A que no me confundo

Felipe Jánica
05 de noviembre de 2018 - 05:00 a. m.

Ha sido una semana de muchas reacciones encontradas en Colombia. Con el anuncio de la ley de financiación, que no es más que una reforma tributaria, las reacciones han sido variopintas. Pero más que reacciones lo que hemos y seguiremos viviendo en los próximos meses serán emociones encontradas. Más allá del contenido de la ley o de la reforma, las emociones han salido a relucir por parte de todos. Por un lado los contradictores del gobierno que buscan protagonismo. Por otro, los seguidores e integrantes del gobierno que defienden la propuesta. En ambos costados, lo que prima, sin duda, es un sesgo que sirve de alimentador de emociones que si no se controlan terminarán por obviar lo que realmente es importante: El Estado colombiano y su visión de largo plazo.

En varias columnas anteriores he venido señalando la necesidad del país por cerrar brechas en materia económica y más que ello de la perdurabilidad del Estado. Cuando hablo de Estado hablo de todos los interesados claves (Stakeholders) en donde se destacan los ciudadanos de a pie, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales, proveedores de financiación, el gobierno de turno y los venideros, entre otros. Esto pone en evidencia la necesidad del Estado por hacer reformas estructurales. Estas reformas, independientemente de quién la proponga (el poder Legislativo o el Ejecutivo), deben abarcar holísticamente las necesidades y asuntos más problemáticos del Estado. Determinar qué es lo más importante o problemático del Estado no es un asunto difícil. Basta por ejemplo con tomar los reportes del índice global de competitividad del Foro Económico Mundial u otros reportes del Banco Mundial o cualquier índice de reconocido valor técnico para ponerse en la tarea de cerrar las brechas problemáticas del Estado.

Para ello seguramente se requerirá inversión del Estado, empezando por las decisiones que tome el gobierno de turno. Por ello y para evitar tantas emociones encontradas es necesario que los gobiernos o mejor el Estado se concentre en comunicar mejor las necesidades del Estado que son más problemáticas y cómo se cubrirán de manera controlada y perdurable. Estoy convencido que si el discurso se centra en las necesidades de largo plazo más los ciudadanos tendrán mejores elementos de juicio para apoyar o criticar cualquier iniciativa de recaudo impositivo. Es que en Colombia ya no se habla de cuál es la última reforma tributaria sino de cuáles son las últimas y cómo éstas se hablan entre sí. Es por eso que uno de los asuntos más problemáticos que tiene el Estado es la estructura tributaria tan compleja.

Dejar de lado entonces las discusiones que se fundamentan en emociones será la tarea de todos los ciudadanos. Es que es curioso observar al Gobierno como explican la necesidad o el porqué de dicha ley. Su argumento, comprensible por demás, es el déficit existente para cubrir necesidades en salud y educación básicamente. En el entretanto, hay ciudadanos de a pie que poco o nada de importancia aún le dan. Otros han comprendido los efectos de dicha ley a través de medios de comunicación y en el peor de los casos por comentarios en redes sociales. Otros, desde el punto de vista económico estamos los que pensamos que la reforma estructural del Estado es un mal necesario sí y solo sí realmente es estructural.

Lo cierto de la ley es que no es una reforma tributaria más. Es una reforma de corto plazo y que busca cerrar el déficit más de $19 billones. Algunos la catalogan como antitécnica y la entiendo así porque encarecerá el costo de vida y con ello se le traslada el reto al banco central a punta de política monetaria (manejo de inflación a punta de incrementos de tasas de interés interbancario). Las dudas que genera la ley de financiación en mi caso particular van más en cómo se financiará el Estado para hacer la supervisión y el recaudo usando tecnología de punta. Sino se piensa en ello, estoy seguro que se abre un espacio muy grande para la evasión y para alimentar la corrupción, que dicho sea de paso es el asunto más problemático que tiene el país del Sagrado Corazón.

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