Esta nueva empresa tiene las mismas deficiencias, o peores, que su antecesora Cafesalud, o que la abuela genética, Saludcoop. Lo que resulta inadmisible es la respuesta del superintendente de Salud Muñoz a la reclamación del procurador Carrillo, por la desatención y la negación de servicios a los pacientes heredados por la nueva prestadora en todo el territorio nacional. Con insolencia le contestó que no intervendrá a Medimás, a pesar de las quejas de los usuarios. Anunció que por ahora tendrá en “vigilancia especial” a Medimás, sin explicar en qué consiste esa figura.
El procurador había cuestionado la venta de Cafesalud a Prestasalud, sobre la base de las irregularidades de la licitación y la inexperiencia de la compradora en materia de aseguramiento.
En esta cadena Saludcoop-Cafesalud-Prestasalud-Medimás, el Gobierno ha procedido con desdeño, repudiando las voces de otras agencias del Estado, o de los actores y analistas del sector.
Desde que Alejandro Gaviria llegó al Ministerio de Salud, en 2012, ignoró las investigaciones de la contralora Morelli sobre el desfalco de Saludcoop, en cuantía de un billón 400.000 millones, argumentando que esa suma se requería para la prestación de servicios por esa EPS. Recientemente, la liquidadora de Cafesalud, Ángela María Echeverry, utilizó la misma estrategia en la distribución de los recursos provenientes de la venta.
Parecería que la gestión prioritaria de la venta fue disponer, como fuera, de 200.000 millones de pesos para devolver el préstamo que el Ministerio de Salud destinó para financiar a Cafesalud, cuando se liquidó Saludcoop y se trasladaron a esta EPS (del mismo grupo de Palacino) a los afiliados de la liquidada, el 1º de diciembre de 2015. Esta operación fue fallida porque Saludcoop, que era un costal roto, pretendió ser contenida en otro, igualmente roto, pero de menor tamaño, que solo resistió 17 meses. Quiere decir que la maniobra del Gobierno fue cortoplacista, como se anticipa que sucederá con la compradora Prestasalud y su EPS Medimás.
Si algo caracteriza las acciones del Ejecutivo en estas transacciones es la improvisación, porque el objetivo no ha sido el derecho fundamental a la salud y a la vida de los colombianos, sino que el sistema sobreagüe las repetidas crisis económicas originadas en el desfalco de los recursos y la avaricia que caracteriza a las entidades aseguradoras y prestadoras.
Desde el paso de Eduardo Montealegre por la Corte Constitucional se estableció que, una vez prestados los servicios de atención a los usuarios de las EPS, el sobrante del recaudo de la UPC (unidad de pago por capitación) pertenecería al patrimonio de las EPS. Semejante concepto pudo haber originado la negación de los servicios, cuya consecuencia fue elaborar mecanismos de dilación en el trámite de la prestación de servicios. Sobrevino así la avalancha de tutelas registradas, año tras año, por la Defensoría del Pueblo.
La relación de Eduardo Montealegre con Carlos Palacino, que implicó una asesoría profesional de buenos réditos, no hubiera trascendido si no fuera el fiscal general de la Nación en 2012, cuando la contralora Morelli descubrió el desfalco acontecido en Saludcoop. No solo se empeñó en una persecución sin límite contra la funcionaria, sino que él y su vicefiscal Perdomo engavetaron dicha denuncia.
Cuando se posesionó, el fiscal Martínez anunció que “en un mes habrá resultados en el caso de Saludcoop”. (Revista Semana, 8/4/2016). Después de varios intentos, la Fiscalía anunció que el 21 de septiembre el señor Palacino estaba citado a diligencia de indagatoria, para que responda por “el delito de peculado por apropiación”. (Caracol Radio, 13/9/2017). Mientras el país presencia el desprestigio de la rama judicial, sumida en la más repugnante corrupción, eEsta acción de la Fiscalía significaría el inicio de la reparación a los delitos de lesa humanidad que afectan en el sector salud la dignidad y la vida de los colombianos.
Esta nueva empresa tiene las mismas deficiencias, o peores, que su antecesora Cafesalud, o que la abuela genética, Saludcoop. Lo que resulta inadmisible es la respuesta del superintendente de Salud Muñoz a la reclamación del procurador Carrillo, por la desatención y la negación de servicios a los pacientes heredados por la nueva prestadora en todo el territorio nacional. Con insolencia le contestó que no intervendrá a Medimás, a pesar de las quejas de los usuarios. Anunció que por ahora tendrá en “vigilancia especial” a Medimás, sin explicar en qué consiste esa figura.
El procurador había cuestionado la venta de Cafesalud a Prestasalud, sobre la base de las irregularidades de la licitación y la inexperiencia de la compradora en materia de aseguramiento.
En esta cadena Saludcoop-Cafesalud-Prestasalud-Medimás, el Gobierno ha procedido con desdeño, repudiando las voces de otras agencias del Estado, o de los actores y analistas del sector.
Desde que Alejandro Gaviria llegó al Ministerio de Salud, en 2012, ignoró las investigaciones de la contralora Morelli sobre el desfalco de Saludcoop, en cuantía de un billón 400.000 millones, argumentando que esa suma se requería para la prestación de servicios por esa EPS. Recientemente, la liquidadora de Cafesalud, Ángela María Echeverry, utilizó la misma estrategia en la distribución de los recursos provenientes de la venta.
Parecería que la gestión prioritaria de la venta fue disponer, como fuera, de 200.000 millones de pesos para devolver el préstamo que el Ministerio de Salud destinó para financiar a Cafesalud, cuando se liquidó Saludcoop y se trasladaron a esta EPS (del mismo grupo de Palacino) a los afiliados de la liquidada, el 1º de diciembre de 2015. Esta operación fue fallida porque Saludcoop, que era un costal roto, pretendió ser contenida en otro, igualmente roto, pero de menor tamaño, que solo resistió 17 meses. Quiere decir que la maniobra del Gobierno fue cortoplacista, como se anticipa que sucederá con la compradora Prestasalud y su EPS Medimás.
Si algo caracteriza las acciones del Ejecutivo en estas transacciones es la improvisación, porque el objetivo no ha sido el derecho fundamental a la salud y a la vida de los colombianos, sino que el sistema sobreagüe las repetidas crisis económicas originadas en el desfalco de los recursos y la avaricia que caracteriza a las entidades aseguradoras y prestadoras.
Desde el paso de Eduardo Montealegre por la Corte Constitucional se estableció que, una vez prestados los servicios de atención a los usuarios de las EPS, el sobrante del recaudo de la UPC (unidad de pago por capitación) pertenecería al patrimonio de las EPS. Semejante concepto pudo haber originado la negación de los servicios, cuya consecuencia fue elaborar mecanismos de dilación en el trámite de la prestación de servicios. Sobrevino así la avalancha de tutelas registradas, año tras año, por la Defensoría del Pueblo.
La relación de Eduardo Montealegre con Carlos Palacino, que implicó una asesoría profesional de buenos réditos, no hubiera trascendido si no fuera el fiscal general de la Nación en 2012, cuando la contralora Morelli descubrió el desfalco acontecido en Saludcoop. No solo se empeñó en una persecución sin límite contra la funcionaria, sino que él y su vicefiscal Perdomo engavetaron dicha denuncia.
Cuando se posesionó, el fiscal Martínez anunció que “en un mes habrá resultados en el caso de Saludcoop”. (Revista Semana, 8/4/2016). Después de varios intentos, la Fiscalía anunció que el 21 de septiembre el señor Palacino estaba citado a diligencia de indagatoria, para que responda por “el delito de peculado por apropiación”. (Caracol Radio, 13/9/2017). Mientras el país presencia el desprestigio de la rama judicial, sumida en la más repugnante corrupción, eEsta acción de la Fiscalía significaría el inicio de la reparación a los delitos de lesa humanidad que afectan en el sector salud la dignidad y la vida de los colombianos.