Corrupción y financiamiento de la política

La corrupción asociada a la financiación de la política tiene profundas implicaciones para la democracia.

Afecta la legitimidad del Estado, la gobernabilidad, la confianza de los ciudadanos en el sistema político y sus instituciones, y la capacidad estatal de garantizar derechos de la esencia de los regímenes democráticos, como el de elegir y ser elegido.

Son numerosos los ejemplos relacionados con esta perversa relación. Para mencionar sólo algunos, el caso Watergate, que le costó la Presidencia a Richard Nixon tras comprobarse que el espionaje a la sede nacional del Partido Demócrata se financió con recursos del fondo para su reelección, o el juicio al expresidente brasileño Fernando Collor de Mello, o las investigaciones más recientes contra el expresidente francés Nicolás Sarkozy. En Colombia, algunos de los más sonados son el Proceso 8.000 y numerosas investigaciones y algunas condenas contra congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales por el ingreso a sus campañas de recursos provenientes del narcotráfico y de grupos ilegales como los paramilitares, así como de lavado de activos.

A pesar de esto, la financiación de la política, en particular la proveniente de actores privados, no debe ser estigmatizada, ni el financiamiento público debe ser visto como la panacea, como lo demuestran países como México, donde prima esta última pero no son ajenos a fenómenos de corrupción relacionados con la financiación estatal. Ningún marco regulatorio garantiza, por sí mismo, su efectividad para evitar la corrupción en este espinoso tema. Esto es particularmente cierto en sistemas políticos como el colombiano, donde las instituciones, en especial las del orden subnacional, y los partidos políticos son débiles desde el punto de vista organizativo y de su institucionalidad, poco transparentes y propensos a la cooptación y captura.

Cualquiera que sea el esquema de financiación que se adopte, éste debe basarse en principios de máxima transparencia y publicidad sobre el origen y destino de los recursos, pluralismo, equidad, independencia frente al Estado y a intereses particulares. Y para lograrlo es indispensable la voluntad política de los partidos, de los financiadores privados, de la clase política y por supuesto del Gobierno para disminuir la dependencia de la actividad política del dinero.

Este tema adquiere particular relevancia en la actual coyuntura del país, cuando decenas de congresistas activos han sido cuestionados por el origen de los recursos utilizados para sus campañas y se analizan en el Congreso de la República proyectos de gran incidencia en el quehacer político, como la reforma del Estado o de equilibrio de poderes. El tema tampoco puede ser ajeno a los diálogos de La Habana, donde se están debatiendo temas relacionados con la participación política y electoral y el manejo de los recursos públicos necesarios para la construcción del posconflicto. Y mucho menos al proceso electoral de 2015, en el que se elegirán los mandatarios locales y regionales, muchos de los cuales tendrán la responsabilidad de diseñar e implementar las políticas, programas y proyectos que se deriven de los acuerdos de paz. Un debate serio sobre este tema no da espera.

La corrupción asociada a la financiación de la política tiene profundas implicaciones para la democracia.

Afecta la legitimidad del Estado, la gobernabilidad, la confianza de los ciudadanos en el sistema político y sus instituciones, y la capacidad estatal de garantizar derechos de la esencia de los regímenes democráticos, como el de elegir y ser elegido.

Son numerosos los ejemplos relacionados con esta perversa relación. Para mencionar sólo algunos, el caso Watergate, que le costó la Presidencia a Richard Nixon tras comprobarse que el espionaje a la sede nacional del Partido Demócrata se financió con recursos del fondo para su reelección, o el juicio al expresidente brasileño Fernando Collor de Mello, o las investigaciones más recientes contra el expresidente francés Nicolás Sarkozy. En Colombia, algunos de los más sonados son el Proceso 8.000 y numerosas investigaciones y algunas condenas contra congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales por el ingreso a sus campañas de recursos provenientes del narcotráfico y de grupos ilegales como los paramilitares, así como de lavado de activos.

A pesar de esto, la financiación de la política, en particular la proveniente de actores privados, no debe ser estigmatizada, ni el financiamiento público debe ser visto como la panacea, como lo demuestran países como México, donde prima esta última pero no son ajenos a fenómenos de corrupción relacionados con la financiación estatal. Ningún marco regulatorio garantiza, por sí mismo, su efectividad para evitar la corrupción en este espinoso tema. Esto es particularmente cierto en sistemas políticos como el colombiano, donde las instituciones, en especial las del orden subnacional, y los partidos políticos son débiles desde el punto de vista organizativo y de su institucionalidad, poco transparentes y propensos a la cooptación y captura.

Cualquiera que sea el esquema de financiación que se adopte, éste debe basarse en principios de máxima transparencia y publicidad sobre el origen y destino de los recursos, pluralismo, equidad, independencia frente al Estado y a intereses particulares. Y para lograrlo es indispensable la voluntad política de los partidos, de los financiadores privados, de la clase política y por supuesto del Gobierno para disminuir la dependencia de la actividad política del dinero.

Este tema adquiere particular relevancia en la actual coyuntura del país, cuando decenas de congresistas activos han sido cuestionados por el origen de los recursos utilizados para sus campañas y se analizan en el Congreso de la República proyectos de gran incidencia en el quehacer político, como la reforma del Estado o de equilibrio de poderes. El tema tampoco puede ser ajeno a los diálogos de La Habana, donde se están debatiendo temas relacionados con la participación política y electoral y el manejo de los recursos públicos necesarios para la construcción del posconflicto. Y mucho menos al proceso electoral de 2015, en el que se elegirán los mandatarios locales y regionales, muchos de los cuales tendrán la responsabilidad de diseñar e implementar las políticas, programas y proyectos que se deriven de los acuerdos de paz. Un debate serio sobre este tema no da espera.