La semana pasada varios organismos internacionales se pronunciaron acerca de la elección de fiscal general por parte de la Corte Suprema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que “la ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar su independencia y autonomía”. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) habló de “la vital importancia de nombrar un nuevo fiscal general, con el fin de brindar certeza constitucional y política al país”. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia alentó a “la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de Fiscal en el menor tiempo posible”. Asimismo, las tres instancias le hicieron llamados al gobierno para brindar garantías y respetar la independencia de la justicia.
¡Quién dijo miedo!
De inmediato, se despachó a Washington una delegación del Centro Democrático para reclamarle al Secretario General de la OEA su intromisión. El expresidente César Gaviria, a su vez ex secretario general de la OEA, emitió un comunicado afirmando que la OEA “menoscaba la autonomía de la Corte Suprema y la separación de poderes”. Humberto de la Calle, usualmente equilibrado, escribió una carta a la OEA calificando sus conceptos como “absolutamente inaceptables” y “ajenas por completo a la realidad de nuestro país”. El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI), liderado por el excanciller Guillermo Fernández de Soto, expresó “profunda preocupación por la injerencia externa por diferentes organismos internacionales”. Hasta el nefasto exfiscal Néstor Humberto Martínez terció en el asunto calificándola como “una interferencia indebida”.
En medio del boroló, en un asunto totalmente distinto, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció la expulsión de su país del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Si bien se trata de una situación muy diferente a la nuestra, no deja de ser curioso que los términos utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro fueron los mismos de Gaviria, Fernández de Soto, et al: injerencia, intromisión, intervención indebida. Es también irónico que quienes ahora denuncian la intrusión foránea, en sus momentos gestaron las mayores injerencias externas en la historia colombiana: Gaviria, como presidente y su llamada apertura económica, y Fernández de Soto, como canciller de Pastrana y el Plan Colombia. Invocan la soberanía nacional cuando se trata de democracia o derechos humanos, pero hacen caso omiso cuando son asuntos comerciales o militares.
La elección de una nueva fiscal general es un asunto fundamental para la institucionalidad democrática de Colombia. Es cierto que la Corte Suprema no tiene un plazo establecido y en ocasiones anteriores se ha tomado hasta 16 meses. Eso sucedió en 2009-2010, cuando la Corte Suprema le devolvió al presidente Álvaro Uribe la terna porque los ternados eran demasiado próximos al gobierno y ninguno cumplía los requisitos de idoneidad. Sin embargo, la situación es muy diferente hoy. La terna que el presidente Gustavo Petro envió hace más de seis meses está compuesta por tres mujeres con hojas de vida intachables, todas aptas para asumir el importante cargo, independientes y ninguna cercana al presidente. A diferencia de Iván Duque que postuló a su amigote Francisco Barbosa, cuya gestión se caracterizó más por la vanidad que por la eficacia, como bien lo señala La Silla Vacía. Aunque el bochinche hace quince días frente al Palacio de Justicia, ondeando banderas del M19, fue altamente contraproducente, un papayazo que solo le sirvió a la revista Semana para hacer su portada, nada tiene que ver con la verdadera intimidación que la Corte Suprema sufrió en los años de Uribe, incluyendo chuzadas a los magistrados.
El incumplimiento por parte de la Corte Suprema del principio de celeridad que ordena la Constitución tiene una implicación aún más inconveniente y peligrosa: estamos en manos de la fiscal general (E) Martha Mancera, con indicios graves de favorecimiento a personas vinculadas al narcotráfico, bien documentados por la revista Cambio. La Fiscalía General es un socio institucional clave para los Estados Unidos en asuntos como intercambio judicial y extradición; tener al frente una persona provisional y cuestionada los debe tener muy incomodos. Tienen razón los organismos internacionales al expresar preocupación por la interinidad en una de las instituciones esenciales, no solo para el país, sino también para las relaciones internacionales.
La solución es sencilla: que la Corte Suprema al sesionar pasado mañana elija la nueva fiscal general, cumpliendo con su deber, para el bien del país.
***
Tuve la oportunidad hace unos años de compartir varios escenarios académicos con la venezolana Rocío San Miguel, una investigadora seria, comprometida con los derechos humanos, experta en asuntos militares, cuya información objetiva y análisis riguroso me permitió entender mejor la complejidad de los enfrentamientos armados que en ese entonces acontecían en Apure, frontera con Arauca. Su detención y la de sus familiares fue arbitraria y los cargos en su contra riñen con el carácter de la persona con quien traté. El gobierno colombiano, por canales públicos o reservados, debe exigir su inmediata liberación, tanto por razones humanitarias como por ser un acto que va en contravía del reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derecho Humanos, por el cual propende el presidente Petro.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz.
La semana pasada varios organismos internacionales se pronunciaron acerca de la elección de fiscal general por parte de la Corte Suprema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que “la ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar su independencia y autonomía”. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) habló de “la vital importancia de nombrar un nuevo fiscal general, con el fin de brindar certeza constitucional y política al país”. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia alentó a “la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de Fiscal en el menor tiempo posible”. Asimismo, las tres instancias le hicieron llamados al gobierno para brindar garantías y respetar la independencia de la justicia.
¡Quién dijo miedo!
De inmediato, se despachó a Washington una delegación del Centro Democrático para reclamarle al Secretario General de la OEA su intromisión. El expresidente César Gaviria, a su vez ex secretario general de la OEA, emitió un comunicado afirmando que la OEA “menoscaba la autonomía de la Corte Suprema y la separación de poderes”. Humberto de la Calle, usualmente equilibrado, escribió una carta a la OEA calificando sus conceptos como “absolutamente inaceptables” y “ajenas por completo a la realidad de nuestro país”. El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI), liderado por el excanciller Guillermo Fernández de Soto, expresó “profunda preocupación por la injerencia externa por diferentes organismos internacionales”. Hasta el nefasto exfiscal Néstor Humberto Martínez terció en el asunto calificándola como “una interferencia indebida”.
En medio del boroló, en un asunto totalmente distinto, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció la expulsión de su país del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Si bien se trata de una situación muy diferente a la nuestra, no deja de ser curioso que los términos utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro fueron los mismos de Gaviria, Fernández de Soto, et al: injerencia, intromisión, intervención indebida. Es también irónico que quienes ahora denuncian la intrusión foránea, en sus momentos gestaron las mayores injerencias externas en la historia colombiana: Gaviria, como presidente y su llamada apertura económica, y Fernández de Soto, como canciller de Pastrana y el Plan Colombia. Invocan la soberanía nacional cuando se trata de democracia o derechos humanos, pero hacen caso omiso cuando son asuntos comerciales o militares.
La elección de una nueva fiscal general es un asunto fundamental para la institucionalidad democrática de Colombia. Es cierto que la Corte Suprema no tiene un plazo establecido y en ocasiones anteriores se ha tomado hasta 16 meses. Eso sucedió en 2009-2010, cuando la Corte Suprema le devolvió al presidente Álvaro Uribe la terna porque los ternados eran demasiado próximos al gobierno y ninguno cumplía los requisitos de idoneidad. Sin embargo, la situación es muy diferente hoy. La terna que el presidente Gustavo Petro envió hace más de seis meses está compuesta por tres mujeres con hojas de vida intachables, todas aptas para asumir el importante cargo, independientes y ninguna cercana al presidente. A diferencia de Iván Duque que postuló a su amigote Francisco Barbosa, cuya gestión se caracterizó más por la vanidad que por la eficacia, como bien lo señala La Silla Vacía. Aunque el bochinche hace quince días frente al Palacio de Justicia, ondeando banderas del M19, fue altamente contraproducente, un papayazo que solo le sirvió a la revista Semana para hacer su portada, nada tiene que ver con la verdadera intimidación que la Corte Suprema sufrió en los años de Uribe, incluyendo chuzadas a los magistrados.
El incumplimiento por parte de la Corte Suprema del principio de celeridad que ordena la Constitución tiene una implicación aún más inconveniente y peligrosa: estamos en manos de la fiscal general (E) Martha Mancera, con indicios graves de favorecimiento a personas vinculadas al narcotráfico, bien documentados por la revista Cambio. La Fiscalía General es un socio institucional clave para los Estados Unidos en asuntos como intercambio judicial y extradición; tener al frente una persona provisional y cuestionada los debe tener muy incomodos. Tienen razón los organismos internacionales al expresar preocupación por la interinidad en una de las instituciones esenciales, no solo para el país, sino también para las relaciones internacionales.
La solución es sencilla: que la Corte Suprema al sesionar pasado mañana elija la nueva fiscal general, cumpliendo con su deber, para el bien del país.
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Tuve la oportunidad hace unos años de compartir varios escenarios académicos con la venezolana Rocío San Miguel, una investigadora seria, comprometida con los derechos humanos, experta en asuntos militares, cuya información objetiva y análisis riguroso me permitió entender mejor la complejidad de los enfrentamientos armados que en ese entonces acontecían en Apure, frontera con Arauca. Su detención y la de sus familiares fue arbitraria y los cargos en su contra riñen con el carácter de la persona con quien traté. El gobierno colombiano, por canales públicos o reservados, debe exigir su inmediata liberación, tanto por razones humanitarias como por ser un acto que va en contravía del reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derecho Humanos, por el cual propende el presidente Petro.
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz.