Presidente Iván Duque: proteja a los activistas sociales
Por: Omaira Bolaños
El mundo tiene la mirada puesta en Colombia ahora que el nuevo presidente, Iván Duque, ha tomado posesión del cargo. Los grupos defensores de los derechos y los activistas por la paz están exhortando al gobierno a garantizar que tanto el proceso de paz como los líderes sociales del país estén protegidos.
Tras más de cinco décadas de guerra civil, mi país está experimentando el que podría ser uno de los procesos de paz más sangrientos en la historia moderna. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, más de 330 personas —incluidos líderes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas— han sido asesinadas desde comienzos de 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz. Tan solo en la primera mitad de este año, fueron asesinadas al menos 123 personas.
A principios de mayo, Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres, quienes se oponían a la construcción de la megapresa Hidroituango en sus tierras, fueron asesinados mientras un túnel obstruido casi ocasionó que la estructura a medio construir se derrumbara e inundara el valle a sus pies.
El 7 de julio, me uní a las miles de personas que se reunieron por todo el mundo en manifestaciones nocturnas, conocidas como “velatones”, que hacen un llamado a acabar con esta violencia política. Al día siguiente, otros dos líderes fueron asesinados y poco después más de una decena murieron a consecuencia de ataques con armas de fuego.
En medio de una presión cada vez mayor, el expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Duque firmaron un pacto para condenar la violencia.
Sin embargo, ninguno de los dos líderes ha llamado a este fenómeno por su nombre: asesinato sistemático de activistas políticos. Sin un diagnóstico correcto del problema, seguiremos paralizados en medio del derramamiento de sangre. Duque tiene que hacer de la paz —y de la seguridad de todos los colombianos— una prioridad de su gobierno.
Como muchos colombianos, he vivido la mayor parte de mi vida entre ciclos de conflictos armados e intentos de paz. Crecí escuchando historias de violencia en mi familia y siendo testigo de la miríada de formas en las que devastó comunidades en todo el país. Los más pobres y los habitantes de zonas rurales siempre han estado entre los más afectados por la violencia.
En noviembre de 2016, celebré el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las Farc. Me emocioné al unir mi voz con la de aquellos que decían sí a la paz y, por primera vez en muchos años, tuve esperanzas de que el cambio fuera posible.
Uno de los aspectos más inspiradores del proceso de paz fue ser testigo de cómo poblaciones silenciadas desde hacía muchas décadas por la violencia por fin pudieron ejercer sus derechos como ciudadanos. Pero, ahora, estos mismos líderes que han venido construyendo la paz desde sus territorios son blanco de ataques.
Los mapas que documentan estos asesinatos muestran una clara sobreposición con las regiones golpeadas con mayor fuerza por el conflicto armado, muchas de la cuales abarcan tierras que son propiedad colectiva de las comunidades locales. La Organización Nacional Indígena de Colombia ha documentado al menos 68 homicidios de miembros de comunidades indígenas y 5.730 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares.
En muchas áreas, el éxodo de los disidentes de las Farc ha creado un vacío de poder y luchas por el territorio. Las comunidades rurales están atrapadas en medio de una pelea cada vez mayor por los cultivos ilícitos, la minería ilegal y las rutas del tránsito de drogas. De los líderes asesinados en 2018, cinco de cada seis se relacionan con los mismos problemas fundamentales que siempre han alimentado la guerra: el acceso a la tierra y los recursos.
La propiedad de la tierra en Colombia es excepcionalmente desigual; una de las peores en el mundo. Cuando los ricos querían apoderarse de tierras para fines de desarrollo económico, se hacía a un lado a los pobladores que habían vivido en esas tierras durante generaciones, a menudo con violencia. Estos conflictos se volvieron un motivador importante para el levantamiento rebelde inicial en los años sesenta. Conforme la guerra continuaba, los habitantes rurales fueron despojados de sus tierras en conflictos entre los gobiernos locales, los grupos paramilitares, los terratenientes ricos, los traficantes de drogas y las empresas multinacionales.
La tierra fue uno de los primeros temas abordados en las negociaciones de paz. Ahí donde esfuerzos previos para redistribuir la tierra no habían logrado responder a las necesidades de los campesinos pobres, el acuerdo dio como resultado una reforma agraria integral y abordó conflictos históricos con la intención de fortalecer la manera en la que estos grupos gestionan sus territorios. El proceso de restitución de tierras ya está permitiendo regresar a casa a algunas poblaciones desplazadas anteriormente.
Sin embargo, la ejecución de los acuerdos de paz está siendo amenazada por una iteración del conflicto, una que tiene en la mira a los que son lo suficientemente valientes como para elevar sus voces y encabezar el proceso de restitución de la tierra y cambio social. La inseguridad de los derechos de propiedad exacerba esta competencia por la tierra y sus usos.
La protección de estos líderes —y los esfuerzos insignificantes para llevar a los asesinos ante la justicia— está vinculada con la protección y el reconocimiento de los derechos de sus comunidades. Esto incluye no solo la protección de su seguridad física, sino también el reconocimiento legal de las tierras y los recursos de los que han dependido para su supervivencia.
De manera asombrosa, la indignación de los funcionarios gubernamentales por estos asesinatos ha sido nula. Después del asesinato de Bernardo Cuero Bravo —líder de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados— los funcionarios minimizaron las amenazas que había enfrentado. No obstante, Cuero Bravo había solicitado protección del gobierno y se le negó.
Estos ataques están destruyendo las culturas y el tejido social de las poblaciones, y con ello hacen que la paz duradera sea inalcanzable. En una encuesta a 100 líderes comunitarios, el 92 por ciento dijo que cuando los activistas comunitarios son atacados o asesinados, sus organizaciones sufren para seguir adelante o no logran hacerlo, con lo cual no queda nadie para defender a las poblaciones rurales.
Todos aquellos que queremos la paz damos la bienvenida a los compromisos del presidente Duque. Sin embargo, se necesitan acciones específicas para proteger a las comunidades rurales, ya que las palabras no bastan para detener las balas. Implementar en su totalidad el acuerdo de paz reparará las injusticias y la violencia que las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas han experimentado durante los últimos cincuenta años, e incluso desde antes.
Sobre todo, se deben proteger los derechos y los medios de vida de todos estos grupos. En Colombia, las raíces de una paz duradera están entrelazadas con la tierra.
* Omaira Bolaños es antropóloga y directora del programa para América Latina de la Iniciativa para los Derechos y Recursos.
c.2018 New York Times News Service
Por: Omaira Bolaños
El mundo tiene la mirada puesta en Colombia ahora que el nuevo presidente, Iván Duque, ha tomado posesión del cargo. Los grupos defensores de los derechos y los activistas por la paz están exhortando al gobierno a garantizar que tanto el proceso de paz como los líderes sociales del país estén protegidos.
Tras más de cinco décadas de guerra civil, mi país está experimentando el que podría ser uno de los procesos de paz más sangrientos en la historia moderna. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, más de 330 personas —incluidos líderes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas— han sido asesinadas desde comienzos de 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz. Tan solo en la primera mitad de este año, fueron asesinadas al menos 123 personas.
A principios de mayo, Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres, quienes se oponían a la construcción de la megapresa Hidroituango en sus tierras, fueron asesinados mientras un túnel obstruido casi ocasionó que la estructura a medio construir se derrumbara e inundara el valle a sus pies.
El 7 de julio, me uní a las miles de personas que se reunieron por todo el mundo en manifestaciones nocturnas, conocidas como “velatones”, que hacen un llamado a acabar con esta violencia política. Al día siguiente, otros dos líderes fueron asesinados y poco después más de una decena murieron a consecuencia de ataques con armas de fuego.
En medio de una presión cada vez mayor, el expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Duque firmaron un pacto para condenar la violencia.
Sin embargo, ninguno de los dos líderes ha llamado a este fenómeno por su nombre: asesinato sistemático de activistas políticos. Sin un diagnóstico correcto del problema, seguiremos paralizados en medio del derramamiento de sangre. Duque tiene que hacer de la paz —y de la seguridad de todos los colombianos— una prioridad de su gobierno.
Como muchos colombianos, he vivido la mayor parte de mi vida entre ciclos de conflictos armados e intentos de paz. Crecí escuchando historias de violencia en mi familia y siendo testigo de la miríada de formas en las que devastó comunidades en todo el país. Los más pobres y los habitantes de zonas rurales siempre han estado entre los más afectados por la violencia.
En noviembre de 2016, celebré el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las Farc. Me emocioné al unir mi voz con la de aquellos que decían sí a la paz y, por primera vez en muchos años, tuve esperanzas de que el cambio fuera posible.
Uno de los aspectos más inspiradores del proceso de paz fue ser testigo de cómo poblaciones silenciadas desde hacía muchas décadas por la violencia por fin pudieron ejercer sus derechos como ciudadanos. Pero, ahora, estos mismos líderes que han venido construyendo la paz desde sus territorios son blanco de ataques.
Los mapas que documentan estos asesinatos muestran una clara sobreposición con las regiones golpeadas con mayor fuerza por el conflicto armado, muchas de la cuales abarcan tierras que son propiedad colectiva de las comunidades locales. La Organización Nacional Indígena de Colombia ha documentado al menos 68 homicidios de miembros de comunidades indígenas y 5.730 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares.
En muchas áreas, el éxodo de los disidentes de las Farc ha creado un vacío de poder y luchas por el territorio. Las comunidades rurales están atrapadas en medio de una pelea cada vez mayor por los cultivos ilícitos, la minería ilegal y las rutas del tránsito de drogas. De los líderes asesinados en 2018, cinco de cada seis se relacionan con los mismos problemas fundamentales que siempre han alimentado la guerra: el acceso a la tierra y los recursos.
La propiedad de la tierra en Colombia es excepcionalmente desigual; una de las peores en el mundo. Cuando los ricos querían apoderarse de tierras para fines de desarrollo económico, se hacía a un lado a los pobladores que habían vivido en esas tierras durante generaciones, a menudo con violencia. Estos conflictos se volvieron un motivador importante para el levantamiento rebelde inicial en los años sesenta. Conforme la guerra continuaba, los habitantes rurales fueron despojados de sus tierras en conflictos entre los gobiernos locales, los grupos paramilitares, los terratenientes ricos, los traficantes de drogas y las empresas multinacionales.
La tierra fue uno de los primeros temas abordados en las negociaciones de paz. Ahí donde esfuerzos previos para redistribuir la tierra no habían logrado responder a las necesidades de los campesinos pobres, el acuerdo dio como resultado una reforma agraria integral y abordó conflictos históricos con la intención de fortalecer la manera en la que estos grupos gestionan sus territorios. El proceso de restitución de tierras ya está permitiendo regresar a casa a algunas poblaciones desplazadas anteriormente.
Sin embargo, la ejecución de los acuerdos de paz está siendo amenazada por una iteración del conflicto, una que tiene en la mira a los que son lo suficientemente valientes como para elevar sus voces y encabezar el proceso de restitución de la tierra y cambio social. La inseguridad de los derechos de propiedad exacerba esta competencia por la tierra y sus usos.
La protección de estos líderes —y los esfuerzos insignificantes para llevar a los asesinos ante la justicia— está vinculada con la protección y el reconocimiento de los derechos de sus comunidades. Esto incluye no solo la protección de su seguridad física, sino también el reconocimiento legal de las tierras y los recursos de los que han dependido para su supervivencia.
De manera asombrosa, la indignación de los funcionarios gubernamentales por estos asesinatos ha sido nula. Después del asesinato de Bernardo Cuero Bravo —líder de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados— los funcionarios minimizaron las amenazas que había enfrentado. No obstante, Cuero Bravo había solicitado protección del gobierno y se le negó.
Estos ataques están destruyendo las culturas y el tejido social de las poblaciones, y con ello hacen que la paz duradera sea inalcanzable. En una encuesta a 100 líderes comunitarios, el 92 por ciento dijo que cuando los activistas comunitarios son atacados o asesinados, sus organizaciones sufren para seguir adelante o no logran hacerlo, con lo cual no queda nadie para defender a las poblaciones rurales.
Todos aquellos que queremos la paz damos la bienvenida a los compromisos del presidente Duque. Sin embargo, se necesitan acciones específicas para proteger a las comunidades rurales, ya que las palabras no bastan para detener las balas. Implementar en su totalidad el acuerdo de paz reparará las injusticias y la violencia que las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas han experimentado durante los últimos cincuenta años, e incluso desde antes.
Sobre todo, se deben proteger los derechos y los medios de vida de todos estos grupos. En Colombia, las raíces de una paz duradera están entrelazadas con la tierra.
* Omaira Bolaños es antropóloga y directora del programa para América Latina de la Iniciativa para los Derechos y Recursos.
c.2018 New York Times News Service