Han pasado siete meses desde que supimos del primer caso de COVID-19 en el país. En ese momento pocos entendíamos la gravedad de lo que la pandemia sería para la humanidad y para cada uno de nosotros. No sabíamos entonces que la vida nos cambiaría para siempre. No solo en nuestros hábitos de higiene, sino en las consecuencias del aislamiento social y la salud mental. Y tal vez todavía no hemos logrado asimilar que el COVID-19 nos dejará secuelas de toda clase: neurosis, traumas, pérdidas de familiares, enfermedades mentales, pobreza y, por supuesto, temores fundados e inimaginables, cuyos estragos están todavía por verse.
Precisamente, por cuenta del coronavirus y las decisiones que ha tomado el presidente en el marco de la emergencia económica y sanitaria, los corruptos han aprovechado para llenarse los bolsillos con los recursos de todos los colombianos. Millones de ciudadanos en pobreza extrema no han recibido las ayudas del Estado, sencillamente porque se las están robando. De lejos la corrupción es mucho más grave que el COVID-19.
La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía han tratado de evitar que esa plata se pierda y han logrado importantes resultados. Sin embargo, los corruptos van más rápido que las autoridades. La Fiscalía tiene ya a muchos gobernadores y alcaldes presos e imputados. Igualmente, la Contraloría, gracias a las herramientas modernas que tiene (como la de ver la contratación en tiempo real), ha logrado evitar que se roben miles de millones de pesos.
Hay que destacar que el propio contralor general, Carlos Felipe Córdoba, discreta pero eficientemente, ha estado al frente de las investigaciones. A la fecha la Contraloría ha logrado detectar e investigar sobrecostos por $300.000 millones en contratos de alimentación; en créditos de Finagro, $200.000 millones; en sobrecostos de equipos médicos y material de bioseguridad, $500.000 millones, y ha enviado alertas por más de $6 billones. Ha logrado además que se renegocien contratos por $1,2 billones en seis meses, cuando antes se demoraban de tres a cuatro años para recuperar el 0,04 %. Estos datos en cualquier país del mundo serían un escándalo; infortunadamente los colombianos ya no nos impresionamos con eso. ¡Qué tristeza: nos acostumbramos a la maldita corrupción!
El fiscal general, Francisco Barbosa, y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, han hecho una muy importante labor para frenar a los corruptos. Otro tanto ha logrado el procurador general, Fernando Carrillo.
A pesar de los resultados, lo cierto es que los pícaros van más rápido que los organismos de control. A estos criminales no los disuaden las altas penas que consagra nuestra legislación penal para los corruptos. Un ejemplo de eso es que Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, tiene condenas por más de 90 años. Y eso no evita que los corruptos sigan llenándose los bolsillos a costa de millones de colombianos. ¡Maldita pandemia la de la corrupción!
Han pasado siete meses desde que supimos del primer caso de COVID-19 en el país. En ese momento pocos entendíamos la gravedad de lo que la pandemia sería para la humanidad y para cada uno de nosotros. No sabíamos entonces que la vida nos cambiaría para siempre. No solo en nuestros hábitos de higiene, sino en las consecuencias del aislamiento social y la salud mental. Y tal vez todavía no hemos logrado asimilar que el COVID-19 nos dejará secuelas de toda clase: neurosis, traumas, pérdidas de familiares, enfermedades mentales, pobreza y, por supuesto, temores fundados e inimaginables, cuyos estragos están todavía por verse.
Precisamente, por cuenta del coronavirus y las decisiones que ha tomado el presidente en el marco de la emergencia económica y sanitaria, los corruptos han aprovechado para llenarse los bolsillos con los recursos de todos los colombianos. Millones de ciudadanos en pobreza extrema no han recibido las ayudas del Estado, sencillamente porque se las están robando. De lejos la corrupción es mucho más grave que el COVID-19.
La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía han tratado de evitar que esa plata se pierda y han logrado importantes resultados. Sin embargo, los corruptos van más rápido que las autoridades. La Fiscalía tiene ya a muchos gobernadores y alcaldes presos e imputados. Igualmente, la Contraloría, gracias a las herramientas modernas que tiene (como la de ver la contratación en tiempo real), ha logrado evitar que se roben miles de millones de pesos.
Hay que destacar que el propio contralor general, Carlos Felipe Córdoba, discreta pero eficientemente, ha estado al frente de las investigaciones. A la fecha la Contraloría ha logrado detectar e investigar sobrecostos por $300.000 millones en contratos de alimentación; en créditos de Finagro, $200.000 millones; en sobrecostos de equipos médicos y material de bioseguridad, $500.000 millones, y ha enviado alertas por más de $6 billones. Ha logrado además que se renegocien contratos por $1,2 billones en seis meses, cuando antes se demoraban de tres a cuatro años para recuperar el 0,04 %. Estos datos en cualquier país del mundo serían un escándalo; infortunadamente los colombianos ya no nos impresionamos con eso. ¡Qué tristeza: nos acostumbramos a la maldita corrupción!
El fiscal general, Francisco Barbosa, y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, han hecho una muy importante labor para frenar a los corruptos. Otro tanto ha logrado el procurador general, Fernando Carrillo.
A pesar de los resultados, lo cierto es que los pícaros van más rápido que los organismos de control. A estos criminales no los disuaden las altas penas que consagra nuestra legislación penal para los corruptos. Un ejemplo de eso es que Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, tiene condenas por más de 90 años. Y eso no evita que los corruptos sigan llenándose los bolsillos a costa de millones de colombianos. ¡Maldita pandemia la de la corrupción!