Por María González*
Más allá de la discusión jurídica, consignar expresamente la prohibición del paramilitarismo tiene una función social fundamental en un país donde son muchos quienes llevan un paraco en su corazón. Dicho de otro modo, son muchísimos quienes aún no logran visualizar o comprender qué de criminal o delictivo tenían los casi cariñosamente denominados como “paras”.
En mis reflexiones sociales y políticas de carrera en carrera, es decir con los taxistas, recuerdo el comentario de uno de ellos que se quejaba del gobierno de Uribe, algo extraño por demás. La queja era no porque hubiera saboteado o escuchado ilegalmente a la oposición política, o por haber quitado la remuneración de las horas extras, o porque le hubiera cedido los subsidios de los campesinos a los hacendados vecinos… No. La queja era sorprendente: Uribe negoció con los paramilitares demasiado pronto. ¿Cómo así?, le pregunté. Aquí va su argumento: Si Uribe hubiera dejado seguir “ejerciendo” a los paramilitares, ahí si se hubiera acabado la guerrilla, o, en otras palabras, habrían definitivamente masacrado a esos criminales de ‘la FAR´ y asociados. Lo que le faltó a la guerra fue tiempo.
No es el único que piensa así. Hay de hecho una legitimación social y política extendida de los paramilitares. Recuérdese que a los paramilitares se les extendió la alfombra roja en el Congreso, y se les dio la palabra sin posibilidad de interpelación, cuando ni siquiera estaban en negociación, dícese eran ilegales y criminales del cotidiano ampliamente reconocidos… (y a decir verdad, mucho rechazo no es que se haya visto entre los no muy honorables).
La legitimidad adquirida por los ‘paras’ en amplios sectores sociales proviene de su leitmotiv como “autodefensas” en el enfrentamiento con el considerado gran enemigo de los colombianos: la guerrilla. Por eso el hecho de que en nombre de su invocada “justa lucha antisubversiva” masacraran a miles de pobladores civiles es asumido por mucho colombiano como un daño colateral o una “desviación” (eso sí, “abominable” recalca María I.).
Pero no fueron eso. Los paramilitares ejecutaron una práctica criminal sistemática la cual tuvo amparo social, político y militar. Les recuerdo frasecitas aún vigentes a propósito de las víctimas de los paramilitares como: “eso por algo habrá sido, el que nada debe nada teme, eso todos los de esas zonas son guerrilleros…” Ciertamente, los paramilitares, amparados inicialmente en la normatividad, la hicieron de maravilla: lograron transferir a sus víctimas la acusación y reprobación que debía caer con exclusividad sobre ellos. Pero también lograron decenas de alcaldes, gobernadores y congresistas elegidos, y peor aún, reelegidos a sabiendas de su prontuario criminal (y en recientes elecciones).
Adicionalmente, para los escépticos de la legitimación otorgada a los paramilitares sírvanse acudir a las sentencias de la CIDH y la de uno que otro tribunal nacional donde se constata la existencia de manzanas podridas por cajas. Tal cual.
El experimento de ceder o delegar en los ciudadanos el uso de las armas para su protección o para apoyar a la Fuerza Pública dio rienda suelta en la guerra a la canalización de intereses políticos, económicos y particulares muy diferentes a la pretendida auto – defensa. Ese “derecho” se tradujo en la eliminación sistemática de opositores políticos y líderes comunitarios, el despojo de tierras, el aniquilamiento de familias enteras, la salvaguarda de corredores de armas y drogas, entre otras bellezas. Basta con mirar las cifras de muertos de la época para comprobar que de su mano fue el más cruento y degradado momento de la guerra.
“Nos estaban defendiendo” o “que más podían hacer si el Estado no los protegía”, fungen como argumentos de una acción que amparada inicialmente en la legalidad, terminó por instaurar la guerra sucia como rasero de acción, y facilitó la cooptación del Estado con fines ilegales, lo que en plata blanca equivale a un continuo y todavía vigente concierto para delinquir desde las instituciones estatales. Los paras no fueron unos sacrificados ciudadanos que brindaron sus vidas por nosotros, y tranquilos, que los guerrilleros tampoco son simplemente héroes de la revolución y adalides de las buenas maneras, como lo pregonaron en sus orígenes.
La tarea del momento es la consolidación de la paz. Pero para alcanzarla es impostergable
desparamilitarizar el país, es decir, cortar muchos vínculos políticos y sociales que los legitiman, redes judiciales que los protegen (por módicas sumas) y consagrar al menos típico –idealmente- que aquí no hay permiso para armarse, y que eso de la “justicia por mano propia” no existe. De paso aprovecharía y añadiría un articulito que diga que el comunismo no es pecado ni ilegal ni criminal. En fin… Es hora de hacer una cirugía de corazón abierto…
*marianonimagonzalez@gmail.com
marianonimagonzalez.blogspot.com.co
@MarianonimaG
Por María González*
Más allá de la discusión jurídica, consignar expresamente la prohibición del paramilitarismo tiene una función social fundamental en un país donde son muchos quienes llevan un paraco en su corazón. Dicho de otro modo, son muchísimos quienes aún no logran visualizar o comprender qué de criminal o delictivo tenían los casi cariñosamente denominados como “paras”.
En mis reflexiones sociales y políticas de carrera en carrera, es decir con los taxistas, recuerdo el comentario de uno de ellos que se quejaba del gobierno de Uribe, algo extraño por demás. La queja era no porque hubiera saboteado o escuchado ilegalmente a la oposición política, o por haber quitado la remuneración de las horas extras, o porque le hubiera cedido los subsidios de los campesinos a los hacendados vecinos… No. La queja era sorprendente: Uribe negoció con los paramilitares demasiado pronto. ¿Cómo así?, le pregunté. Aquí va su argumento: Si Uribe hubiera dejado seguir “ejerciendo” a los paramilitares, ahí si se hubiera acabado la guerrilla, o, en otras palabras, habrían definitivamente masacrado a esos criminales de ‘la FAR´ y asociados. Lo que le faltó a la guerra fue tiempo.
No es el único que piensa así. Hay de hecho una legitimación social y política extendida de los paramilitares. Recuérdese que a los paramilitares se les extendió la alfombra roja en el Congreso, y se les dio la palabra sin posibilidad de interpelación, cuando ni siquiera estaban en negociación, dícese eran ilegales y criminales del cotidiano ampliamente reconocidos… (y a decir verdad, mucho rechazo no es que se haya visto entre los no muy honorables).
La legitimidad adquirida por los ‘paras’ en amplios sectores sociales proviene de su leitmotiv como “autodefensas” en el enfrentamiento con el considerado gran enemigo de los colombianos: la guerrilla. Por eso el hecho de que en nombre de su invocada “justa lucha antisubversiva” masacraran a miles de pobladores civiles es asumido por mucho colombiano como un daño colateral o una “desviación” (eso sí, “abominable” recalca María I.).
Pero no fueron eso. Los paramilitares ejecutaron una práctica criminal sistemática la cual tuvo amparo social, político y militar. Les recuerdo frasecitas aún vigentes a propósito de las víctimas de los paramilitares como: “eso por algo habrá sido, el que nada debe nada teme, eso todos los de esas zonas son guerrilleros…” Ciertamente, los paramilitares, amparados inicialmente en la normatividad, la hicieron de maravilla: lograron transferir a sus víctimas la acusación y reprobación que debía caer con exclusividad sobre ellos. Pero también lograron decenas de alcaldes, gobernadores y congresistas elegidos, y peor aún, reelegidos a sabiendas de su prontuario criminal (y en recientes elecciones).
Adicionalmente, para los escépticos de la legitimación otorgada a los paramilitares sírvanse acudir a las sentencias de la CIDH y la de uno que otro tribunal nacional donde se constata la existencia de manzanas podridas por cajas. Tal cual.
El experimento de ceder o delegar en los ciudadanos el uso de las armas para su protección o para apoyar a la Fuerza Pública dio rienda suelta en la guerra a la canalización de intereses políticos, económicos y particulares muy diferentes a la pretendida auto – defensa. Ese “derecho” se tradujo en la eliminación sistemática de opositores políticos y líderes comunitarios, el despojo de tierras, el aniquilamiento de familias enteras, la salvaguarda de corredores de armas y drogas, entre otras bellezas. Basta con mirar las cifras de muertos de la época para comprobar que de su mano fue el más cruento y degradado momento de la guerra.
“Nos estaban defendiendo” o “que más podían hacer si el Estado no los protegía”, fungen como argumentos de una acción que amparada inicialmente en la legalidad, terminó por instaurar la guerra sucia como rasero de acción, y facilitó la cooptación del Estado con fines ilegales, lo que en plata blanca equivale a un continuo y todavía vigente concierto para delinquir desde las instituciones estatales. Los paras no fueron unos sacrificados ciudadanos que brindaron sus vidas por nosotros, y tranquilos, que los guerrilleros tampoco son simplemente héroes de la revolución y adalides de las buenas maneras, como lo pregonaron en sus orígenes.
La tarea del momento es la consolidación de la paz. Pero para alcanzarla es impostergable
desparamilitarizar el país, es decir, cortar muchos vínculos políticos y sociales que los legitiman, redes judiciales que los protegen (por módicas sumas) y consagrar al menos típico –idealmente- que aquí no hay permiso para armarse, y que eso de la “justicia por mano propia” no existe. De paso aprovecharía y añadiría un articulito que diga que el comunismo no es pecado ni ilegal ni criminal. En fin… Es hora de hacer una cirugía de corazón abierto…
*marianonimagonzalez@gmail.com
marianonimagonzalez.blogspot.com.co
@MarianonimaG