Por : Miembros del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia*
El pasado 29 de agosto, Johnattan García, desde la Universidad de Harvard, en su artículo publicado en El Espectador invita a la reflexión sobre quién tiene la razón frente al uso de glifosato en la aspersión de cultivos ilícitos en Colombia. Este tema, que pensábamos estaba claro y superado con la declaración en 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social de prohibir el uso de glifosato, vuelve de nuevo a posicionarse como tema de debate público luego de las declaraciones de algunos miembros del gobierno del Presidente Duque que apoyan la reanudación de las asperciones aéreas con este herbicida como parte de la política de control de cultivos ilícitos en el país. (Glifosato, al fin quién tiene la razón).
El Nodo de Salud ambiental y Ocupacional (SAO) de Colombia se permite contribuir al debate y la reflexión desde una postura científica que tiene como fin último proteger la salud e integridad de la población, desde una perspectiva de salud pública. El 1 de noviembre de 2016, publicamos en El Espectador un comentario sobre este mismo tema luego de la publicación del artículo “No hay evidencia de que el glifosato sea un factor de riesgo para la salud humana”, en relación con el trabajo realizado por los investigadores de Fundación Ideas para la Paz (FIP) . En esa ocasión nos manifestamos públicamente por cuanto la publicación del trabajo, que ponía en duda la evidencia científica disponible sobre efectos nocivos del glifosato sobre la salud humana, representaba una falta a la “verdad científica” así como un mensaje de salud errado para la población, que podía servir como argumento para una eventual reconsideración de las aspersiones aéreas con glifosato. Hoy, nos manifestamos de nuevo públicamente porque lo que en ese entonces era solamente un riesgo potencial de reanudación de las aspersiones con glifosato ahora parece ser una realidad promovida por el gobierno del Presidente Duque. Ante esta situación, que consideramos un retroceso totalmente adverso en términos de política pública, nos declaramos totalmente en desacuerdo basados en las siguientes consideraciones:
Existe evidencia científica sobre la probable carcinogenicidad del glifosato en humanos. La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) es la entidad adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargada de evaluar la evidencia científica disponible a nivel mundial sobre la carcinogenicidad de sustancias. En su monografía 112 publicada en 2015, luego de un estudio detallado de la evidencia cientifica disponible hasta la fecha sobre los efectos nocivos del glifosto en estudios celulares, animales y humanos, la IARC clasificó el glifosato en el grupo 2A, es decir como una sustancia probablemente carcinógena para los humanos. Desde una perspectiva científica, las evaluaciones de la IARC sobre efectos nocivos tienen alta credibilidad no solamente por la alta calidad científica de sus revisores sino también por la revisión objetiva de evidencia disponible desde diferentes fuentes y diversidad de estudios. La IARC es una organización que se caracteriza por ser objetiva, heterogénea en sus integrantes, y libre de conflictos de interés, de manera diferentes a otras organizaciones que han pretendido dar puntos de vista diferentes a la institución subsidiaria de la OMS encargada de los temas de cáncer. Por ello, como comunidad científica consideramos adecuada y vigente la clasificación de la IARC puesto que no existe algún estudio realizado posterior a 2015 que ponga en duda las consideraciones de la IARC para clasificar el glifosato como probablemente carcinógeno para humanos.
La ausencia de estudios experimentales sobre efectos adversos del glifosato en humanos no representa ausencia de evidencia de dichos efectos. Quienes defienden la reanudación de las aspersiones aéreas basan su postura en que los estudios experimentales con células y animales muestran efectos adversos del glifosato, pero los estudios con humanos no son experimentales y no son concluyentes. Al respecto deben hacerse unas aclaraciones específicas sobre los estudios epidemiológicos en salud ambiental. Desde el quehacer investigativo, no es ético exponer a las personas a agentes potencialmente nocivos (como el glifosato) solamente para generar evidencia científica. Por ello suelen hacerse estudios observacionales (no experimentales) que por definición tienen limitaciones metodológicas para establecer causalidad, pero que bien diseñados y analizados pueden obtener resultados similares a los obtenidos en condiciones experimentales. Hay evidencia suficiente sobre este tema. Los estudios en salud ambiental no pueden ser juzgados desde una óptica metodológica diseñada para evaluar efectos de intervenciones terapéuticas (ejm. Medicamentos). Por ello, si bien las revisiones de estudios epidemiológicos suelen ser un punto partida válido para tomar decisiones, no son la única fuente disponible, y suelen usarse otras metodologías como la llamada “Evaluación del Riesgo” (Risk Assessment) en la que se usan datos obtenidos de células, animales y/o humanos para modelar matemáticamente los potenciales efectos adversos en la salud humana. En este sentido afirmar que el glifosato es seguro porque no existen estudios experimentales en humanos que prueben su efectos nocivo es además de ilógico, poco ético.
Existen estudios en Colombia que documentan efectos adversos del glifosato en modelos celulares, animales y humanos. Algunos miembros del Nodo SAO Colombia realizamos una revisión sobre evidencia científica de efectos adversos del glifosato en Colombia que esta próxima a publicarse en el contexto de un compilado internacional sobre este tema. Con base en esta revisión, podemos decir que existen al menos 12 estudios realizados en Colombia que han abordado los efectos del glifosato en nuestro país. Los estudios son diversos en términos de enfoques incluyendo estudios cualitativos, cuantitativos epidemiológicos, citogenéticos, evaluaciones de riesgo de exposición y estudios económicos. Los estudios realizados en Colombia muestran resultados similares a los reportados internacionalmente y que sirvieron como base para que la IARC clasificara el glifosato dentro del grupo de sustancias probablemente carcinogénicas para humanos: evidencia de afectación en especies de animales, evidencia de efectos citotóxicos en modelos celulares y resultados controversiales en estudios de efectos en humanos. En el caso de Colombia los estudios en humanos no incluyen efectos sobre carcinogenicidad pero cuatro de un total de cinco estudios en humanos muestran relación entre la aspersiones con glifosato y aumento de morbilidad dermatológica, respiratoria, así como efectos reproductivos negativos en mujeres.
La política pública debe basarse en evidencia disponible y en situaciones de incertidumbre debe privilegiar la protección de la población, especialmente las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Ante situaciones de incertidumbre como la del glifosato y los efectos en la salud humana, la respuesta desde la salud ambiental, y de la salud pública en general, es la de hacer uso del Principio de Precaución y buscar que se evite la exposición al glifosato. Debe privilegiarse la vida humana sobre la evidencia científica inequívoca, y por ello ante situaciones con evidencia incompleta se favorece la decisión preventiva. Por otra parte, la población directamente afectada por las aspersiones con glifosato son nuestros campesinos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social, política y económica. En este escenario, el principio de precaución es aún más necesario por cuanto las poblaciones que serán directamente afectadas por la reanudación de las aspersiones ya padecen muchos otros problemas y no están en condiciones de abogar por la protección de su vida y derechos desde un escenario de justicia ambiental.
Por lo anterior, como expertos colombianos en temáticas de salud ambiental y ocupacional, manifestamos que rechazamos la intención del gobierno del Presidente Duque de reanudar el uso de aspersiones con glifosato como parte de las actividades de control de cultivos ilícitos en Colombia y solicitamos al Presidente Duque y a su gabinete que con la misma altura que lo hicieron sus antecesores en el gobierno, la política pública ponga la ciencia y la razón al servicio de la población.
*Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional (SAO) de Colombia*
Laura Andrea Rodríguez Villamizar, Médica, Magister en Epidemiología, PhD Epidemiología. Investigadora Senior Colciencias, Profesora del Departamento de Salud Pública y Directora de Investigación y Extensión de la Facultad de Salud, Universidad Industrial de Santander.
Alvaro Javier Idrovo, Médico, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Magister en Salud Pública, MSc Salud Ambiental, PhD Epidemiología. Investigador Senior Colciencias. Profesor del Departamento de Salud Pública y Director de la Escuela de Medicina, Universidad Industrial de Santander.
Leonardo Quintana J, PhD, Investigador, Pontificia Universidad Javeriana.
Juan Gabriel Piñeros Jiménez, Médico, PhD En Salud Pública, Profesor del Departamento de Ciencias Especificas de la Facultad Nacional de Salud Pública y Coordinador de Groupo de Investigación Salud y Ambiente, Universidad Industrial de Antioquia.
Carlos Alfonso Osorio torres, Médico magister en salud ocupacional de la Universidad del Valle, director del grupo en salud ocupacional reconocido por Colciencias en categoría c; especialista en salud pública Universidad del Valle
Julián Alfredo Fernández Niño, Médico, Maestro en Salud Pública, Maestro en Ciencias en Bioestadística, Doctor en Epidemiología, Investigador Senior Colciencias, Profesor del Departamento de Salud Pública, Universidad del Norte.
Rafael Tuesca Molina, Médico, Maestro en Epidemiología y Salud Pública, , Doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública, Investigador Senior Colciencias,Profesor del Departamento de Salud Pública, Universidad del Norte.
Juan Pablo Ramos Bonilla, Ingeniero Civil, MSc Gestión Ambiental, PhD Salud Pública. Investigador Senior Colciencias. Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes.
Constanza Díaz Grajales, Enfermera, Magíster en Salud Pública, Investiadora CEDETES, profesora Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle.
Janeth Mosquera Becerra, Trabajadora Social, Master en Epidemiología y Doctorado en Sociología (inequidades sociales y salud), Profesora de la Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle.
Luis Camilo Blanco Becerra. Ingeniero Ambiental y Sanitario. Msc Salud Ambiental. Docente Maestria Salud Publica. Universidad Santo Tomas.
Sandra Paola Pérez Leiva, Microbióloga Universidad de los Andes, MSc Environmental Sciences ETH Zürich.
Carlos Federico Molina Castaño, Médico, Especialista en Psicología Clínica, Especialista en Salud Ocupacional, Doctor en Epidemiolgia. Profesor universitario.
Rodrigo Sarmiento Suárez, Médico, Magister en Salud Pública y Epidemiología, Profesor del Área de Salud y Sociedad, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Investigador Asociado Colciencias, Miembro del Consejo Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental (ISEE).
Aanh Eduardo DImate García, FIsioterapeuta, Esp. Epidemiología, Esp en GSST, Magíster en Salud Pública y Desarrollo Social, Est. de Doctorado en Ciencias de la educación, profesor UniAndina.
Luis Jorge Hernández Florez , Médico, Magister en Salud Pública, PhD en Salud Pública. Investigador Senior Colciencias, Profesor Asociado y Coordinador Área de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.
María Fernanda Cely García, Ecóloga, con maestría en ingeniería, PhD en Ingeniería. Investigadora Junior de Colciencias. Investigadora Postdoctoral de la Faculta de Ingeniería de la Universidad de Los Andes.
Por : Miembros del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia*
El pasado 29 de agosto, Johnattan García, desde la Universidad de Harvard, en su artículo publicado en El Espectador invita a la reflexión sobre quién tiene la razón frente al uso de glifosato en la aspersión de cultivos ilícitos en Colombia. Este tema, que pensábamos estaba claro y superado con la declaración en 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social de prohibir el uso de glifosato, vuelve de nuevo a posicionarse como tema de debate público luego de las declaraciones de algunos miembros del gobierno del Presidente Duque que apoyan la reanudación de las asperciones aéreas con este herbicida como parte de la política de control de cultivos ilícitos en el país. (Glifosato, al fin quién tiene la razón).
El Nodo de Salud ambiental y Ocupacional (SAO) de Colombia se permite contribuir al debate y la reflexión desde una postura científica que tiene como fin último proteger la salud e integridad de la población, desde una perspectiva de salud pública. El 1 de noviembre de 2016, publicamos en El Espectador un comentario sobre este mismo tema luego de la publicación del artículo “No hay evidencia de que el glifosato sea un factor de riesgo para la salud humana”, en relación con el trabajo realizado por los investigadores de Fundación Ideas para la Paz (FIP) . En esa ocasión nos manifestamos públicamente por cuanto la publicación del trabajo, que ponía en duda la evidencia científica disponible sobre efectos nocivos del glifosato sobre la salud humana, representaba una falta a la “verdad científica” así como un mensaje de salud errado para la población, que podía servir como argumento para una eventual reconsideración de las aspersiones aéreas con glifosato. Hoy, nos manifestamos de nuevo públicamente porque lo que en ese entonces era solamente un riesgo potencial de reanudación de las aspersiones con glifosato ahora parece ser una realidad promovida por el gobierno del Presidente Duque. Ante esta situación, que consideramos un retroceso totalmente adverso en términos de política pública, nos declaramos totalmente en desacuerdo basados en las siguientes consideraciones:
Existe evidencia científica sobre la probable carcinogenicidad del glifosato en humanos. La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) es la entidad adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargada de evaluar la evidencia científica disponible a nivel mundial sobre la carcinogenicidad de sustancias. En su monografía 112 publicada en 2015, luego de un estudio detallado de la evidencia cientifica disponible hasta la fecha sobre los efectos nocivos del glifosto en estudios celulares, animales y humanos, la IARC clasificó el glifosato en el grupo 2A, es decir como una sustancia probablemente carcinógena para los humanos. Desde una perspectiva científica, las evaluaciones de la IARC sobre efectos nocivos tienen alta credibilidad no solamente por la alta calidad científica de sus revisores sino también por la revisión objetiva de evidencia disponible desde diferentes fuentes y diversidad de estudios. La IARC es una organización que se caracteriza por ser objetiva, heterogénea en sus integrantes, y libre de conflictos de interés, de manera diferentes a otras organizaciones que han pretendido dar puntos de vista diferentes a la institución subsidiaria de la OMS encargada de los temas de cáncer. Por ello, como comunidad científica consideramos adecuada y vigente la clasificación de la IARC puesto que no existe algún estudio realizado posterior a 2015 que ponga en duda las consideraciones de la IARC para clasificar el glifosato como probablemente carcinógeno para humanos.
La ausencia de estudios experimentales sobre efectos adversos del glifosato en humanos no representa ausencia de evidencia de dichos efectos. Quienes defienden la reanudación de las aspersiones aéreas basan su postura en que los estudios experimentales con células y animales muestran efectos adversos del glifosato, pero los estudios con humanos no son experimentales y no son concluyentes. Al respecto deben hacerse unas aclaraciones específicas sobre los estudios epidemiológicos en salud ambiental. Desde el quehacer investigativo, no es ético exponer a las personas a agentes potencialmente nocivos (como el glifosato) solamente para generar evidencia científica. Por ello suelen hacerse estudios observacionales (no experimentales) que por definición tienen limitaciones metodológicas para establecer causalidad, pero que bien diseñados y analizados pueden obtener resultados similares a los obtenidos en condiciones experimentales. Hay evidencia suficiente sobre este tema. Los estudios en salud ambiental no pueden ser juzgados desde una óptica metodológica diseñada para evaluar efectos de intervenciones terapéuticas (ejm. Medicamentos). Por ello, si bien las revisiones de estudios epidemiológicos suelen ser un punto partida válido para tomar decisiones, no son la única fuente disponible, y suelen usarse otras metodologías como la llamada “Evaluación del Riesgo” (Risk Assessment) en la que se usan datos obtenidos de células, animales y/o humanos para modelar matemáticamente los potenciales efectos adversos en la salud humana. En este sentido afirmar que el glifosato es seguro porque no existen estudios experimentales en humanos que prueben su efectos nocivo es además de ilógico, poco ético.
Existen estudios en Colombia que documentan efectos adversos del glifosato en modelos celulares, animales y humanos. Algunos miembros del Nodo SAO Colombia realizamos una revisión sobre evidencia científica de efectos adversos del glifosato en Colombia que esta próxima a publicarse en el contexto de un compilado internacional sobre este tema. Con base en esta revisión, podemos decir que existen al menos 12 estudios realizados en Colombia que han abordado los efectos del glifosato en nuestro país. Los estudios son diversos en términos de enfoques incluyendo estudios cualitativos, cuantitativos epidemiológicos, citogenéticos, evaluaciones de riesgo de exposición y estudios económicos. Los estudios realizados en Colombia muestran resultados similares a los reportados internacionalmente y que sirvieron como base para que la IARC clasificara el glifosato dentro del grupo de sustancias probablemente carcinogénicas para humanos: evidencia de afectación en especies de animales, evidencia de efectos citotóxicos en modelos celulares y resultados controversiales en estudios de efectos en humanos. En el caso de Colombia los estudios en humanos no incluyen efectos sobre carcinogenicidad pero cuatro de un total de cinco estudios en humanos muestran relación entre la aspersiones con glifosato y aumento de morbilidad dermatológica, respiratoria, así como efectos reproductivos negativos en mujeres.
La política pública debe basarse en evidencia disponible y en situaciones de incertidumbre debe privilegiar la protección de la población, especialmente las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Ante situaciones de incertidumbre como la del glifosato y los efectos en la salud humana, la respuesta desde la salud ambiental, y de la salud pública en general, es la de hacer uso del Principio de Precaución y buscar que se evite la exposición al glifosato. Debe privilegiarse la vida humana sobre la evidencia científica inequívoca, y por ello ante situaciones con evidencia incompleta se favorece la decisión preventiva. Por otra parte, la población directamente afectada por las aspersiones con glifosato son nuestros campesinos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social, política y económica. En este escenario, el principio de precaución es aún más necesario por cuanto las poblaciones que serán directamente afectadas por la reanudación de las aspersiones ya padecen muchos otros problemas y no están en condiciones de abogar por la protección de su vida y derechos desde un escenario de justicia ambiental.
Por lo anterior, como expertos colombianos en temáticas de salud ambiental y ocupacional, manifestamos que rechazamos la intención del gobierno del Presidente Duque de reanudar el uso de aspersiones con glifosato como parte de las actividades de control de cultivos ilícitos en Colombia y solicitamos al Presidente Duque y a su gabinete que con la misma altura que lo hicieron sus antecesores en el gobierno, la política pública ponga la ciencia y la razón al servicio de la población.
*Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional (SAO) de Colombia*
Laura Andrea Rodríguez Villamizar, Médica, Magister en Epidemiología, PhD Epidemiología. Investigadora Senior Colciencias, Profesora del Departamento de Salud Pública y Directora de Investigación y Extensión de la Facultad de Salud, Universidad Industrial de Santander.
Alvaro Javier Idrovo, Médico, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Magister en Salud Pública, MSc Salud Ambiental, PhD Epidemiología. Investigador Senior Colciencias. Profesor del Departamento de Salud Pública y Director de la Escuela de Medicina, Universidad Industrial de Santander.
Leonardo Quintana J, PhD, Investigador, Pontificia Universidad Javeriana.
Juan Gabriel Piñeros Jiménez, Médico, PhD En Salud Pública, Profesor del Departamento de Ciencias Especificas de la Facultad Nacional de Salud Pública y Coordinador de Groupo de Investigación Salud y Ambiente, Universidad Industrial de Antioquia.
Carlos Alfonso Osorio torres, Médico magister en salud ocupacional de la Universidad del Valle, director del grupo en salud ocupacional reconocido por Colciencias en categoría c; especialista en salud pública Universidad del Valle
Julián Alfredo Fernández Niño, Médico, Maestro en Salud Pública, Maestro en Ciencias en Bioestadística, Doctor en Epidemiología, Investigador Senior Colciencias, Profesor del Departamento de Salud Pública, Universidad del Norte.
Rafael Tuesca Molina, Médico, Maestro en Epidemiología y Salud Pública, , Doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública, Investigador Senior Colciencias,Profesor del Departamento de Salud Pública, Universidad del Norte.
Juan Pablo Ramos Bonilla, Ingeniero Civil, MSc Gestión Ambiental, PhD Salud Pública. Investigador Senior Colciencias. Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad de los Andes.
Constanza Díaz Grajales, Enfermera, Magíster en Salud Pública, Investiadora CEDETES, profesora Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle.
Janeth Mosquera Becerra, Trabajadora Social, Master en Epidemiología y Doctorado en Sociología (inequidades sociales y salud), Profesora de la Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle.
Luis Camilo Blanco Becerra. Ingeniero Ambiental y Sanitario. Msc Salud Ambiental. Docente Maestria Salud Publica. Universidad Santo Tomas.
Sandra Paola Pérez Leiva, Microbióloga Universidad de los Andes, MSc Environmental Sciences ETH Zürich.
Carlos Federico Molina Castaño, Médico, Especialista en Psicología Clínica, Especialista en Salud Ocupacional, Doctor en Epidemiolgia. Profesor universitario.
Rodrigo Sarmiento Suárez, Médico, Magister en Salud Pública y Epidemiología, Profesor del Área de Salud y Sociedad, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Investigador Asociado Colciencias, Miembro del Consejo Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental (ISEE).
Aanh Eduardo DImate García, FIsioterapeuta, Esp. Epidemiología, Esp en GSST, Magíster en Salud Pública y Desarrollo Social, Est. de Doctorado en Ciencias de la educación, profesor UniAndina.
Luis Jorge Hernández Florez , Médico, Magister en Salud Pública, PhD en Salud Pública. Investigador Senior Colciencias, Profesor Asociado y Coordinador Área de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.
María Fernanda Cely García, Ecóloga, con maestría en ingeniería, PhD en Ingeniería. Investigadora Junior de Colciencias. Investigadora Postdoctoral de la Faculta de Ingeniería de la Universidad de Los Andes.