A finales del año pasado, Daron Acemoglu, del MIT, y James Robinson, de la Universidad de Chicago, publicaron The Narrow Corridor, un fantástico y recomendable libro sobre el estrecho corredor en que se mueven las sociedades prósperas y libres.
Con un modelo sencillo en su exposición, pero enormemente complejo de aplicar, explican que mantener ese corredor de progreso y libertad resulta de un delicado balance entre los poderes de los Estados y los de la sociedad civil, y dan ejemplos a través de la historia en donde esto ha funcionado y donde no. Los Estados tienen el poder de controlar a la sociedad civil a través de las fuerzas de la ley y el monopolio de las armas. Y a su vez la sociedad civil tiene el poder de controlar las fuerzas del Estado a través del acatamiento de esas leyes mediante el contrato social, pero siempre con una constante vigilancia, participación democrática, debate y crítica a los accionares del gobierno de turno.
Este modelo debería ser de obligatoria revisión en esta época cuando los gobiernos a escala mundial han ejercido un enorme despliegue de poder para dictar normas que afectan las libertades de la sociedad, colectivas e individuales. Lo importante, lo fundamental, es que esta natural tendencia al autoritarismo no se vuelva la norma y sea, también, parte de la coyuntura por la que atraviesa hoy el planeta por culpa del coronavirus. El dilema es que solamente el Estado es capaz de movilizar lo requerido para lograr superar una coyuntura como la actual, pero esas capacidades tienen que eventualmente volver a su cauce normal.
En Colombia, el estado de emergencia social y económica le dio facultades al presidente de la República para expedir decretos y promulgar aislamientos preventivos obligatorios. Engolosinarse con semejante poder es muy fácil. Fue positivo que desde la Casa de Nariño no ampliaran de manera automática la primera declaratoria de emergencia. Esperemos que ocurra algo similar con la actual.
A escala local se alcanzaron a percibir aromas de autoritarismo que, en caso de no ser controlados, se pueden salir de las manos y llevar a una desarticulación aún mayor de la que hoy existe entre el Estado central y los poderes locales. Prohibir del todo la circulación ciudadana durante fines de semana, cerrar peajes y fronteras para impedir el tránsito de la población así esté autorizada son acciones que no alivian, sino que asustan y confunden. Con la apertura gradual de la cuarentena se han ido disipando estas manifestaciones, pero aún estamos lejos de la normalidad.
La sociedad civil, a través de organizaciones como las universidades, los centros de pensamiento, los gremios y los medios de comunicación, juega un papel fundamental. La información y los datos son los mejores antídotos para levantar el velo de la incertidumbre. Hay que estar vigilantes, atentos y proponer soluciones documentadas y estudiadas, que permitan mantener el delicado balance entre la salud, por un lado, y la economía y las libertades individuales, por el otro.
Y aunque en un país tradicionalmente indisciplinado como el nuestro sea difícil la autorregulación, gracias a lo que hemos aprendido de lo que significa infectarse con el virus, debería ser cada vez más la norma y menos la excepción. Lo ideal sería tener menos intervenciones del Estado y más intervenciones individuales para evitar el contagio del virus.
Colombia no se distingue por tener un corredor —en palabras de Acemoglu y Robinson— muy amplio, robusto o fuerte, particularmente en muchas zonas del territorio por fuera de los grandes centros urbanos. No es hora de bajar la guardia en la vigilancia de las actuaciones de unos poderes que, por su naturaleza, tienden hacia el autoritarismo.
A finales del año pasado, Daron Acemoglu, del MIT, y James Robinson, de la Universidad de Chicago, publicaron The Narrow Corridor, un fantástico y recomendable libro sobre el estrecho corredor en que se mueven las sociedades prósperas y libres.
Con un modelo sencillo en su exposición, pero enormemente complejo de aplicar, explican que mantener ese corredor de progreso y libertad resulta de un delicado balance entre los poderes de los Estados y los de la sociedad civil, y dan ejemplos a través de la historia en donde esto ha funcionado y donde no. Los Estados tienen el poder de controlar a la sociedad civil a través de las fuerzas de la ley y el monopolio de las armas. Y a su vez la sociedad civil tiene el poder de controlar las fuerzas del Estado a través del acatamiento de esas leyes mediante el contrato social, pero siempre con una constante vigilancia, participación democrática, debate y crítica a los accionares del gobierno de turno.
Este modelo debería ser de obligatoria revisión en esta época cuando los gobiernos a escala mundial han ejercido un enorme despliegue de poder para dictar normas que afectan las libertades de la sociedad, colectivas e individuales. Lo importante, lo fundamental, es que esta natural tendencia al autoritarismo no se vuelva la norma y sea, también, parte de la coyuntura por la que atraviesa hoy el planeta por culpa del coronavirus. El dilema es que solamente el Estado es capaz de movilizar lo requerido para lograr superar una coyuntura como la actual, pero esas capacidades tienen que eventualmente volver a su cauce normal.
En Colombia, el estado de emergencia social y económica le dio facultades al presidente de la República para expedir decretos y promulgar aislamientos preventivos obligatorios. Engolosinarse con semejante poder es muy fácil. Fue positivo que desde la Casa de Nariño no ampliaran de manera automática la primera declaratoria de emergencia. Esperemos que ocurra algo similar con la actual.
A escala local se alcanzaron a percibir aromas de autoritarismo que, en caso de no ser controlados, se pueden salir de las manos y llevar a una desarticulación aún mayor de la que hoy existe entre el Estado central y los poderes locales. Prohibir del todo la circulación ciudadana durante fines de semana, cerrar peajes y fronteras para impedir el tránsito de la población así esté autorizada son acciones que no alivian, sino que asustan y confunden. Con la apertura gradual de la cuarentena se han ido disipando estas manifestaciones, pero aún estamos lejos de la normalidad.
La sociedad civil, a través de organizaciones como las universidades, los centros de pensamiento, los gremios y los medios de comunicación, juega un papel fundamental. La información y los datos son los mejores antídotos para levantar el velo de la incertidumbre. Hay que estar vigilantes, atentos y proponer soluciones documentadas y estudiadas, que permitan mantener el delicado balance entre la salud, por un lado, y la economía y las libertades individuales, por el otro.
Y aunque en un país tradicionalmente indisciplinado como el nuestro sea difícil la autorregulación, gracias a lo que hemos aprendido de lo que significa infectarse con el virus, debería ser cada vez más la norma y menos la excepción. Lo ideal sería tener menos intervenciones del Estado y más intervenciones individuales para evitar el contagio del virus.
Colombia no se distingue por tener un corredor —en palabras de Acemoglu y Robinson— muy amplio, robusto o fuerte, particularmente en muchas zonas del territorio por fuera de los grandes centros urbanos. No es hora de bajar la guardia en la vigilancia de las actuaciones de unos poderes que, por su naturaleza, tienden hacia el autoritarismo.