Cuando terminó el año pasado, en millones de hogares colombianos se llevó a cabo una especie de conjuro mágico en el que brindamos por el final de 2020, el año maldito, el peor año de nuestra historia moderna, como si a través de esas íntimas ceremonias fuéramos capaces de darles fin a la pandemia y a su subsecuente resultado de dolor, desigualdad y pobreza. Y así, comenzamos el nuevo año llenos de fe y de ilusiones, por la llegada de una vacuna que traería el fin de todos nuestros males.
Y resultó que el hechizo de finales del 2020, con el que todo cambiaría, solamente ha demostrado su ineficacia, y por eso hoy, ya casi en el cuarto mes del año, el sentimiento que prevalece en mi espíritu es el de un complicado desasosiego.
Vivimos en un país lleno de contradicciones y absurdos, en donde luego de ver al presidente durante un año en su show televisivo asegurar que íbamos divinamente enfrentando la pandemia, mientras la tozuda realidad sanitaria y económica mostraba lo contrario, nos encontramos comenzando el proceso de vacunación masiva de manera tardía y lenta, como todo en este gobierno. Después del auto bombo de la llegada de las vacunas, oímos al presidente celebrar como un gran hito la vacunación de un millón de colombianos en el primer mes. La verdad es que se necesita triplicar ese ritmo para lograr 35 millones de vacunas en el primer año, así que con toda probabilidad la inmunidad de rebaño la alcanzará el próximo gobierno en el segundo semestre de 2022, y entre tanto correremos el riesgo de nuevos picos de la COVID-19.
Escuchamos también que se avecina una reforma tributaria que, aunque necesaria, va a terminar ahondando las brechas de desigualdad entre los colombianos. Una reforma que al parecer se basará en el aumento del eficiente pero profundamente inequitativo impuesto a las ventas (IVA) y en la ampliación de la base del impuesto de renta a aquellos colombianos con ingresos mensuales entre 2 y 6 salarios mínimos, aumentando además las tasas de renta a los rangos entre 6 y 10 salarios mínimos, redundará en un mayor deterioro de la ya golpeada clase media. Si la reforma no llegare a contener impuestos al patrimonio, tanto de las personas como de las empresas que concentran la riqueza de este país, ni tasas considerablemente más altas en el impuesto de renta de las personas con ingresos anuales en los rangos de $300 a $1,000 millones y superiores a $1,000 millones, no se logrará ningún efecto de redistribución de la riqueza.
Estamos en un país en donde, sin pudor alguno, representantes a la Cámara de la coalición de gobierno presentan una propuesta de unificación de períodos de congresistas, presidencia y órganos de control que contiene la ampliación de su período y el del presidente por dos años más. Días después, arrinconados por una indignada opinión pública, Uribe y todos sus súbditos incluyendo a Duque, dicen que no apoyan esa propuesta. Por fortuna, los partidos de oposición y la opinión en general se opusieron a esta descarada propuesta de golpe de Estado, pero vaya cortina de humo la que han desplegado para ocultar Dios sabrá qué.
Esos mismos partidos de gobierno, comandados por el uribismo, están proponiendo, en medio de la violencia consuetudinaria de este país, terminar con la norma constitucional del monopolio de la utilización de las armas en cabeza del Estado, y permitir que se arme la “gente de bien”, sin comprender que una mayor permisividad en el porte y uso de armas no va a disminuir la violencia producida por la delincuencia, sino que por el contrario aumentará irremediablemente los índices de homicidios. Seguramente, la acción decidida de los partidos de oposición, y una opinión pública que no traga entero impedirán que el Centro Democrático salga adelante con este entuerto.
Me produce física vergüenza, además de desasosiego, la posición del gobierno a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de retirarse de la audiencia de la CIDH recusando a cinco de los seis magistrados en un caso de comprobada y reconocida culpabilidad del Estado, como es el caso del secuestro, abuso y violación de la periodista Jineth Bedoya. Con esa actitud Colombia cayó más bajo que cualquiera de los países con regímenes dictatoriales en el mundo, y aun peor cuando nos enteramos del intento de una propuesta de transacción presentada a la víctima por fuera de la Corte. Al final, la justicia prevalecerá y el Estado colombiano será apropiadamente condenado, pero el daño en la imagen internacional del país ya se habrá causado.
Me ha producido también una gran desazón comprobar que vivimos en un país en el que día tras día se estrecha aun más la libertad de prensa y la libertad de opinión. Tener dos de los principales medios escritos (El Tiempo y Semana) en poder de dos de los tres principales potentados del país, ya era de por sí un gran riesgo para la libertad de prensa. Pero el riesgo se convirtió en realidad. El episodio de la salida de la niña Mencha como columnista de El Tiempo por escribir lo que todo el país habla en voz baja y la salida de todos los columnistas de Semana que han tenido que continuar su labor defendiéndose como gatos patas arriba en el mundo del internet, antecedieron a la renuncia de Roberto Pombo al cargo que como director de El Tiempo desempeñó durante 15 años. Aunque esta renuncia aún no ha sido justificada como se debe, el contenido de El Tiempo, en pocas semanas, claramente se ha derechizado. Ojalá no termine convertido en un pasquín similar a la revista Semana de hoy. Nos queda la radio, nos queda El Espectador, y por fortuna nos queda internet, que serán más difíciles de callar.
Presenciar el espectáculo de la preclusión del caso de Álvaro Uribe solicitada por la Fiscalía arrodillada a su enorme poder es otra razón para este desasosiego. En ese caso, sólo me queda la débil esperanza de una decisión en contrario de la juez a quien en suerte le tocó decidir, o del Tribunal Superior de Bogotá o finalmente, y de nuevo, de la Corte Suprema de Justicia.
Sumando a mi desasosiego y para colmo de contradicciones, los episodios ocurridos en estos meses frente a la migración venezolana. Mientras el gobierno Duque nos sorprendió positivamente con una decisión aplaudida en todos los foros internacionales, otorgando un estatus de protección temporal a los migrantes venezolanos, nuestra alcaldesa de Bogotá, símbolo de la oposición y de la Alianza Verde, salió a los medios con destempladas declaraciones xenófobas marcando de violentos y delincuentes a los venezolanos y pidiéndole al gobierno nacional que atienda a los colombianos antes que a los venezolanos. Este episodio, fue como el mundo al revés. Por fortuna, Claudia López aun conserva su capacidad de reflexión y terminó pidiendo disculpas.
Una luz de esperanza ha sido la de la JEP, ahora bajo la presidencia del magistrado Cifuentes, que con sus decisiones sobre los macrocasos de secuestros de las Farc y de los “falsos positivos” del Ejército, ha demostrado la imparcialidad y progreso que sus enemigos, y los enemigos del proceso de paz le negaban. Y este bendito proceso de paz se resiste y se niega a morir de inanición por el escaso interés del Gobierno en sacarlo adelante, como ha sido expresado por la ONU y por diferentes instancias internacionales. Ese escaso interés se ve reflejado en la total incapacidad del Gobierno por defender la vida de líderes sociales de las regiones más vulnerables del país y de los exguerrilleros desmovilizados, y su evidente ineptitud para controlar el desatado crecimiento de los grupos armados al margen de la ley, que no se compadece con el lenguaje indolente del ministro de Defensa frente a los niños reclutados a la fuerza para la guerra.
Y a todas estas razones para el desasosiego, se une ahora la decisión de Alejandro Gaviria de no ser candidato presidencial. Gaviria es claramente un hombre brillante, de inteligencia superior, que habría sido un gran presidente de este país. Ojalá reflexione y no nos compruebe que lo que le sobra de inteligencia, le falta de valentía y de estatura histórica.
Pero no hay tiempo de llorar. Los colombianos que en la inmensa mayoría no somos ni de extrema derecha ni de extrema izquierda debemos actuar con diligencia, con fortaleza y aun con beligerancia en la construcción de la coalición de la esperanza, la coalición de centro izquierda que garantizará que el uribismo, fuente primaria de mi desasosiego, no continúe en el poder, sin necesidad tampoco de caer en el extremo del mesianismo de Gustavo Petro. Si se confirma que Alejandro Gaviria no será la alternativa, la coalición deberá construirse sobre otros liderazgos, posiblemente recurriendo a la historia para ver renacer como el ave Fénix a un nuevo liberalismo que luche por los principios de inclusión social, contra la inequidad, contra quienes quieren prolongarse en el poder a cualquier costo por otros cien años de dolor y de injusticia social. Ojo al 2022, el futuro será nuestro.
* Miembro de la Tertulia Cervantina 77. El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva de su autor