El 43 % de los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina entre 2015 y 2019 se perpetraron en Colombia: 397 de 933. O el 30 % del total mundial: 1.323. Así lo reportó el pasado 5 de marzo la relatora de Naciones Unidas sobre este tema en su informe anual al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Muy por detrás de Colombia le siguen Brasil, con 174 víctimas, y México, con 151. Según la relatora, “la cantidad de denuncias es mucho menor al número real de asesinatos” y una de cada dos víctimas registradas en 2019 trabajaba con comunidades en tierras, medio ambiente, repercusiones de actividades empresariales, pobreza, derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías. La mitad de los asesinatos de ambientalistas sucedieron en Colombia y Filipinas.
A su vez, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó igualmente ante el Consejo en Ginebra, el 25 de febrero, que en 2020 su Oficina en Colombia conoció 133 homicidios de personas defensoras y que “solo pudo documentar 53 casos y continúa verificando 80”. “El 9 % de las víctimas fueron mujeres; el 21 %, indígenas y el 4 %, afrodescendientes”. Estos asesinatos “ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente”: “el 91 %, en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional”. “De los casos verificados, el 25 % fueron presuntamente cometidos por grupos criminales” (es decir, paramilitares); 15 %, por disidentes de las Farc; 13 %, por el Eln, y 4 %, por integrantes de la Policía o del Ejército.
La impunidad estimula estas violaciones. La Oficina “acoge con satisfacción las 20 condenas dictadas en 2020 contra quienes asesinaron a personas defensoras de derechos humanos; mientras que otros 97 casos están en espera de decisiones judiciales a diciembre de 2020”. El informe invita a “fortalecer el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para mujeres” y a “garantizar la incorporación de los enfoques de género, étnico, intersectorial y territorial”. Recomienda “redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz” y “establecer una presencia integral más fuerte” del Estado. Además de la acción de la Fuerza Pública, hace falta redimir social y económicamente a las regiones abandonadas, a través de medidas colectivas eficaces, en concertación con las comunidades.
La Oficina coincide sin duda con la relatora, para quien “no existe un ataque más directo al espacio de la sociedad civil que el asesinato de defensores de los derechos humanos”, el cual “es una línea roja que ningún Estado ni actor no estatal debería cruzar jamás. Esos asesinatos pueden y deben evitarse”. ¿Cuándo y cuánto se cruzó esa línea roja en Colombia? Las autoridades parecen estar más ocupadas en ocultar dicha línea que en actuar frente a ella. Urge adoptar, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, “una política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales”, como lo ordena el Decreto-ley 153 de 2017, para que la sociedad civil y el Estado no desaparezcan por la vía del ocultamiento.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El 43 % de los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina entre 2015 y 2019 se perpetraron en Colombia: 397 de 933. O el 30 % del total mundial: 1.323. Así lo reportó el pasado 5 de marzo la relatora de Naciones Unidas sobre este tema en su informe anual al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Muy por detrás de Colombia le siguen Brasil, con 174 víctimas, y México, con 151. Según la relatora, “la cantidad de denuncias es mucho menor al número real de asesinatos” y una de cada dos víctimas registradas en 2019 trabajaba con comunidades en tierras, medio ambiente, repercusiones de actividades empresariales, pobreza, derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías. La mitad de los asesinatos de ambientalistas sucedieron en Colombia y Filipinas.
A su vez, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó igualmente ante el Consejo en Ginebra, el 25 de febrero, que en 2020 su Oficina en Colombia conoció 133 homicidios de personas defensoras y que “solo pudo documentar 53 casos y continúa verificando 80”. “El 9 % de las víctimas fueron mujeres; el 21 %, indígenas y el 4 %, afrodescendientes”. Estos asesinatos “ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente”: “el 91 %, en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional”. “De los casos verificados, el 25 % fueron presuntamente cometidos por grupos criminales” (es decir, paramilitares); 15 %, por disidentes de las Farc; 13 %, por el Eln, y 4 %, por integrantes de la Policía o del Ejército.
La impunidad estimula estas violaciones. La Oficina “acoge con satisfacción las 20 condenas dictadas en 2020 contra quienes asesinaron a personas defensoras de derechos humanos; mientras que otros 97 casos están en espera de decisiones judiciales a diciembre de 2020”. El informe invita a “fortalecer el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para mujeres” y a “garantizar la incorporación de los enfoques de género, étnico, intersectorial y territorial”. Recomienda “redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz” y “establecer una presencia integral más fuerte” del Estado. Además de la acción de la Fuerza Pública, hace falta redimir social y económicamente a las regiones abandonadas, a través de medidas colectivas eficaces, en concertación con las comunidades.
La Oficina coincide sin duda con la relatora, para quien “no existe un ataque más directo al espacio de la sociedad civil que el asesinato de defensores de los derechos humanos”, el cual “es una línea roja que ningún Estado ni actor no estatal debería cruzar jamás. Esos asesinatos pueden y deben evitarse”. ¿Cuándo y cuánto se cruzó esa línea roja en Colombia? Las autoridades parecen estar más ocupadas en ocultar dicha línea que en actuar frente a ella. Urge adoptar, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, “una política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales”, como lo ordena el Decreto-ley 153 de 2017, para que la sociedad civil y el Estado no desaparezcan por la vía del ocultamiento.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).