“Para enfrentar los impactos del narcotráfico y de la política de drogas”

Ese es el título del capítulo cuarto de las recomendaciones contenidas en el volumen de “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Su tesis es que “la política de lucha contra las drogas y el narcotráfico (…) ha sido, quizás, el más grande obstáculo para avanzar en la construcción de paz” porque “es ineficaz para prevenir el consumo, es un factor de persistencia del conflicto armado y ha generado profundos daños a los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo”. Propone, entonces, un cambio sustancial en la política de tal manera que, a mediano plazo, se sustituya el prohibicionismo actual por una regulación del mercado de drogas. Mientras ello se logra, en lo inmediato deben adoptarse medidas para “enfrentar el tema de los cultivos desde un enfoque de desarrollo sostenible que deje atrás la visión del problema como un asunto de seguridad nacional, renunciando definitivamente a la aspersión”.

Este diagnóstico y sus propuestas están basados en el informe de la “Comisión Global de Política de Drogas” presentado a la ONU en 2018 por ex jefes de gobierno de diversos países, incluido Colombia, el ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, y otras destacadas personalidades internacionales. Según ellos, “la guerra global a las drogas ha fracasado” después de cincuenta años de iniciada. Por eso proponen terminar con la criminalización de las personas que las usan pero que no hacen ningún daño, experimentar con modelos de su regulación legal, ofrecer servicios de salud a quienes los necesiten, tender la mano a las personas involucradas en segmentos inferiores de los mercados de drogas (campesinos, correos, y pequeños vendedores), focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, prevenir en primer lugar que las personas jóvenes usen drogas, reemplazar estrategias orientadas por la ideología y la conveniencia por políticas basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos, y romper el tabú acerca del debate y la reforma.

La Comisión de la Verdad también se basa en el Acuerdo de Paz, que contiene importantes compromisos del Gobierno en esta dirección, para cambiar el enfoque militarista frente a las drogas por uno de derechos humanos y salud pública, promover espacios de diálogo y una gran conferencia internacional, priorizar la sustitución en vez de la erradicación, enmarcada en la Reforma Rural Integral. Estos compromisos están pendientes de cumplirse.

Luego de entregado el informe de la Comisión de la Verdad, la Comisión Global de Política de Drogas produjo en noviembre de 2022 un informe sobre “La política de drogas en Colombia”. Allí se insiste en que “se deberían reorientar las acciones militares hacia el narcotráfico a gran escala y aumentar la capacidad del Estado de destinar recursos al enjuiciamiento de los segmentos de alto nivel de la delincuencia organizada, con el fin de reducir la violencia, la corrupción, el blanqueo de dinero y el contrabando” y se reconoce la importancia del informe de la Comisión de la Verdad. Es hora ya de superar la traba con la que se ha manejado el problema de las drogas en Colombia y recuperar la sobriedad para lograr la paz.

Gracias, Comisión de la Verdad.

*Embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra