La pandemia nos está causando no solo un grave deterioro económico, sino que está poniendo de presente también graves deficiencias que padece nuestra sociedad, que ya habían sido advertidas a los anteriores gobiernos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Urge tomar medidas inmediatas para contener el daño durante el coronavirus, pero deben asimismo diseñarse correctivos para tener condiciones de desarrollo más equilibradas en el futuro frente al virus de la inequidad (o inequivirus).
En lo inmediato, la afectación del empleo y del aparato productivo es evidente. Si no habrá vacuna antes de un año, durante todo ese período una parte importante de la población estará seriamente limitada para generar ingresos. Numerosos negocios y empresas igualmente seguirán impedidos para producir y vender mercancías o prestar servicios. El Gobierno ha adoptado subsidios para algunas de las personas más necesitadas y una provisión de recursos para financiar el pago de nóminas y otros costos de funcionamiento de fábricas y establecimientos de comercio.
Sin embargo, destacados analistas económicos han advertido que el esfuerzo debe ser mayor. Los cálculos de gasto que el Gobierno está haciendo no van más allá de un horizonte de dos meses y no cubren a toda la población afectada. Si realmente se quiere evitar un colapso, sería necesario destinar recursos para subsidiar, durante todo el tiempo que dure la crisis, el empleo y el mantenimiento de las personas y empresas que deban cesar su actividad productiva. Será sin duda costoso, pero más costoso y quién sabe si factible sería reconstruir nuestra capacidad económica después de la quiebra de numerosas empresas y la desarticulación de valiosos equipos de trabajo. Si, por el contrario, se preservan las condiciones de subsistencia de empresarios y trabajadores durante el tiempo que sea necesario, habrá posibilidades de recuperar después el dinero invertido en este período de aislamiento.
En lo mediato, por lo que respecta al inequivirus, Colombia no puede continuar manteniendo a casi la mitad de su población en situación de informalidad. No es sano tolerar tampoco la enorme desigualdad de ingresos existente entre el 1 % más rico y las poblaciones más desfavorecidas. Urge un seguro de desempleo que cubra las necesidades básicas de numerosos individuos y una reforma tributaria que grave las grandes fortunas y permita desarrollar una política seria de redistribución del ingreso. De lo contrario, incluso quienes hoy se benefician de la desigualdad social sufrirán las consecuencias negativas de esa distorsión, pues una sociedad así no es viable a largo plazo.
Esto lo está poniendo en evidencia el coronavirus. Ya había sido percibido desde 1966, cuando se acogió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante el cual los Estados se comprometieron “a adoptar medidas, (…) hasta el máximo de los recursos de que disponga(n), para lograr progresivamente, (…) la plena efectividad” de tales derechos. Colombia aprobó el Pacto mediante la Ley 74 de 1968, hace 52 años. Es hora, por fin, de cumplir esas obligaciones y enfrentar el inequivirus, así sea por fuerza del coronavirus.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
La pandemia nos está causando no solo un grave deterioro económico, sino que está poniendo de presente también graves deficiencias que padece nuestra sociedad, que ya habían sido advertidas a los anteriores gobiernos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Urge tomar medidas inmediatas para contener el daño durante el coronavirus, pero deben asimismo diseñarse correctivos para tener condiciones de desarrollo más equilibradas en el futuro frente al virus de la inequidad (o inequivirus).
En lo inmediato, la afectación del empleo y del aparato productivo es evidente. Si no habrá vacuna antes de un año, durante todo ese período una parte importante de la población estará seriamente limitada para generar ingresos. Numerosos negocios y empresas igualmente seguirán impedidos para producir y vender mercancías o prestar servicios. El Gobierno ha adoptado subsidios para algunas de las personas más necesitadas y una provisión de recursos para financiar el pago de nóminas y otros costos de funcionamiento de fábricas y establecimientos de comercio.
Sin embargo, destacados analistas económicos han advertido que el esfuerzo debe ser mayor. Los cálculos de gasto que el Gobierno está haciendo no van más allá de un horizonte de dos meses y no cubren a toda la población afectada. Si realmente se quiere evitar un colapso, sería necesario destinar recursos para subsidiar, durante todo el tiempo que dure la crisis, el empleo y el mantenimiento de las personas y empresas que deban cesar su actividad productiva. Será sin duda costoso, pero más costoso y quién sabe si factible sería reconstruir nuestra capacidad económica después de la quiebra de numerosas empresas y la desarticulación de valiosos equipos de trabajo. Si, por el contrario, se preservan las condiciones de subsistencia de empresarios y trabajadores durante el tiempo que sea necesario, habrá posibilidades de recuperar después el dinero invertido en este período de aislamiento.
En lo mediato, por lo que respecta al inequivirus, Colombia no puede continuar manteniendo a casi la mitad de su población en situación de informalidad. No es sano tolerar tampoco la enorme desigualdad de ingresos existente entre el 1 % más rico y las poblaciones más desfavorecidas. Urge un seguro de desempleo que cubra las necesidades básicas de numerosos individuos y una reforma tributaria que grave las grandes fortunas y permita desarrollar una política seria de redistribución del ingreso. De lo contrario, incluso quienes hoy se benefician de la desigualdad social sufrirán las consecuencias negativas de esa distorsión, pues una sociedad así no es viable a largo plazo.
Esto lo está poniendo en evidencia el coronavirus. Ya había sido percibido desde 1966, cuando se acogió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante el cual los Estados se comprometieron “a adoptar medidas, (…) hasta el máximo de los recursos de que disponga(n), para lograr progresivamente, (…) la plena efectividad” de tales derechos. Colombia aprobó el Pacto mediante la Ley 74 de 1968, hace 52 años. Es hora, por fin, de cumplir esas obligaciones y enfrentar el inequivirus, así sea por fuerza del coronavirus.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).