Las grandes compras de tierras en las zonas de reserva campesina por parte de inversionistas mediante argucias jurídicas han creado desconcierto. Las indecisiones del gobierno dejan en entredicho la normatividad que proclamaba que estas zonas son para los campesinos.
La ley 160 de 1994 estableció que las personas solo pueden tener una unidad de explotación familiar (UAF) de tamaño limitado. El espíritu de la ley ha sido deformado mediante el viejo procedimiento de fraccionamiento. Los grandes inversionistas han adquirido las propiedades campesinas mediante sociedades diversas que luego se reúnen para realizar explotaciones en grandes dimensiones.
La ley 160 se fundamentó en la teoría dominante de ese entonces. Durante mucho tiempo el sector agrícola se concibió sobre la creencia de que las explotaciones de menor tamaño son más productivas. Si bien es cierto que el rendimiento de la tierra es mayor en las explotaciones pequeñas, el efecto se compensa con creces por las economías de escala en la utilización de los factores de producción, como riego, tecnología y fertilizantes. En recientes estudios, se encuentra en múltiples cultivos que los costos totales tienden a ser menores en las unidades de mayor tamaño. A esto se adiciona la experiencia brasilera que logró en el Cerrado niveles de productividad en cereales y ganadería.
La impresión es que el Gobierno pretende cubrir las fallas de regulación y auditoria acogiendo las interpretaciones de los asesores y legitimando las propiedades con una nueva ley. Se ha abierto la tesis de que hay espacio para todos y que las explotaciones de diverso tamaño pueden coexistir, como si se tratara de una simple decisión oficial. La realidad es muy distinta. Debido a las economías de escala, los grandes productores están en capacidad de ofrecer los productos a menores precios y desplazar a los pequeños.
La salida por la vía de las exportaciones no pasa de ser una posibilidad remota. La productividad del país en los cereales y la ganadería está muy lejos de la internacional por el abandono de las últimas dos décadas, y ahora la diferencia se agrava por la revaluación y los subsidios de los socios del TLC. El propósito inmediato de los inversionistas es tomarse el mercado interno ofreciendo los productos por debajo de los competidores. No se puede desconocer que la agricultura es determinada en un alto grado por la demanda; los aumentos de productividad dan lugar a la caída de precios que reducen la rentabilidad de los cultivos. En este sentido, una cuantiosa expansión destinada al mercado interno resultaría ruinosa para el productor. La entrega de las empresas a las multinacionales se ha orientado primordialmente a sustituir la producción doméstica de materias primas por importaciones. Así, hoy el país importa 5 veces más que hace 10 años y a diario registra el desmantelamiento de la industria. No será fácil superar el letargo agrícola mientras no se esclarezca el dilema de los tamaños de propiedad. El conflicto sólo se puede superar con la presencia del Estado en los grandes proyectos y con la asistencia a los pequeños productores. No es algo que pueda realizarse con simples leyes dictadas sin conocimiento de causa. Se requiere conformar una gran empresa estatal con capacidad de realizar grandes proyectos en asociación con los privados y de proteger a los productores campesinos.
Las grandes compras de tierras en las zonas de reserva campesina por parte de inversionistas mediante argucias jurídicas han creado desconcierto. Las indecisiones del gobierno dejan en entredicho la normatividad que proclamaba que estas zonas son para los campesinos.
La ley 160 de 1994 estableció que las personas solo pueden tener una unidad de explotación familiar (UAF) de tamaño limitado. El espíritu de la ley ha sido deformado mediante el viejo procedimiento de fraccionamiento. Los grandes inversionistas han adquirido las propiedades campesinas mediante sociedades diversas que luego se reúnen para realizar explotaciones en grandes dimensiones.
La ley 160 se fundamentó en la teoría dominante de ese entonces. Durante mucho tiempo el sector agrícola se concibió sobre la creencia de que las explotaciones de menor tamaño son más productivas. Si bien es cierto que el rendimiento de la tierra es mayor en las explotaciones pequeñas, el efecto se compensa con creces por las economías de escala en la utilización de los factores de producción, como riego, tecnología y fertilizantes. En recientes estudios, se encuentra en múltiples cultivos que los costos totales tienden a ser menores en las unidades de mayor tamaño. A esto se adiciona la experiencia brasilera que logró en el Cerrado niveles de productividad en cereales y ganadería.
La impresión es que el Gobierno pretende cubrir las fallas de regulación y auditoria acogiendo las interpretaciones de los asesores y legitimando las propiedades con una nueva ley. Se ha abierto la tesis de que hay espacio para todos y que las explotaciones de diverso tamaño pueden coexistir, como si se tratara de una simple decisión oficial. La realidad es muy distinta. Debido a las economías de escala, los grandes productores están en capacidad de ofrecer los productos a menores precios y desplazar a los pequeños.
La salida por la vía de las exportaciones no pasa de ser una posibilidad remota. La productividad del país en los cereales y la ganadería está muy lejos de la internacional por el abandono de las últimas dos décadas, y ahora la diferencia se agrava por la revaluación y los subsidios de los socios del TLC. El propósito inmediato de los inversionistas es tomarse el mercado interno ofreciendo los productos por debajo de los competidores. No se puede desconocer que la agricultura es determinada en un alto grado por la demanda; los aumentos de productividad dan lugar a la caída de precios que reducen la rentabilidad de los cultivos. En este sentido, una cuantiosa expansión destinada al mercado interno resultaría ruinosa para el productor. La entrega de las empresas a las multinacionales se ha orientado primordialmente a sustituir la producción doméstica de materias primas por importaciones. Así, hoy el país importa 5 veces más que hace 10 años y a diario registra el desmantelamiento de la industria. No será fácil superar el letargo agrícola mientras no se esclarezca el dilema de los tamaños de propiedad. El conflicto sólo se puede superar con la presencia del Estado en los grandes proyectos y con la asistencia a los pequeños productores. No es algo que pueda realizarse con simples leyes dictadas sin conocimiento de causa. Se requiere conformar una gran empresa estatal con capacidad de realizar grandes proyectos en asociación con los privados y de proteger a los productores campesinos.