La clave no está en las preguntas de la consulta, sino en la reforma política.
A las promotoras de la consulta anticorrupción habría que preguntarles ante el confesonario de su conciencia: ¿volverían a poner las mismas siete preguntas?
Aunque en la profesión de político la honestidad intelectual es secundaria, les resultaría difícil sostener que no había mejores cartuchos para semejante inversión pública de energías y recursos.
En rigor, algunas preguntas apuntaron más a la impunidad que a la corrupción. Y otras simplemente a canalizar el descontento con la clase política.
Combatir las causas de la corrupción es una cosa y atacar las manifestaciones de la corrupcion, otra. En la consulta no hubo ni una pregunta enfocada en las causas.
La rebaja drástica del salario de los congresistas es un ejemplo. Les recortaría el dinero legal, cuando la raíz del problema es la financiación ilegal de su elección.
Pero la eficacia o redundancia del contenido de la consulta no importaba; solo su simbolismo anticorrupción.
Tan fuerte es el simbolismo que los medios después de mostrar la escasa afluencia de votantes no han recogido las voces que piden la publicación en línea de los formularios E10 y E11 para corroborar los once millones de votos.
Lo que hoy es una duda fundada podría dar lugar a que los sufragantes reafirmen o confirmen su voto en una página web y de paso opinen sobre las discusiones del pacto anticorrupción convocado por el presidente Duque.
La mesa técnica acordada por todos los partidos para consensuar los proyectos legislativos por presentar es un instrumento que ayudará a elevar la ética de la comunicación pública en este asunto, tan relajada en la fase populista.
La pregunta cuatro es otro ejemplo. Se vendió como “Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía”. La verdad, cualitativamente distinta, es que obligaba a “realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados (sic) decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y municipios”.
Ahora que pasó la campaña, tal vez puedan leerse con calma los argumentos de Juan Camilo Restrepo al respecto: es inconveniente y contraproducente. Sí hay que aumentar la participación ciudadana en la fijación y vigilancia de inversiones públicas, pero no así.
Si entramos a la etapa de un debate serio para un pacto anticorrupción es necesario reconocer que la reforma política es la principal reforma anticorrupción. Acabar el voto preferente cambiará la relación entre dinero y política, junto con una democracia interna sana en los partidos.
La segunda prueba ácida del pacto es sacar adelante este paquete estructural para 2022 (no alcanzan los tiempos para que sea obligatorio en 2019). Y la primera prueba ácida es acabar la mermelada en el presupuesto de 2019 sin una crisis de gobernabilidad.
El gobierno, además de amigable componedor, tiene las ideas y la credibilidad para liderar la discusión (y pacto) con un horizonte que vaya más allá de la corrupción de la clase política y prevea tandas normativas y ejecutivas, más razonadas, para atacar la corrupción diversificada en la sociedad colombiana.
Mientras, algunos conspicuos de la foto anticorrupción deberían al menos acercarse a Casa de Nariño para pedir que les quiten las entidades que dominan porque ellos no saben hacer otra cosa con la mermelada.
La clave no está en las preguntas de la consulta, sino en la reforma política.
A las promotoras de la consulta anticorrupción habría que preguntarles ante el confesonario de su conciencia: ¿volverían a poner las mismas siete preguntas?
Aunque en la profesión de político la honestidad intelectual es secundaria, les resultaría difícil sostener que no había mejores cartuchos para semejante inversión pública de energías y recursos.
En rigor, algunas preguntas apuntaron más a la impunidad que a la corrupción. Y otras simplemente a canalizar el descontento con la clase política.
Combatir las causas de la corrupción es una cosa y atacar las manifestaciones de la corrupcion, otra. En la consulta no hubo ni una pregunta enfocada en las causas.
La rebaja drástica del salario de los congresistas es un ejemplo. Les recortaría el dinero legal, cuando la raíz del problema es la financiación ilegal de su elección.
Pero la eficacia o redundancia del contenido de la consulta no importaba; solo su simbolismo anticorrupción.
Tan fuerte es el simbolismo que los medios después de mostrar la escasa afluencia de votantes no han recogido las voces que piden la publicación en línea de los formularios E10 y E11 para corroborar los once millones de votos.
Lo que hoy es una duda fundada podría dar lugar a que los sufragantes reafirmen o confirmen su voto en una página web y de paso opinen sobre las discusiones del pacto anticorrupción convocado por el presidente Duque.
La mesa técnica acordada por todos los partidos para consensuar los proyectos legislativos por presentar es un instrumento que ayudará a elevar la ética de la comunicación pública en este asunto, tan relajada en la fase populista.
La pregunta cuatro es otro ejemplo. Se vendió como “Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía”. La verdad, cualitativamente distinta, es que obligaba a “realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados (sic) decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y municipios”.
Ahora que pasó la campaña, tal vez puedan leerse con calma los argumentos de Juan Camilo Restrepo al respecto: es inconveniente y contraproducente. Sí hay que aumentar la participación ciudadana en la fijación y vigilancia de inversiones públicas, pero no así.
Si entramos a la etapa de un debate serio para un pacto anticorrupción es necesario reconocer que la reforma política es la principal reforma anticorrupción. Acabar el voto preferente cambiará la relación entre dinero y política, junto con una democracia interna sana en los partidos.
La segunda prueba ácida del pacto es sacar adelante este paquete estructural para 2022 (no alcanzan los tiempos para que sea obligatorio en 2019). Y la primera prueba ácida es acabar la mermelada en el presupuesto de 2019 sin una crisis de gobernabilidad.
El gobierno, además de amigable componedor, tiene las ideas y la credibilidad para liderar la discusión (y pacto) con un horizonte que vaya más allá de la corrupción de la clase política y prevea tandas normativas y ejecutivas, más razonadas, para atacar la corrupción diversificada en la sociedad colombiana.
Mientras, algunos conspicuos de la foto anticorrupción deberían al menos acercarse a Casa de Nariño para pedir que les quiten las entidades que dominan porque ellos no saben hacer otra cosa con la mermelada.