En efecto, todas son dignidades, debidamente registradas en la nomenklatura y nómina oficial con diferentes cargos y abultados emolumentos: senadores, representantes a la Cámara, concejales, ediles, alcaldes, contralores, personeros, según el decir de Julio Gómez, contratista, que admite haber pagado comisión en 30 contratos de varias administraciones de Bogotá, D.C.
Sí, colombianas y colombianas, Julio Gómez es el mismo contratista que no devolverá un solo peso ni concluirá el contrato de la malla vial del Distrito, por el cual y de un solo envión “se dio una comisión de 2.500 millones”, por un lado, y de 400 millones por otro, en la administración de Samuel Moreno.
Y no devolverá un céntimo ni pagará con cárcel ni construirá un solo metro de malla vial, porque la corrupción, igual que la contratación pública en Colombia, es parte vital de ese todo todopoderoso que es el sistema.
Y si así no fuese, nada tendría que “negociar” con la Fiscalía o los órganos de control o la justicia, un delincuente que confiesa su delito y lleva, debidamente registrados en su contabilidad, el valor de los sobornos y sus respectivos beneficiarios, delito tipificado, pagados con dineros públicos.
A menos que, la pena sobreviniente, sea contraprestada por la pena moral, el arrepentimiento, que en veces dice sentir y expresar el delincuente, independiente de si el tal arrepentimiento, pena o perdón, son eficientes.
Y, en el caso de Julio Gómez, es de pensar que el arrepentimiento haya sido razón suficiente para que su delito concluyera en negociación con la Fiscalía y su confesión causal de exoneración de cualquier responsabilidad penal, social, moral, de su manifiesto y aceptado quebrantamiento.
Y, como “el único modo de parar un poco este sistema corrupto es contar la verdad”, basta y sobra con la que ha contado Julio Gómez.
Su verdad acerca de los contratos otorgados, las comisiones pagadas, las dignidades que las recibieron, el monto de unos y de otras, y cuanto “verdad” crea Gómez puede ser útil y servirle para salir indemne y con patente de corso para volver por el premio gordo de nuevos contratos.
Porque si la corrupción y la contratación pública son parte de la institucionalidad y la gobernanza en Colombia, nada hace pensar en cosa distinta que a quienes ejercen una y otra, o las combinan, pueda o deba impedírseles, por muy delincuentes que sean, la segunda y demás oportunidades que el sistema otorga y garantiza con largueza a sus dignidades.
Y no solo en Bogotá, pues al decir del conturbado y arrepentido Gómez, “así funciona en todo el país”.
Aunque nada nuevo ha descubierto ni revelado este inculpado por peculado, interés ilícito y cohecho, que pueda erigirse en verdad redimible de su delito y relevarlo de culpa y condena, es parte del sistema.
Y eso basta para presumir su inocencia y “parar un poco este sistema corrupto”.
*Poeta
@CristoGarciaTap
En efecto, todas son dignidades, debidamente registradas en la nomenklatura y nómina oficial con diferentes cargos y abultados emolumentos: senadores, representantes a la Cámara, concejales, ediles, alcaldes, contralores, personeros, según el decir de Julio Gómez, contratista, que admite haber pagado comisión en 30 contratos de varias administraciones de Bogotá, D.C.
Sí, colombianas y colombianas, Julio Gómez es el mismo contratista que no devolverá un solo peso ni concluirá el contrato de la malla vial del Distrito, por el cual y de un solo envión “se dio una comisión de 2.500 millones”, por un lado, y de 400 millones por otro, en la administración de Samuel Moreno.
Y no devolverá un céntimo ni pagará con cárcel ni construirá un solo metro de malla vial, porque la corrupción, igual que la contratación pública en Colombia, es parte vital de ese todo todopoderoso que es el sistema.
Y si así no fuese, nada tendría que “negociar” con la Fiscalía o los órganos de control o la justicia, un delincuente que confiesa su delito y lleva, debidamente registrados en su contabilidad, el valor de los sobornos y sus respectivos beneficiarios, delito tipificado, pagados con dineros públicos.
A menos que, la pena sobreviniente, sea contraprestada por la pena moral, el arrepentimiento, que en veces dice sentir y expresar el delincuente, independiente de si el tal arrepentimiento, pena o perdón, son eficientes.
Y, en el caso de Julio Gómez, es de pensar que el arrepentimiento haya sido razón suficiente para que su delito concluyera en negociación con la Fiscalía y su confesión causal de exoneración de cualquier responsabilidad penal, social, moral, de su manifiesto y aceptado quebrantamiento.
Y, como “el único modo de parar un poco este sistema corrupto es contar la verdad”, basta y sobra con la que ha contado Julio Gómez.
Su verdad acerca de los contratos otorgados, las comisiones pagadas, las dignidades que las recibieron, el monto de unos y de otras, y cuanto “verdad” crea Gómez puede ser útil y servirle para salir indemne y con patente de corso para volver por el premio gordo de nuevos contratos.
Porque si la corrupción y la contratación pública son parte de la institucionalidad y la gobernanza en Colombia, nada hace pensar en cosa distinta que a quienes ejercen una y otra, o las combinan, pueda o deba impedírseles, por muy delincuentes que sean, la segunda y demás oportunidades que el sistema otorga y garantiza con largueza a sus dignidades.
Y no solo en Bogotá, pues al decir del conturbado y arrepentido Gómez, “así funciona en todo el país”.
Aunque nada nuevo ha descubierto ni revelado este inculpado por peculado, interés ilícito y cohecho, que pueda erigirse en verdad redimible de su delito y relevarlo de culpa y condena, es parte del sistema.
Y eso basta para presumir su inocencia y “parar un poco este sistema corrupto”.
*Poeta
@CristoGarciaTap