Por: Antonio Sanguino
Una bomba de tiempo está a punto de estallar en medio de la crisis del coronavirus: la de los migrantes. Más de un millón de migrantes en condición irregular están por fuera del alcance de los programas sociales. Lo estaban en tiempos normales y más aún en circunstancias de emergencia cuando las demandas sociales aumentan y los recursos parecen más escasos. Según Migración Colombia, a diciembre 31 del 2019, solo 745.085 del millón ochocientos mil de venezolanos en Colombia, habían regularizado su situación.
La ausencia de un estatus migratorio para la mayoría de la población migrante deriva en un cuadro especialmente preocupante. Las imágenes que presenciábamos a diario en calles y esquinas de nuestras ciudades se han vuelto más dramáticas porque este grupo se revela como materialmente imposibilitado para cumplir con la cuarentena ordenada por el Gobierno, las Alcaldías y Gobernaciones. Sin seguridad alimentaria, vivienda y condiciones sanitarias mínimas, los migrantes en condición irregular se exponen a situaciones de especial vulnerabilidad al contagio del COVID-19 y con ello se incrementan los riesgos para todos, en especial para la población de menores ingresos. Esta situación ha derivado en airosas y desesperadas reclamaciones en Bogotá y otras ciudades, algunas veces promovidas por intereses extraños a estas legítimas demandas.
Colombia ha visto cambiar su perfil migratorio en los últimos cinco años. De un país expulsor por razones económicas o por el conflicto armado, nos hemos transformado en un país receptor. Y ello nos sorprendió sin una ley migratoria, con una débil institucionalidad y con precarios recursos para atender una presión de movilidad humana mayor que la población siria recibida por Alemania. La regularización, así sea transitoria mediante la expedición de los Permisos Especiales de Permanencia PEP, va a paso de tortuga. Los sistemas de registro de la población migrante están en pañales, lo que nos priva de la identificación de quienes son retornados, en tránsito o establecidos.
El Presidente Iván Duque ha expedido más de 90 decretos con fuerza de ley, en virtud de la emergencia económica decidida el 17 de marzo, 34 relacionados directamente con la crisis por la pandemia y ninguna disposición en alguno de ellos para atender a los migrantes. Hasta ahora las medidas de emergencia social adicionan recursos y pretende ampliar coberturas de los marginales y típicos programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor y de ellos están claramente excluidos los migrantes. Según el DANE, el 90% de esta población labora en el sector informal y, de los 773 mil venezolanos regularizados, el 19.2% está desempleado, por lo que resulta excluido del registro en el sistema de seguridad social o en el SISBEN y por lo tanto de estos programas de asistencia social.
El coronavirus puede ser una oportunidad para superar buena parte de estas dificultades. El pasado 2 de abril, en una audiencia virtual con expertos, autoridades y organizaciones colombo-venezolanas que adelanté en el Senado de la Republica se concluyó en solicitarle al Presidente Duque expedir un Decreto Legislativo sobre Migración y Coronavirus que acelere la regularización, mejore los sistemas de información y registro, agilice la homologación de títulos de migrantes con formación en profesiones médicas para vincularlos a la atención de la pandemia, identifique ofertas sanitarias adecuadas con el acompañamiento de ACNUR y establezca un marco claro de competencias y recursos entre la nación y los entes territoriales. Es el Gobierno Nacional que debe hacer el mayor esfuerzo para desactivar esta bomba social.
Cuidar de la población migrante, no solo constituye una obligación moral, sino significa también proteger a todos. Los virus no diferencian nacionalidades. Tampoco deberíamos nosotros. Eso es lo inteligente.
Por: Antonio Sanguino
Una bomba de tiempo está a punto de estallar en medio de la crisis del coronavirus: la de los migrantes. Más de un millón de migrantes en condición irregular están por fuera del alcance de los programas sociales. Lo estaban en tiempos normales y más aún en circunstancias de emergencia cuando las demandas sociales aumentan y los recursos parecen más escasos. Según Migración Colombia, a diciembre 31 del 2019, solo 745.085 del millón ochocientos mil de venezolanos en Colombia, habían regularizado su situación.
La ausencia de un estatus migratorio para la mayoría de la población migrante deriva en un cuadro especialmente preocupante. Las imágenes que presenciábamos a diario en calles y esquinas de nuestras ciudades se han vuelto más dramáticas porque este grupo se revela como materialmente imposibilitado para cumplir con la cuarentena ordenada por el Gobierno, las Alcaldías y Gobernaciones. Sin seguridad alimentaria, vivienda y condiciones sanitarias mínimas, los migrantes en condición irregular se exponen a situaciones de especial vulnerabilidad al contagio del COVID-19 y con ello se incrementan los riesgos para todos, en especial para la población de menores ingresos. Esta situación ha derivado en airosas y desesperadas reclamaciones en Bogotá y otras ciudades, algunas veces promovidas por intereses extraños a estas legítimas demandas.
Colombia ha visto cambiar su perfil migratorio en los últimos cinco años. De un país expulsor por razones económicas o por el conflicto armado, nos hemos transformado en un país receptor. Y ello nos sorprendió sin una ley migratoria, con una débil institucionalidad y con precarios recursos para atender una presión de movilidad humana mayor que la población siria recibida por Alemania. La regularización, así sea transitoria mediante la expedición de los Permisos Especiales de Permanencia PEP, va a paso de tortuga. Los sistemas de registro de la población migrante están en pañales, lo que nos priva de la identificación de quienes son retornados, en tránsito o establecidos.
El Presidente Iván Duque ha expedido más de 90 decretos con fuerza de ley, en virtud de la emergencia económica decidida el 17 de marzo, 34 relacionados directamente con la crisis por la pandemia y ninguna disposición en alguno de ellos para atender a los migrantes. Hasta ahora las medidas de emergencia social adicionan recursos y pretende ampliar coberturas de los marginales y típicos programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor y de ellos están claramente excluidos los migrantes. Según el DANE, el 90% de esta población labora en el sector informal y, de los 773 mil venezolanos regularizados, el 19.2% está desempleado, por lo que resulta excluido del registro en el sistema de seguridad social o en el SISBEN y por lo tanto de estos programas de asistencia social.
El coronavirus puede ser una oportunidad para superar buena parte de estas dificultades. El pasado 2 de abril, en una audiencia virtual con expertos, autoridades y organizaciones colombo-venezolanas que adelanté en el Senado de la Republica se concluyó en solicitarle al Presidente Duque expedir un Decreto Legislativo sobre Migración y Coronavirus que acelere la regularización, mejore los sistemas de información y registro, agilice la homologación de títulos de migrantes con formación en profesiones médicas para vincularlos a la atención de la pandemia, identifique ofertas sanitarias adecuadas con el acompañamiento de ACNUR y establezca un marco claro de competencias y recursos entre la nación y los entes territoriales. Es el Gobierno Nacional que debe hacer el mayor esfuerzo para desactivar esta bomba social.
Cuidar de la población migrante, no solo constituye una obligación moral, sino significa también proteger a todos. Los virus no diferencian nacionalidades. Tampoco deberíamos nosotros. Eso es lo inteligente.