La ruptura de familias, debida a la aplicación de normas migratorias, desdice de un mundo que se ha querido mostrar como campeón de derechos fundamentales.
Irene Clennell apenas tuvo los minutos suficientes para llamar a su esposo y despedirse, desde un centro de detención del noreste de Inglaterra, en el que había pasado un tiempo, antes de que sorpresivamente la pusieran en un avión con destino a Singapur, con doce libras esterlinas en el bolsillo. Hacinada en los escasos metros del apartamento de un pariente, casi a once mil kilómetros de distancia, pudo contar que a la hora de su expulsión la trataron como si fuera una terrorista, ante los ojos de cientos de personas en el aeropuerto de Edimburgo, para quienes su apariencia de extranjera debió dar la impresión de que era objeto de un procedimiento justo y normal. Después de todo el trato vejatorio de alguien de su condición no despierta reacción como la que podría provocar tratamiento semejante hacia un típico ciudadano europeo.
La señora Clennell, que ahora es abuela de una nieta inglesa, luego de haber sido madre de dos hijos británicos, había llegado en 1988 al Reino Unido, seguramente cuando los guardias que la sacaron del país estaban en su temprana infancia. Se casó con un ciudadano británico y llegó a obtener permiso de permanecer en el país de manera indefinida. Error o no de su parte, jamás solicitó la nacionalidad pues su país de origen, Singapur, no permite la doble nacionalidad. Sus frecuentes ausencias, para pasar cierto tiempo en Singapur, en ocasiones con su esposo, o para atender a sus padres, que cometieron el error de demorarse demasiado en morir, trajeron como consecuencia la pérdida de su derecho indefinido a permanecer en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Sin que se haya vuelto antibritánica, y mientras reconoce sus errores en cuanto a la permanencia en el exterior, reclama sí por el trato del que fue objeto y por la aplicación estricta de las normas de inmigración por encima de consideraciones como las que corresponden a la necesidad de su unidad familiar. Según ella, a lo largo del trámite de su intento de recuperar el derecho a permanecer con su esposo y sus hijos en el hogar que formó, encontró todo tipo de trabas, bajo la forma de interpretaciones puntillosas que no le dieron campo para tener éxito, y terminaron con la decisión de sacarla del país.
Es entendible que Irene Clennell hable de su tragedia con dolor, dramatismo y pasión, y que sus dolientes consideren que las autoridades han hecho prevalecer, en su caso, la frialdad de las reglas de permanencia de extranjeros en un país, como demostración de fuerza sin consideraciones accesorias que termina por atentar contra la integridad de la institución familiar. El problema es que su caso, que no es aislado, contribuye a la impresión de que, en el mundo desarrollado, avanza un contagio que amenaza más que antes la condición de los migrantes, animado por la combinación, en diferentes lugares y proporciones, de ingredientes como el nacionalismo y la xenofobia, el uso de los procedimientos y la aplicación radical y extrema de normas que podrían ser entendidas de manera menos dañina para sus derechos fundamentales. Parecería como si se tratara del uso de una herramienta de disuasión para evitar que más personas llamen a la puerta de entrada de países que se consideran paraísos de la condición humana y del ejercicio de derechos y libertades de los que se han considerado campeones.
El derecho a estar en un lugar en condición de inmigrante, y a tener una familia mixta, colisiona cada vez más, y con mayor frecuencia, con el derecho de los Estados a tener en su territorio a quien les dé la gana. También una vez más, las naciones dominantes política y culturalmente contribuyen con su talante y su experiencia a crear uno u otro clima en el amplio escenario internacional, y a convertir en producto exportable el trato duro y difícil hacia los extranjeros, que va mucho más allá de problemas sencillos de deportación por incumplimiento de términos. Contagio que afecta también a naciones pequeñas animadas por rencores históricos que no han podido superar.
En los Estados Unidos, al ritmo de los argumentos y “verdades” del nuevo presidente, se presentan casos como el de Irene Clennell, por lo general en desmedro de familias con miembros latinoamericanos, pero el contagio avanza en la medida que, por ejemplo, se comienzan a producir actos discriminatorios que hasta ahora no habían aflorado contra latinos que siempre vivieron allí, y que comienzan ser tratados como jamás habrían imaginado, por parte de las personas más insospechadas de su propio entorno. Es como si muchos de sus antiguos amigos hubieran caído bajo el embrujo de argumentos como los que Jared Taylor, el editor de American Renaissance, presentó en una tormentosa entrevista con el periodista Jorge Ramos, de Univisión, en defensa de un país en el que los “blancos” deben permanecer en mayoría a cualquier precio.
También en Europa Oriental y los Balcanes, teatro de las peores muestras de nacionalismo a ultranza de nuestros días, crece cada día la amenaza de nuevas confrontaciones, al ritmo de acciones paramilitares como las del “Batallón Azov” de Ucrania, con su símbolo evocador de la esvástica, y con manifestaciones cada día más preocupantes de nacionalismo agresivo que se notan ya con murales y grafitis en las calles de Kosovo, Serbia, Montenegro y Bosnia.
Paradójicamente, el drama de la radicalización en el trato hacia los foráneos representa un peligro evidente para la subsistencia misma de países que alojan diferentes sentimientos nacionales. Como es el caso de la Gran Bretaña, donde cada desacierto, como el del trato a la señora Clennell, es aprovechado por los independentistas escoceses, que protestan ante la secretaria del Interior por orientar una política migratoria bajo el peligro de la miopía que impide a los conductores de vehículos que se mueven a alta velocidad saber a ciencia cierta qué les espera más adelante en el camino.
La ruptura de familias, debida a la aplicación de normas migratorias, desdice de un mundo que se ha querido mostrar como campeón de derechos fundamentales.
Irene Clennell apenas tuvo los minutos suficientes para llamar a su esposo y despedirse, desde un centro de detención del noreste de Inglaterra, en el que había pasado un tiempo, antes de que sorpresivamente la pusieran en un avión con destino a Singapur, con doce libras esterlinas en el bolsillo. Hacinada en los escasos metros del apartamento de un pariente, casi a once mil kilómetros de distancia, pudo contar que a la hora de su expulsión la trataron como si fuera una terrorista, ante los ojos de cientos de personas en el aeropuerto de Edimburgo, para quienes su apariencia de extranjera debió dar la impresión de que era objeto de un procedimiento justo y normal. Después de todo el trato vejatorio de alguien de su condición no despierta reacción como la que podría provocar tratamiento semejante hacia un típico ciudadano europeo.
La señora Clennell, que ahora es abuela de una nieta inglesa, luego de haber sido madre de dos hijos británicos, había llegado en 1988 al Reino Unido, seguramente cuando los guardias que la sacaron del país estaban en su temprana infancia. Se casó con un ciudadano británico y llegó a obtener permiso de permanecer en el país de manera indefinida. Error o no de su parte, jamás solicitó la nacionalidad pues su país de origen, Singapur, no permite la doble nacionalidad. Sus frecuentes ausencias, para pasar cierto tiempo en Singapur, en ocasiones con su esposo, o para atender a sus padres, que cometieron el error de demorarse demasiado en morir, trajeron como consecuencia la pérdida de su derecho indefinido a permanecer en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Sin que se haya vuelto antibritánica, y mientras reconoce sus errores en cuanto a la permanencia en el exterior, reclama sí por el trato del que fue objeto y por la aplicación estricta de las normas de inmigración por encima de consideraciones como las que corresponden a la necesidad de su unidad familiar. Según ella, a lo largo del trámite de su intento de recuperar el derecho a permanecer con su esposo y sus hijos en el hogar que formó, encontró todo tipo de trabas, bajo la forma de interpretaciones puntillosas que no le dieron campo para tener éxito, y terminaron con la decisión de sacarla del país.
Es entendible que Irene Clennell hable de su tragedia con dolor, dramatismo y pasión, y que sus dolientes consideren que las autoridades han hecho prevalecer, en su caso, la frialdad de las reglas de permanencia de extranjeros en un país, como demostración de fuerza sin consideraciones accesorias que termina por atentar contra la integridad de la institución familiar. El problema es que su caso, que no es aislado, contribuye a la impresión de que, en el mundo desarrollado, avanza un contagio que amenaza más que antes la condición de los migrantes, animado por la combinación, en diferentes lugares y proporciones, de ingredientes como el nacionalismo y la xenofobia, el uso de los procedimientos y la aplicación radical y extrema de normas que podrían ser entendidas de manera menos dañina para sus derechos fundamentales. Parecería como si se tratara del uso de una herramienta de disuasión para evitar que más personas llamen a la puerta de entrada de países que se consideran paraísos de la condición humana y del ejercicio de derechos y libertades de los que se han considerado campeones.
El derecho a estar en un lugar en condición de inmigrante, y a tener una familia mixta, colisiona cada vez más, y con mayor frecuencia, con el derecho de los Estados a tener en su territorio a quien les dé la gana. También una vez más, las naciones dominantes política y culturalmente contribuyen con su talante y su experiencia a crear uno u otro clima en el amplio escenario internacional, y a convertir en producto exportable el trato duro y difícil hacia los extranjeros, que va mucho más allá de problemas sencillos de deportación por incumplimiento de términos. Contagio que afecta también a naciones pequeñas animadas por rencores históricos que no han podido superar.
En los Estados Unidos, al ritmo de los argumentos y “verdades” del nuevo presidente, se presentan casos como el de Irene Clennell, por lo general en desmedro de familias con miembros latinoamericanos, pero el contagio avanza en la medida que, por ejemplo, se comienzan a producir actos discriminatorios que hasta ahora no habían aflorado contra latinos que siempre vivieron allí, y que comienzan ser tratados como jamás habrían imaginado, por parte de las personas más insospechadas de su propio entorno. Es como si muchos de sus antiguos amigos hubieran caído bajo el embrujo de argumentos como los que Jared Taylor, el editor de American Renaissance, presentó en una tormentosa entrevista con el periodista Jorge Ramos, de Univisión, en defensa de un país en el que los “blancos” deben permanecer en mayoría a cualquier precio.
También en Europa Oriental y los Balcanes, teatro de las peores muestras de nacionalismo a ultranza de nuestros días, crece cada día la amenaza de nuevas confrontaciones, al ritmo de acciones paramilitares como las del “Batallón Azov” de Ucrania, con su símbolo evocador de la esvástica, y con manifestaciones cada día más preocupantes de nacionalismo agresivo que se notan ya con murales y grafitis en las calles de Kosovo, Serbia, Montenegro y Bosnia.
Paradójicamente, el drama de la radicalización en el trato hacia los foráneos representa un peligro evidente para la subsistencia misma de países que alojan diferentes sentimientos nacionales. Como es el caso de la Gran Bretaña, donde cada desacierto, como el del trato a la señora Clennell, es aprovechado por los independentistas escoceses, que protestan ante la secretaria del Interior por orientar una política migratoria bajo el peligro de la miopía que impide a los conductores de vehículos que se mueven a alta velocidad saber a ciencia cierta qué les espera más adelante en el camino.