Una perla más

Que la justicia en Colombia está en crisis lo sabemos hace rato. Ya se ha vuelto pan de cada día la politización de la rama. Desde jueces de despacho hasta magistrados de las altas cortes profieren fallos que en muchas ocasiones son difíciles de creer.

Que la justicia en Colombia está en crisis lo sabemos hace rato. Ya se ha vuelto pan de cada día la politización de la rama. Desde jueces de despacho hasta magistrados de las altas cortes profieren fallos que en muchas ocasiones son difíciles de creer.

La última perla corrió por cuenta de un juez en Bogotá, al fallar una tutela en donde reversa la medida tomada por el Gobierno Nacional de eliminar la prueba PCR para los viajeros internacionales que llegan al país. No se sabe qué es más lamentable, si el hecho de que un abogado interponga una tutela pretendiendo ser experto epidemiológico o el que un juez falle a su favor, sin ninguna evidencia ni soporte para ello.

El abogado dice que “… se evidencia que la negligencia del Estado, expresada en la supresión de la exigencia a los viajeros internacionales de contar con prueba PCR de COVID-19 negativa para el ingreso al país, expone la salud y la vida de la población en general”. Por supuesto que no se evidencia nada parecido. Independientemente de lo que piense uno de este Gobierno, no puede calificarse de negligente frente a la pandemia. La decisión de eliminar la prueba obedece a que exigirla no sirve para nada. El mayor vector de contagio en Colombia es local y comunitario, no proviene de viajeros internacionales.

El juez, por su parte, dice que “para el despacho, el Ministerio de Salud y Protección Social pone en riesgo la vida y la salud de la población colombiana al no exigir como requisito la prueba PCR de COVID-19 negativa a los viajeros que ingresan por vía aérea al país”. Nada más alejado de la realidad. No pedir la prueba no pone en riesgo la vida y salud de la población. Lo que sí la pone en riesgo es no seguir los protocolos de seguridad. O impedir la precaria recuperación de industrias como la de la aviación o el turismo. Y eso sin contar que hay que sacar US$200 o US$300 para hacerse la prueba. Que, valga decirlo, si tiene 96 horas de validez, sí que menos sirve.

Este fallo absurdo de una tutela absurda, que no soluciona absolutamente nada ni impide que el virus circule, plantea además varios interrogantes adicionales. ¿Se le puede negar la entrada a un ciudadano colombiano a su país por no tener la prueba? Si la respuesta es sí, ¿qué pasa si ese ciudadano no tiene permiso para quedarse en el país desde donde viaja? ¿Debe resignarse a quedarse como ilegal mientras consigue quién le haga una prueba? ¿Puede un empleado de una aerolínea asumir funciones migratorias e impedir que un ciudadano colombiano viaje a su país porque no tiene la prueba?

Este tipo de medidas lo único que logran, francamente, es joder a una ciudadanía ya suficientemente jodida por la pandemia. A veces pareciera que la institucionalidad en Colombia está diseñada para ello. Esto puede estar contribuyendo a que cada vez más se cuestionen fallos como el del juez en Bogotá. La justicia hay que respetarla y acatarla, pero quienes primero tienen que hacerlo son los mismos jueces, evitando fallos absurdos que lo único que hacen es minar la confianza de la ciudadanía en lo que es, tal vez, la institución más importante del Estado.