Arrastrado también él por una avalancha de opinión contra la clase política que ha escalado la cima de la corrupción, Álvaro Uribe induce la renuncia de Zuluaga a la candidatura de su partido, por hallarse éste inmerso en el escándalo Odebrecht. Aspira el senador a ganar así legitimidad para batirse en la campaña electoral, que arrancó pasando cuenta a la ladronera de todos los partidos. Pero la audacia del lance se trocó al punto en mero gesto de ocasión. Porque erigió en su lugar a María del Rosario Guerra, honorable cabeza de su bancada en el Senado, pero símbolo trágico de un círculo familiar que condensa, como pocos, la corrupción en la élite. No existe, por ventura, el delito de sangre en Colombia. Mas pesa como una roca en la sociedad la carga de la parentela cuando de figuras públicas se trata. Por lo demás, no le resultará fácil a Uribe fungir ahora como paladín de la decencia sin reconocer antes la responsabilidad política que le cabe por la venalidad de su Gobierno, el más corrupto de los últimos tiempos en Colombia.
Tío de la nueva candidata es Julio César Guerra Tulena, exgobernador de Sucre en cuya administración se selló negocio del chance con La Gata; y se pagaron $5.000 millones por medicamentos para enfermos mentales ficticios. Su hermano José fue condenado a prisión por enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad agravada. A su otro hermano, Antonio, se le acusó de supuestos vínculos con paramilitares. Y su primo Miguel, firmante del pacto de Ralito, fue condenado a prisión por concierto para delinquir.
Del corazón de Uribe, la familia Guerra es apenas una partícula de la atmósfera que rodeó aquel mandato. Descolló su Incoder por la legalización del despojo de tierras; al posesionarse como ministro de Agricultura en 2010, encontró Juan Camilio Restrepo que no se podía tomar allí ninguna decisión sin la venia tácita del paramilitarismo. Las cabezas de la Dirección Nacional de Estupefacientes y 13 parlamentarios feriaron entre familiares, amigos y testaferros centenares de bienes expropiados a las mafias del narcotráfico.
Caso aparte es el del DAS (adscrito a la Presidencia) por su presunta colaboración con el paramilitarismo auspiciada por el propio director, Jorge Noguera; y por promover asesinatos como el del profesor Correa D’Andreis, que al funcionario de marras le mereció 25 años de prisión. Pese a la ciega defensa del “buen muchacho” por el entonces presidente Uribe, y a su dramática declaración de que pondría por él las manos en el fuego. El DAS habría quedado al servicio del Bloque Norte de las Autodefensas. La cúpula del paramilitarismo tuvo a José Miguel Narváez, subdirector de la entidad y asesor del Gobierno Uribe, por ideólogo de cabecera.
También entran ahora a sala de maquillaje Germán Vargas y monseñor Ordóñez. Preparan sendas diatribas contra la indecencia, en lanzamiento de sus campañas presidenciales: hoy el primero; el segundo en abril, cuando encabece con Uribe y con María Luisa Piraquive la gran manifestación de Dios, Patria y Familia contra la corrupción. Pero nada dirá Vargas de su sociedad con decenas de políticos metidos con el delito y el crimen, como Kiko Gómez, condenado por asesinato a 53 años de prisión. Ni dirá cosa alguna el destituido procurador por haber dejado fenecer la investigación contra funcionarios del Gobierno Uribe sindicados de coimas y tratativas con Odebrecht. ¿Piensan Uribe, Vargas y Ordóñez que bastará con cambiar el empaque y ocultar la carroña debajo de la alfombra? ¿No temen castigo ejemplar del electorado, como el propinado al Polo? ¿Y qué dirá el presidente Santos si se prueba que su campaña de 2010 recibió $US400.000 en especie de la corrupta brasileña?
Arrastrado también él por una avalancha de opinión contra la clase política que ha escalado la cima de la corrupción, Álvaro Uribe induce la renuncia de Zuluaga a la candidatura de su partido, por hallarse éste inmerso en el escándalo Odebrecht. Aspira el senador a ganar así legitimidad para batirse en la campaña electoral, que arrancó pasando cuenta a la ladronera de todos los partidos. Pero la audacia del lance se trocó al punto en mero gesto de ocasión. Porque erigió en su lugar a María del Rosario Guerra, honorable cabeza de su bancada en el Senado, pero símbolo trágico de un círculo familiar que condensa, como pocos, la corrupción en la élite. No existe, por ventura, el delito de sangre en Colombia. Mas pesa como una roca en la sociedad la carga de la parentela cuando de figuras públicas se trata. Por lo demás, no le resultará fácil a Uribe fungir ahora como paladín de la decencia sin reconocer antes la responsabilidad política que le cabe por la venalidad de su Gobierno, el más corrupto de los últimos tiempos en Colombia.
Tío de la nueva candidata es Julio César Guerra Tulena, exgobernador de Sucre en cuya administración se selló negocio del chance con La Gata; y se pagaron $5.000 millones por medicamentos para enfermos mentales ficticios. Su hermano José fue condenado a prisión por enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad agravada. A su otro hermano, Antonio, se le acusó de supuestos vínculos con paramilitares. Y su primo Miguel, firmante del pacto de Ralito, fue condenado a prisión por concierto para delinquir.
Del corazón de Uribe, la familia Guerra es apenas una partícula de la atmósfera que rodeó aquel mandato. Descolló su Incoder por la legalización del despojo de tierras; al posesionarse como ministro de Agricultura en 2010, encontró Juan Camilio Restrepo que no se podía tomar allí ninguna decisión sin la venia tácita del paramilitarismo. Las cabezas de la Dirección Nacional de Estupefacientes y 13 parlamentarios feriaron entre familiares, amigos y testaferros centenares de bienes expropiados a las mafias del narcotráfico.
Caso aparte es el del DAS (adscrito a la Presidencia) por su presunta colaboración con el paramilitarismo auspiciada por el propio director, Jorge Noguera; y por promover asesinatos como el del profesor Correa D’Andreis, que al funcionario de marras le mereció 25 años de prisión. Pese a la ciega defensa del “buen muchacho” por el entonces presidente Uribe, y a su dramática declaración de que pondría por él las manos en el fuego. El DAS habría quedado al servicio del Bloque Norte de las Autodefensas. La cúpula del paramilitarismo tuvo a José Miguel Narváez, subdirector de la entidad y asesor del Gobierno Uribe, por ideólogo de cabecera.
También entran ahora a sala de maquillaje Germán Vargas y monseñor Ordóñez. Preparan sendas diatribas contra la indecencia, en lanzamiento de sus campañas presidenciales: hoy el primero; el segundo en abril, cuando encabece con Uribe y con María Luisa Piraquive la gran manifestación de Dios, Patria y Familia contra la corrupción. Pero nada dirá Vargas de su sociedad con decenas de políticos metidos con el delito y el crimen, como Kiko Gómez, condenado por asesinato a 53 años de prisión. Ni dirá cosa alguna el destituido procurador por haber dejado fenecer la investigación contra funcionarios del Gobierno Uribe sindicados de coimas y tratativas con Odebrecht. ¿Piensan Uribe, Vargas y Ordóñez que bastará con cambiar el empaque y ocultar la carroña debajo de la alfombra? ¿No temen castigo ejemplar del electorado, como el propinado al Polo? ¿Y qué dirá el presidente Santos si se prueba que su campaña de 2010 recibió $US400.000 en especie de la corrupta brasileña?