Luchar contra la corrupción sin populismo ni improvisación

Las políticas que buscan resolver problemas estructurales y de impacto requieren continuidad para que produzcan resultados. Este es el caso, por ejemplo, de las acciones para enfrentar la corrupción. No solamente por tratarse de una problemática muy compleja, transversal a la sociedad, con múltiples causas, manifestaciones y efectos tanto económicos como políticos y sociales, sino por su carácter estructural.

Por ser uno de los problemas más graves de Colombia, muchos aspirantes al Congreso en las elecciones de marzo de 2018, y todos los candidatos presidenciales, hicieron propuestas para enfrentarlo. Algunas de ellas acertadas e innovadoras, otras que ya se venían implementando y otras populares, pero que no contribuyen a combatir este flagelo. Muy pocas dirigidas a profundizar políticas ya existentes, fortalecer entidades responsables de prevenir, investigar o sancionar hechos de corrupción e implementar leyes y normas que han comenzado a dar resultados.

En los últimos años Colombia tuvo avances importantes tanto en aspectos normativos como en cambios institucionales dirigidos a combatir la corrupción. Por ejemplo, se aprobó el Estatuto Anticorrupción (Ley 174 de 2014), la Política Integral Anticorrupción y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). El Estado colombiano asumió varios compromisos, entre ellos los relacionados con los ODS y con la OCDE en materia de lucha contra la corrupción, transparencia e integridad, algunos de los cuales ya se cumplieron y otros deben ser adoptados en los próximos años. En materia institucional, el Gobierno creó en 2011 Colombia Compra Eficiente, con el propósito, entre otros, de hacerle frente a la corrupción asociada a esta actividad; la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría han fortalecido y creado instancias especializadas para enfrentar el problema, y el Departamento Administrativo de la Función Pública desarrolló programas orientados a fortalecer la transparencia, la participación ciudadana, el control social y la integridad en la gestión pública, entre otros.

Sin embargo, promulgar nuevas leyes y crear instituciones no necesariamente disminuye la corrupción. Implementar y robustecer las que hay puede ser más eficaz y eficiente. Por ejemplo, la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia se debe fortalecer con recursos técnicos, financieros y administrativos para garantizar su independencia de intereses políticos y económicos particulares, y quien la dirija debe tener el perfil para servir de enlace con las más altas instancias del Estado. Otras medidas que han demostrado en otros países ser muy eficaces, como las declaraciones de conflictos de interés o las de bienes y rentas, o el control riguroso a la financiación de las campañas, ya existen. Sin embargo, las entidades, como el DAFP, que tiene la responsabilidad de llevar el registro de las declaraciones de bienes, o el CNE, de los ingresos y gastos de las campañas, no cuentan con los instrumentos para hacerles seguimiento y control, por lo que se vuelven inocuas.

Luchar contra la corrupción es una prioridad. Para hacerlo se requieren acciones prontas y contundentes, sin improvisación.

Las políticas que buscan resolver problemas estructurales y de impacto requieren continuidad para que produzcan resultados. Este es el caso, por ejemplo, de las acciones para enfrentar la corrupción. No solamente por tratarse de una problemática muy compleja, transversal a la sociedad, con múltiples causas, manifestaciones y efectos tanto económicos como políticos y sociales, sino por su carácter estructural.

Por ser uno de los problemas más graves de Colombia, muchos aspirantes al Congreso en las elecciones de marzo de 2018, y todos los candidatos presidenciales, hicieron propuestas para enfrentarlo. Algunas de ellas acertadas e innovadoras, otras que ya se venían implementando y otras populares, pero que no contribuyen a combatir este flagelo. Muy pocas dirigidas a profundizar políticas ya existentes, fortalecer entidades responsables de prevenir, investigar o sancionar hechos de corrupción e implementar leyes y normas que han comenzado a dar resultados.

En los últimos años Colombia tuvo avances importantes tanto en aspectos normativos como en cambios institucionales dirigidos a combatir la corrupción. Por ejemplo, se aprobó el Estatuto Anticorrupción (Ley 174 de 2014), la Política Integral Anticorrupción y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). El Estado colombiano asumió varios compromisos, entre ellos los relacionados con los ODS y con la OCDE en materia de lucha contra la corrupción, transparencia e integridad, algunos de los cuales ya se cumplieron y otros deben ser adoptados en los próximos años. En materia institucional, el Gobierno creó en 2011 Colombia Compra Eficiente, con el propósito, entre otros, de hacerle frente a la corrupción asociada a esta actividad; la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría han fortalecido y creado instancias especializadas para enfrentar el problema, y el Departamento Administrativo de la Función Pública desarrolló programas orientados a fortalecer la transparencia, la participación ciudadana, el control social y la integridad en la gestión pública, entre otros.

Sin embargo, promulgar nuevas leyes y crear instituciones no necesariamente disminuye la corrupción. Implementar y robustecer las que hay puede ser más eficaz y eficiente. Por ejemplo, la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia se debe fortalecer con recursos técnicos, financieros y administrativos para garantizar su independencia de intereses políticos y económicos particulares, y quien la dirija debe tener el perfil para servir de enlace con las más altas instancias del Estado. Otras medidas que han demostrado en otros países ser muy eficaces, como las declaraciones de conflictos de interés o las de bienes y rentas, o el control riguroso a la financiación de las campañas, ya existen. Sin embargo, las entidades, como el DAFP, que tiene la responsabilidad de llevar el registro de las declaraciones de bienes, o el CNE, de los ingresos y gastos de las campañas, no cuentan con los instrumentos para hacerles seguimiento y control, por lo que se vuelven inocuas.

Luchar contra la corrupción es una prioridad. Para hacerlo se requieren acciones prontas y contundentes, sin improvisación.