Héroe de la paz y villano de la política social. Terrible ambivalencia pesaría sobre el presidente Santos que hoy preside la disolución de las Farc, si a su turno objeta leyes de beneficio a los pensionados y perpetúa la seguridad social como coto de mercaderes: de las EPS en salud, de los fondos privados en pensiones. Para guardar proporción mínima con la inflexión histórica que la ceremonia de hoy encarna; para dar pasos ciertos en la construcción de un país distinto, debería empezar por sancionar dos proyectos que el Congreso aprobó esta semana: la ley que reduce el confiscatorio aporte a salud de los pensionados, y la que reduce semanas de cotización a pensión para mujeres que obtendrán ese derecho por debajo de dos salarios mínimos. La primera rescata la mesada en regla; la segunda compensa en parte la discriminación salarial contra la mujer.
Mas, como en catatónica respuesta a una fatalidad; como si la distribución del gasto público se labrara en piedra; como si estuviera Colombia condenada sin remedio a la privatización de su seguridad social, advirtió el ministro de Hacienda que las tales leyes le costarían al fisco $3,3 billones. Que plata no había. Y no faltó entre “los economistas” quien propusiera otra reforma tributaria (más IVA para el escuálido bolsillo) y echar mano de partidas que los maestros lograron para la educación pública. Y el Ministerio de Salud hizo la segunda. Que con ello se ahonda el hueco fiscal del sector, dijo, aunque nunca obligó el pago de los $9 billones que las EPS adeudan a los hospitales. Por su parte, los fondos privados de pensiones, tiburones en este mar bravío, vuelven a la carga con idéntica cantinela de tragedia fiscal. Tragedia es el haber convertido estos derechos en negocio de particulares, a quilómetros-luz del principio solidario que dio vida a la seguridad social en el mundo civilizado.
Tragedia la de los afiliados a esos fondos privados, que sólo pensionan a la mitad de sus cotizantes y, cuando lo logran, reciben mesadas equivalentes a la cuarta parte de los ingresos sobre los cuales se calculó su aporte. Escribe César Giraldo en Le Monde Diplomatique que el poder financiero propone abiertamente privatizar por completo el sistema de pensiones. Y es porque, visto el fraude perpetrado, ha habido desbandada de sus afiliados hacia Colpensiones. En 2016, la estampida fue de 200.000 personas. Y espera que todos caigan ahora como corderos en su corral, dizque para defenderlos de un sistema público insostenible. Pero, sostiene Giraldo, el alto costo fiscal es culpa de las AFP pues, mientras la mayoría de pensionados está en el sistema público, los activos financieros están en el privado. El uno paga las pensiones; el otro, atesora la plata. En 2016, los privados acumulaban activos financieros por $196 billones (22 % del PIB).
¿No se le ocurrirá al Gobierno ponerle mano al abuso y proteger a la ciudadanía? ¿O reducir siquiera a la mitad los $50 billones que alcanza al año la corrupción? ¿O poner a pagar impuestos a los potentados del campo, a las iglesias (Católica y cristianas)? ¿Quién responde por la defraudación de $17 billones en Reficar? ¿Hasta cuándo rigen los vergonzosos contratos de estabilidad tributaria y tarifas especiales en zonas francas? ¿Es esta clase dirigente incapaz de devolverle al Estado la iniciativa y el control directo de fondos destinados a salud y pensión, derechos fundamentales de la ciudadanía?
Plata hay; es que está mal repartida y robada. Si salió Santos victorioso en su osada guerra contra la guerra, ¿no querrá también apretarle el guante al abuso y al negocio que se tomaron los derechos sociales de los colombianos? ¿De quién espera la venia: de la OCDE?
Héroe de la paz y villano de la política social. Terrible ambivalencia pesaría sobre el presidente Santos que hoy preside la disolución de las Farc, si a su turno objeta leyes de beneficio a los pensionados y perpetúa la seguridad social como coto de mercaderes: de las EPS en salud, de los fondos privados en pensiones. Para guardar proporción mínima con la inflexión histórica que la ceremonia de hoy encarna; para dar pasos ciertos en la construcción de un país distinto, debería empezar por sancionar dos proyectos que el Congreso aprobó esta semana: la ley que reduce el confiscatorio aporte a salud de los pensionados, y la que reduce semanas de cotización a pensión para mujeres que obtendrán ese derecho por debajo de dos salarios mínimos. La primera rescata la mesada en regla; la segunda compensa en parte la discriminación salarial contra la mujer.
Mas, como en catatónica respuesta a una fatalidad; como si la distribución del gasto público se labrara en piedra; como si estuviera Colombia condenada sin remedio a la privatización de su seguridad social, advirtió el ministro de Hacienda que las tales leyes le costarían al fisco $3,3 billones. Que plata no había. Y no faltó entre “los economistas” quien propusiera otra reforma tributaria (más IVA para el escuálido bolsillo) y echar mano de partidas que los maestros lograron para la educación pública. Y el Ministerio de Salud hizo la segunda. Que con ello se ahonda el hueco fiscal del sector, dijo, aunque nunca obligó el pago de los $9 billones que las EPS adeudan a los hospitales. Por su parte, los fondos privados de pensiones, tiburones en este mar bravío, vuelven a la carga con idéntica cantinela de tragedia fiscal. Tragedia es el haber convertido estos derechos en negocio de particulares, a quilómetros-luz del principio solidario que dio vida a la seguridad social en el mundo civilizado.
Tragedia la de los afiliados a esos fondos privados, que sólo pensionan a la mitad de sus cotizantes y, cuando lo logran, reciben mesadas equivalentes a la cuarta parte de los ingresos sobre los cuales se calculó su aporte. Escribe César Giraldo en Le Monde Diplomatique que el poder financiero propone abiertamente privatizar por completo el sistema de pensiones. Y es porque, visto el fraude perpetrado, ha habido desbandada de sus afiliados hacia Colpensiones. En 2016, la estampida fue de 200.000 personas. Y espera que todos caigan ahora como corderos en su corral, dizque para defenderlos de un sistema público insostenible. Pero, sostiene Giraldo, el alto costo fiscal es culpa de las AFP pues, mientras la mayoría de pensionados está en el sistema público, los activos financieros están en el privado. El uno paga las pensiones; el otro, atesora la plata. En 2016, los privados acumulaban activos financieros por $196 billones (22 % del PIB).
¿No se le ocurrirá al Gobierno ponerle mano al abuso y proteger a la ciudadanía? ¿O reducir siquiera a la mitad los $50 billones que alcanza al año la corrupción? ¿O poner a pagar impuestos a los potentados del campo, a las iglesias (Católica y cristianas)? ¿Quién responde por la defraudación de $17 billones en Reficar? ¿Hasta cuándo rigen los vergonzosos contratos de estabilidad tributaria y tarifas especiales en zonas francas? ¿Es esta clase dirigente incapaz de devolverle al Estado la iniciativa y el control directo de fondos destinados a salud y pensión, derechos fundamentales de la ciudadanía?
Plata hay; es que está mal repartida y robada. Si salió Santos victorioso en su osada guerra contra la guerra, ¿no querrá también apretarle el guante al abuso y al negocio que se tomaron los derechos sociales de los colombianos? ¿De quién espera la venia: de la OCDE?