Hace pocos días (el 29.12.2021), se cumplieron 25 años de una esperanza convertida en desilusión. Hablo de los acuerdos de paz, firmados en 1996, en Guatemala.
La experiencia de este vecino país y sus paralelos con Colombia —como son por ejemplo un Estado en manos de élites corruptas, un ejército autor de una larga lista de crímenes de lesa humanidad, discriminación, altos índices de impunidad, obstrucción a la justicia, ataques contra defensores de derechos humanos, gobiernos conservadores no solo negacionistas y relativistas que se oponen a la verdad, sino que también han contribuido o propiciado el debilitamiento de las instituciones de la paz— deberían mirarse de cerca sobre todo en vísperas de elecciones presidenciales en el país andino.
El desarrollo posterior a la firma de los acuerdos de paz en 1996 en Guatemala y las causas de una guerra de 36 años (1960-1996), en la que sobre todo la población indígena, afrodescendiente y en mayor medida las mujeres y niñas sufrieron las peores consecuencias, tiene muchas similitudes con la situación colombiana. Los dos países han sido condenados varias veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ambos casos las sentencias condenatorias están aún pendientes de ser cumplidas a cabalidad.
Los acuerdos en Guatemala conllevaron importantes avances, como por ejemplo el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMIH) que aportó gran parte de verdad al país; la conformación desde la sociedad civil de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala -FAFG- que permitió dar con el paradero de varios de los más de 45.000 desaparecidos forzosamente (en muchos casos encontrados muy cerca de guarniciones militares); la creación de La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- como un órgano independiente de carácter internacional para el fortalecimiento de la Justicia Ordinariay otras instituciones del Estado y que develó muy importantes casos de corrupción y crimen desde el Estado;así como la conformación de la Secretaría de la Paz(SEPAZ), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), para mencionar algunas. Y en cuanto a justicia transicional, se llevaron a cabo casos emblemáticos que reflejan que sí es posible tener justicia dentro del país como un paso indispensable hacia la reconciliación y la paz.
Estos avances generaron un valioso desarrollo en términos de sociedad civil en los últimos 25 años. Hoy la gente en Guatemala sabe cómo las élites y los militares se han apropiado del Estado y aunque les falten las herramientas para combatirlo adecuadamente, tener la conciencia de su realidad es un logro fundamental.
Por todo esto resulta muy lamentable que la esperanza inicial se haya convertido hoy en una gran desilusión en Guatemala, y en todos los que apostamos a la paz, debido a la falta de implementación del acuerdo por parte de los últimos gobiernos conservadores de 2015 y 2019.
En términos de justicia, el país enfrenta un gran retroceso que comenzó con la expulsión en 2019 de la CICIG y sucomisionado Iván Velásquez por el entonces presidente Jimmy Morales, amenazado por la eficiente labor de la institución. Todo con el ánimo de proteger el pacto de los corruptos como se le llama a esta red o simbiosis entre élites políticas y económicas con organizaciones ilegales, en la que la impunidad queda garantizada.
La obstrucción a la justicia se refleja también en el hecho de que varios juristas como las exfiscales generales de la Nación Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz, la magistrada constitucional Gloria Porras, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exdirector de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, o el exfiscal Andrei Gonzales del Ministerio Público hayan tenido que salir al exilio por haber obrado de manera ética dentro del aparato de justicia y haberse atravesado en el camino del pacto de los corruptos.
Si esto ocurre con los administradores de justicia, no es más esperanzador lo que acontece con la FAFG, organización cada vez más debilitada por la falta de donantes como reacción a la ausencia de juicios importantes por crímenes de guerra en los que las FAFG pueda aportar conocimientos, reconstrucciones y hechos que a su vez le den mayor visibilidad.
Así mismo, las principales instituciones de paz como fueron SEPAZ, SAA, y COPREDEH fueron disueltas por el ejecutivo en medio de la pandemia, de manera unilateral y sin participación de las víctimas y la ciudadanía.
Además, las medidas de aceptación y promoción de la identidad indígena al igual que la resolución de la tenencia de la tierra y los programas de apoyo socioeconómico como ejes de los acuerdos para subsanar las causas del conflicto siguen sin ser aplicadas.
Colombia está a menos de seis meses de las elecciones presidenciales. El gobierno actual ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para desprestigiar las instituciones producto de los acuerdos como son la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, La Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD-, los asesinatos de líderes sociales se han incrementado y la memoria se ha convertido en uno de los mayores campos de batalla, con un Centro Nacional de Memoria Histórica cuyo director tiene como prioridad hacer eco a la política del gobierno, al punto de llegar a negar que hubo conflicto interno en el país y restarles visibilidad a los casos de crímenes de Estado.
Colombia debería mirar más de cerca la experiencia de Guatemala y preguntarse si repetirá la misma desilusión o si, por el contrario, construirá sobre lo ya adquirido y asumirá la responsabilidad de moldear un futuro en el que la paz sea posible y se convierta en una historia de éxito para la región.
* Latinoamericanista / @HelenaUranBideg