo, no había tres postuladas debido a la renuncia de la candidata Amelia Pérez (tardía e inválida), hoy flamante funcionaria del mismo gobierno que ella rechazó en su momento. Y el cuarto y último motivo de los meros machos que pretenden sacar a Camargo es más rebuscado que las anteriores: el desconocimiento del derecho a la igualdad y equidad de género puesto que la terna solo estuvo conformada por mujeres y ¡no garantizó “la participación de hombres (o de) personas no binarias con identidad de género diversa”! (ver)

En contraste con los principiantes de derecho, la magistrada Gómez Montoya tiene larga carrera. Sin embargo, quienes conocen el almendro judicial, le atribuyen su silla en el Consejo de Estado a su trabajo, y también al clientelismo de influyentes antioqueños de la derecha togada (que existe y está vivita y coleando). Como sea, la doctora Gómez Montoya admitió el caso contra Camargo para estudio porque cumplió requisitos formales. Y, en una posición extraña por la hondura del tema planteado, optó por ordenar, hace algunos días, sentencia anticipada, lo que significa que se acortan los tiempos y se falla con rapidez (ver). El afán de la ponente, que compromete a todo el Consejo de Estado cuyas sentencias han sido adversas, en alta proporción, al Gobierno y a quien lo preside, deja ver –o, al menos, sospechar– una intencionalidad extrajudicial de ese tribunal. Súmenle a los hechos y rumores relatados la campaña de prensa montada –en coincidencia con el anuncio de la magistrada ponente de meterle acelerador a su decisión– por un medio vocero del sector político más recalcitrante del país, para tratar de enlodar a la fiscal Camargo: acogen sin cuestionarla a una exfuncionaria presa por corrupción y ponen en duda, dándole vuelta a la cola, los votos obtenidos por ella, en la Suprema. ¿Se ambienta el clima para vengarse de la superior jerárquica de la fiscal Marlene Orjuela quien acusó a Álvaro Uribe Vélez y lo enfrenta en el juicio?