Golpe en la torre

Desde la firma del contrato de concesión por veinte años entre Aerocivil y Opaín para la explotación, modernización y expansión del aeropuerto Eldorado, constantes han sido las controversias desatadas en torno a las múltiples indefiniciones que rodean el proceso, los desacuerdos en materia de diseños, el alcance de las obras y el manejo de los recursos públicos allí invertidos.

Sobrecostos, retrasos, improvisaciones y otras perlas de parecido calibre han estado acompañando el desarrollo de este proyecto, cuya ejecución no parece ceñirse a una estricta planeación, sino a las contingencias del momento. De ahí que la decisión de la Contraloría General de abrir investigación fiscal sobre eventuales irregularidades en la construcción de la torre de control y el Centro de Gestión Aeronáutica, y de dar traslado de los hallazgos a la Procuraduría, era bastante previsible.

El enredo de la torre arrancó desde el inicio mismo de su diseño. La Aerocivil desechó la propuesta más económica -la del concesionario Opaín-, para avalar la del consorcio español Ineco - $24 mil millones más costosa-, cuyo principal atractivo era su semejanza arquitectónica con una pieza de arte precolombino. Sus diseñadores nunca fueron vistos por Bogotá, y el resultado final del producto, cuyo costó osciló en $45 mil millones, se dice, fue fruto de un habilidoso trabajo asistido por computadora.

La adjudicación de la torre y del Centro Aeronáutico se hizo varios meses después –mañana se cumplirán dos años- en favor de consorcio colombo-español FCC Torre Muisca, con un plazo de entrega de 480 días. Las obras tendrían que haberse terminado en abril pasado, pero suman considerable retraso. El director de la Aeronáutica, Gustavo Lenis, calcula que el Centro podría recibirse hacia abril de 2015, y la torre estaría lista para finales de junio.

A la incertidumbre de su terminación, se agrega el incremento de los costos. El contrato inicial se pactó por $105.701 millones, pero tras dos adiciones por $12.376 millones, su valor se eleva a $118.077 millones, con altas posibilidades de que en su recta final devore otra tercera y jugosa tajada del presupuesto nacional.

La Contraloría detectó cinco hallazgos fiscales por valor de $7.836 millones y le sumó doce disciplinarios en los que podría estar comprometido su último exdirector, Santiago Castro. En su informe denuncia deficiencias en la planeación del proyecto, refiriéndose a la demora en su ejecución, y debilidades en el seguimiento y control sobre los estudios y diseños por parte de la entidad. Junto a las deficiencias e insuficiencias en planeación y estudios, se incluyen presuntos sobrecostos en los valores del diseño, dobles reconocimientos de pago y obras, también, doblemente ejecutadas.

La leyenda de El Dorado, con sus abundantes minas de oro, la revive nuestra cotidiana realidad. Se refleja en un aeropuerto de multimillonario costo, exprimido en sus recursos por causa de las improvisaciones y la ineficiencia administrativa. Al menos, eso es lo que sugiere la Contraloría al asestarle -y asestarnos- este primer golpe en la torre.

gsilvarivas@gmail.com