Opacidad informal, despelote formal

EL GOBIERNO FINALMENTE SE DEcidió a intervenir una captación ilegal de fondos que venía practicándose desde hacía años, de manera pública y notoria.

El episodio ha evidenciado el gigantesco tamaño del problema. Si en el caso de las pirámides propiamente dichas los afectados dirigieron sus iras contra quienes los esquilmaron, en el de DMG las cosas han sido a otro precio. En efecto, hasta donde sé, esta captadora no le ha fallado a uno solo de sus clientes. Como las rentabilidades que ofrecía eran inverosímiles, es de suponer que más bien estaba asociada a diversas formas de blanqueo de dinero (por desgracia, esta diferencia crucial entre DMG y sus primas no fue notada a tiempo por los medios de comunicación ni por los funcionarios relevantes).

En todo el episodio, las fallas geológicas de la regulación estatal en Colombia quedan en evidencia. Primero, DMG pudo neutralizar a las entidades a las que debía rendir cuentas (como suelen hacerlo también agentes económicos legales; hay varios ejemplos de ello. Un buen académico podría hacer un trabajo de primera acerca de lo que ha ocurrido con las diversas superintendencias). Segundo, logró protegerse a través de favores y donaciones. Mi intuición es que en el nivel departamental la influencia del holding sobre el establecimiento político no es menor.

De hecho, podría haber influido en cambios legislativos que lo favorecían. Tercero, su clientela estaba concentrada en sectores sociales a los que aparentemente una porción significativa de nuestras élites políticas consideran que no es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, Néstor Humberto Martínez sugería en una entrevista que no estamos enfrentando un problema social propiamente dicho, pues la gran mayoría de los miembros de la red DMG pertenecen a los estratos 3 y 4. Hombre, yo lo veo precisamente al contrario (no creo, por lo demás, que la aserción sea exacta). El hecho de que una porción importante de la clase media esté metida en el ahorro informal es un hecho social de enorme entidad. En teoría, la clase media es el bastión de la estabilidad y la legalidad. La clase zanahoria por excelencia, como diría Mockus. ¿Qué pasa cuando esto cambia? ¿Qué pasa cuando a estas gentes se les evapora el patrimonio?

Por lo demás, la intervención estatal, si tardía, ha sido tremendamente reveladora en dos sentidos. Primero, una serie de medidas elementales —tendientes a acercar a la gente al sistema financiero formal a través de incentivos adecuados— eran muy fáciles de tomar. ¿Por qué no se adoptaron antes? Segundo, el nivel de improvisación involucrado en toda la operación revela que se intervino sin libreto. El ejemplo más obvio es haber ordenado una especie de concentración en el estadio El Campín, adonde gentes de Nariño y Putumayo tenían que acudir, ateridas de frío, a hacer filas interminables que les permitían cambiar sus flamantes tarjetas DMG por pálidos certificados que ven en el mejor de los casos como garantías de incertidumbre. Por lo menos las hubieran podido atender mejor, más cerca de sus casas. O de pronto la idea era simplemente irritarlas. Pues lo lograron.