Durante la pasada visita del fiscal ante la Corte Penal Internacional, la vicepresidenta defendió la JEP, exaltó su tarea en el marco de su “autonomía” y resaltó su tarea en la lucha “para que no haya impunidad”.
Señaló que “hubo temores” de que el sistema transicional condujera a la impunidad, pero tomó palabras de la Corte Penal para reafirmar que el texto del Acuerdo del Colón es “compatible con el Estatuto de Roma”. Increíble.
También el presidente reafirmó los “avances de Colombia en verdad, justicia, reparación y no repetición y los progresos para enfrentar crímenes de lesa humanidad”.
¿Cuál debe ser la actitud ante este enorme timonazo? Pese a las sospechas y prevenciones, hay que celebrar esto como un triunfo del Acuerdo y de la JEP. Uno podría hacer una columna ácida señalando de qué manera el Gobierno se equivocó y ahora corrige el rumbo. Pero lo sensato es aprovechar el cambio drástico de posición para solidificar el Acuerdo.
No utilizaré este brusco viraje con fines electorales. Pero sí debe quedar claro que 2022 no puede ser una ocasión para regresar al pasado, sino para consolidar la ruta de la paz.
Al finalizar su visita, el fiscal de la Corte Penal dio por terminado el examen preliminar sobre Colombia. Pero lo hizo de manera condicionada al cumplimiento del Acuerdo.
No obstante, no hay que bajar la guardia. El Centro Democrático (CD) sigue en la tarea de hacer trizas lo pactado. No es posible saber si esta actitud corresponde a una división interna o a un episodio de juego de roles: policía malo y policía bueno. En efecto, lo más granado del CD ha presentado un proyecto para derogar la JEP. Un caso abultado de cinismo. Es el momento de acumular fuerza en defensa del Acuerdo y dejar que el Gobierno lidie con sus dificultades políticas.
Claro está que en este aparente o real nuevo enfoque, a veces se le va la mano. Y del reconocimiento pasa a la propaganda. En efecto, cayó en mis manos un artículo del NYTimes. Afirma su autor, Peter Coy, que la reforma rural “une a la derecha política, que valora la seguridad de los derechos de propiedad, y a la izquierda del país, que valora la justicia social”. ¿Une a la derecha? Todos sabemos que los sectores recalcitrantes se siguen oponiendo sin cansancio. Aunque esta frase es exclusiva del autor, el desarrollo del artículo, cimentado en declaraciones oficiales, muestra un país imaginario en el que todos, a la rueda rueda, vamos por la reforma. Eso no es cierto.
Es claro que el Gobierno tuvo que moverse como náufrago y abrazarse al leño de la JEP para pedirle a la Corte que se fuera para su casa. En esto no podemos ser ingenuos. Pero el hecho clave del reconocimiento de la JEP, reitero, debe ser aprovechado.
Lo que sí le exijo a Marta Lucía es que se retracte públicamente, como vocera del Gobierno, del sartal de insultos y calumnias que sufrimos los defensores de la JEP. Y que lo haga como gobierno pero también como dirigente política de la derecha, a nombre de la franja lunática que no ahorró ataques, incluso de tipo personal. Que lo haga también de cara a las víctimas del conflicto. Y que reconozca que a la JEP deben ir todos los victimarios. Y que, por fin, obtenga el archivo del proyecto de eliminación de la JEP promovido por arúspices destacados del partido de gobierno. De lo contrario, el doble juego sería evidente.
Durante la pasada visita del fiscal ante la Corte Penal Internacional, la vicepresidenta defendió la JEP, exaltó su tarea en el marco de su “autonomía” y resaltó su tarea en la lucha “para que no haya impunidad”.
Señaló que “hubo temores” de que el sistema transicional condujera a la impunidad, pero tomó palabras de la Corte Penal para reafirmar que el texto del Acuerdo del Colón es “compatible con el Estatuto de Roma”. Increíble.
También el presidente reafirmó los “avances de Colombia en verdad, justicia, reparación y no repetición y los progresos para enfrentar crímenes de lesa humanidad”.
¿Cuál debe ser la actitud ante este enorme timonazo? Pese a las sospechas y prevenciones, hay que celebrar esto como un triunfo del Acuerdo y de la JEP. Uno podría hacer una columna ácida señalando de qué manera el Gobierno se equivocó y ahora corrige el rumbo. Pero lo sensato es aprovechar el cambio drástico de posición para solidificar el Acuerdo.
No utilizaré este brusco viraje con fines electorales. Pero sí debe quedar claro que 2022 no puede ser una ocasión para regresar al pasado, sino para consolidar la ruta de la paz.
Al finalizar su visita, el fiscal de la Corte Penal dio por terminado el examen preliminar sobre Colombia. Pero lo hizo de manera condicionada al cumplimiento del Acuerdo.
No obstante, no hay que bajar la guardia. El Centro Democrático (CD) sigue en la tarea de hacer trizas lo pactado. No es posible saber si esta actitud corresponde a una división interna o a un episodio de juego de roles: policía malo y policía bueno. En efecto, lo más granado del CD ha presentado un proyecto para derogar la JEP. Un caso abultado de cinismo. Es el momento de acumular fuerza en defensa del Acuerdo y dejar que el Gobierno lidie con sus dificultades políticas.
Claro está que en este aparente o real nuevo enfoque, a veces se le va la mano. Y del reconocimiento pasa a la propaganda. En efecto, cayó en mis manos un artículo del NYTimes. Afirma su autor, Peter Coy, que la reforma rural “une a la derecha política, que valora la seguridad de los derechos de propiedad, y a la izquierda del país, que valora la justicia social”. ¿Une a la derecha? Todos sabemos que los sectores recalcitrantes se siguen oponiendo sin cansancio. Aunque esta frase es exclusiva del autor, el desarrollo del artículo, cimentado en declaraciones oficiales, muestra un país imaginario en el que todos, a la rueda rueda, vamos por la reforma. Eso no es cierto.
Es claro que el Gobierno tuvo que moverse como náufrago y abrazarse al leño de la JEP para pedirle a la Corte que se fuera para su casa. En esto no podemos ser ingenuos. Pero el hecho clave del reconocimiento de la JEP, reitero, debe ser aprovechado.
Lo que sí le exijo a Marta Lucía es que se retracte públicamente, como vocera del Gobierno, del sartal de insultos y calumnias que sufrimos los defensores de la JEP. Y que lo haga como gobierno pero también como dirigente política de la derecha, a nombre de la franja lunática que no ahorró ataques, incluso de tipo personal. Que lo haga también de cara a las víctimas del conflicto. Y que reconozca que a la JEP deben ir todos los victimarios. Y que, por fin, obtenga el archivo del proyecto de eliminación de la JEP promovido por arúspices destacados del partido de gobierno. De lo contrario, el doble juego sería evidente.