La soledad del ciudadano común (II)

El 25 de febrero escribí en esta columna una denuncia sobre el proyecto inmobiliario Ecociudad Galicia, en Circasia, Quindío. La constructora es Promotora Río Espejo SAS y su meta es hacer 43 bloques de cinco pisos que tendrán 860 apartamentos para albergar aproximadamente a 3.440 habitantes.

En ese terreno, que era área protegida y cuyo ecosistema fue destruido para hacer la obra, ocurren todos los ejemplos de lo que no debería ser permitido. No bastan los argumentos de la Procuraduría ambiental y judicial ni las denuncias de las veedurías ciudadanas para que la juez tercera administrativa de Armenia, Adriana Cervantes, tome en serio el caso.

El pasado 1° de marzo, en audiencia pública, la juez falló sobre tres de los 13 cargos que hay contra la constructora y la Alcaldía de Circasia, y le concedió a Río Espejo y a Empresas Públicas del Quindío la verdad sobre una mentira que han sostenido en relación con la garantía de la prestación de los servicios públicos para este proyecto. La juez falló en contra de la constructora por no cumplir con el porcentaje obligatorio de áreas de cesión y por no destinar el 20 % del suelo a vivienda de interés prioritario (VIP).

Entre los cargos contra la licencia de urbanismo que la señora Cervantes omitió está el hecho de no haber notificado a los vecinos, violando así su derecho a intervenir previamente; tampoco fue verificada el área real del predio y su no concordancia con el límite del perímetro urbano, con lo cual ampliaron el lote sobre el suelo rural. La constructora inició el proyecto sin cumplir los términos legales para el estudio cuidadoso de este tipo de licencias (en seis días fue aprobada).

La Alcaldía de Circasia decidió pasar por alto el requerimiento a Río Espejo de las áreas de cesión obligatorias (17 %) a favor del municipio y no exigió proteger las áreas de afectación por retiros ambientales, zonas forestales, de alto riesgo y guaduales. El proyecto no cuenta con el permiso ni la licencia ambiental que autorice los nuevos vertimientos de aguas residuales en la quebrada Las Yeguas y no respetó las afectaciones a las redes de energía y alcantarillado, ni la localización de la futura planta de tratamiento de aguas residuales.

David Urrea es el dueño de Promotora Río Espejo SAS y su abogado es Nelson Uribe Ramírez. Una comunicación que recibí del Ministerio de Vivienda el 3 de marzo confirma que el señor Uribe es contratista de esa cartera en temas de política y desarrollo urbano y ordenamiento territorial. El ministro Jonathan Malagón cree que no es éticamente cuestionable ese hecho, a pesar de que aproximadamente el 30 % de Ecociudad Galicia se paga con recursos de los subsidios familiares de vivienda que otorga el programa Mi Casa Ya pertenecientes a Fonvivienda, entidad adscrita al ministerio de Malagón. Un 90 % de los compradores del proyecto pagan la cuota inicial con esos subsidios, pero, insisto, eso no le parece grave.

No hay lugar a sorpresas si tenemos en cuenta la denuncia de mi colega Juan Pablo Barrientos en Caracol Radio: en 2020 “la esposa del ministro Jonathan Malagón se benefició de un millonario contrato en el que invirtió el ministerio que lidera su esposo”. Agrega la nota: “El ministro Jonathan Malagón es del corazón del presidente Iván Duque, quien lo mantuvo en el Ministerio de Vivienda a pesar de que plagió su tesis doctoral, como lo reconoció la Universidad de Tilburg el 26 de marzo de 2020”.

“Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”, escribió Montesquieu, quien fue el gran referente contra la corrupción despótica de los gobiernos. Amparados en su pensamiento, los ciudadanos seguiremos apelando a las leyes en busca de justicia.

* Periodista. @ClaMoralesM