Si en Colombia existiera la responsabilidad política como principio de permanencia en el servicio público, probablemente no hubiéramos alcanzado los niveles de corrupción que han permeado toda la estructura estatal. La percepción ciudadana es que el corrupto, o quienes lo nombran o apoyan, terminan saliéndose con la suya, o pagando muy poco en relación con el daño causado. Personajes como Hipólito Moreno deben morirse de la risa pensando en lo que se embolsillaron y lo que les tocó pagar.
La forma de abordar el problema de la corrupción en Colombia siempre ha sido la del mal que es necesario extirpar, como si se tratara de una plaga que infecta a un cuerpo sano, y en ese sentido, las medidas de política siempre terminan en aumento de penas, creación de nuevos delitos y faltas disciplinarias, diseño de nuevos mecanismos de control y de regulación - ¿alguien sabe para qué sirven las comisiones regionales de moralización? - que son fácilmente neutralizadas por el sistema político para su beneficio, y entonces así nos enteramos de casos tan dramáticos – los que se conocen- como el del corrupto fiscal coordinador de la dirección anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, o el de una ex Auditora General de la Nación – la que audita las cuentas de la Contraloría que audita las cuentas del Estado – usando recursos públicos para su vanidad, o el de los magistrados ofreciendo beneficios a delincuentes a cambio de francachelas orgiásticas, o el del gobernador en fuga vinculado a carteles de salud, o la infinidad de casos que conocemos día a día, y que ya superan nuestra capacidad de asombro.
En Colombia hemos hecho del Estado un botín, en la mayoría de los pequeños municipios es el gran generador de empleo, una maquinaria al servicio de políticos, muchas veces en alianza o connivencia con organizaciones criminales para asegurar la mal llamada gobernabilidad. Basta ver algunos avales de partidos como Cambio Radical para entender este fenómeno.
Aquí nadie responde políticamente por los actos de corrupción. Ernesto Samper debió haber renunciado a la presidencia, más allá de su responsabilidad personal, porque su triunfo fue ilegítimo, y ahí empieza, creo yo la debacle ética del Estado colombiano en tiempos recientes. Si un presidente es elegido con recursos del narcotráfico y no pasa nada, de ahí en adelante cualquier cosa puede pasar.
¿Quién responde por el nombramiento del ex viceministro García Morales, el único funcionario de alto rango que responderá en el tema Odebrecht? ¿El ministro Gallego ya no puede hacerlo y el jefe del entonces ministro dice que nada tuvo que ver con ese buen muchacho. ¿Quién responde por el nombramiento del fiscal corrupto? El fiscal Martínez en alambicado lenguaje jurídico ha dicho que pudo haber fallado por la culpa in eligendi –nombrarlo por arte de birlibirloque porque no acepta ni aceptará que fue una recomendación política–, pero que fue diligente en la culpa in vigilandi, es decir, hacerle seguimiento a su gestión ¿Se hubiera sabido esto sin la intervención de Estados Unidos? Pero ¿Cómo es posible que el director anticorrupción de la Fiscalía no tuviera conocimiento de casos tan sensibles como Odebrechet o Reficar? ¿Para qué estaba allí entonces? ¿Para llevar chichiguas y cuadrar temas regionales? ¿Quién responde por la financiación de la campaña de Santos en 2014 por esa multinacional del soborno como lo es Odebrechet? ¿El jefe financiero de la campaña? Hoy es director de la DIAN.
Todo esfuerzo institucional y político es desbordado por la capacidad de organización de quienes deciden valerse del Estado para enriquecerse. Muchos ciudadanos ven esta debacle ética para justificar su incumplimiento de la ley. Si allá arriba roban por que no puedo hacerlo yo, me dijo un taxista hace poco cuando le reclamé por un sobrecosto en una carrera.
Si alguno, algún servidor público tuviera el valor civil de responder políticamente ante un acto de corrupción en su entidad o entorno político, más allá de su responsabilidad penal, se daría un gran paso, pero eso no pasará, y entonces más tonto o más guevón como diría Rigo el que se deja coger, como he escuchado que dicen de Moreno en la Fiscalía.
@cuervoji
Si en Colombia existiera la responsabilidad política como principio de permanencia en el servicio público, probablemente no hubiéramos alcanzado los niveles de corrupción que han permeado toda la estructura estatal. La percepción ciudadana es que el corrupto, o quienes lo nombran o apoyan, terminan saliéndose con la suya, o pagando muy poco en relación con el daño causado. Personajes como Hipólito Moreno deben morirse de la risa pensando en lo que se embolsillaron y lo que les tocó pagar.
La forma de abordar el problema de la corrupción en Colombia siempre ha sido la del mal que es necesario extirpar, como si se tratara de una plaga que infecta a un cuerpo sano, y en ese sentido, las medidas de política siempre terminan en aumento de penas, creación de nuevos delitos y faltas disciplinarias, diseño de nuevos mecanismos de control y de regulación - ¿alguien sabe para qué sirven las comisiones regionales de moralización? - que son fácilmente neutralizadas por el sistema político para su beneficio, y entonces así nos enteramos de casos tan dramáticos – los que se conocen- como el del corrupto fiscal coordinador de la dirección anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, o el de una ex Auditora General de la Nación – la que audita las cuentas de la Contraloría que audita las cuentas del Estado – usando recursos públicos para su vanidad, o el de los magistrados ofreciendo beneficios a delincuentes a cambio de francachelas orgiásticas, o el del gobernador en fuga vinculado a carteles de salud, o la infinidad de casos que conocemos día a día, y que ya superan nuestra capacidad de asombro.
En Colombia hemos hecho del Estado un botín, en la mayoría de los pequeños municipios es el gran generador de empleo, una maquinaria al servicio de políticos, muchas veces en alianza o connivencia con organizaciones criminales para asegurar la mal llamada gobernabilidad. Basta ver algunos avales de partidos como Cambio Radical para entender este fenómeno.
Aquí nadie responde políticamente por los actos de corrupción. Ernesto Samper debió haber renunciado a la presidencia, más allá de su responsabilidad personal, porque su triunfo fue ilegítimo, y ahí empieza, creo yo la debacle ética del Estado colombiano en tiempos recientes. Si un presidente es elegido con recursos del narcotráfico y no pasa nada, de ahí en adelante cualquier cosa puede pasar.
¿Quién responde por el nombramiento del ex viceministro García Morales, el único funcionario de alto rango que responderá en el tema Odebrecht? ¿El ministro Gallego ya no puede hacerlo y el jefe del entonces ministro dice que nada tuvo que ver con ese buen muchacho. ¿Quién responde por el nombramiento del fiscal corrupto? El fiscal Martínez en alambicado lenguaje jurídico ha dicho que pudo haber fallado por la culpa in eligendi –nombrarlo por arte de birlibirloque porque no acepta ni aceptará que fue una recomendación política–, pero que fue diligente en la culpa in vigilandi, es decir, hacerle seguimiento a su gestión ¿Se hubiera sabido esto sin la intervención de Estados Unidos? Pero ¿Cómo es posible que el director anticorrupción de la Fiscalía no tuviera conocimiento de casos tan sensibles como Odebrechet o Reficar? ¿Para qué estaba allí entonces? ¿Para llevar chichiguas y cuadrar temas regionales? ¿Quién responde por la financiación de la campaña de Santos en 2014 por esa multinacional del soborno como lo es Odebrechet? ¿El jefe financiero de la campaña? Hoy es director de la DIAN.
Todo esfuerzo institucional y político es desbordado por la capacidad de organización de quienes deciden valerse del Estado para enriquecerse. Muchos ciudadanos ven esta debacle ética para justificar su incumplimiento de la ley. Si allá arriba roban por que no puedo hacerlo yo, me dijo un taxista hace poco cuando le reclamé por un sobrecosto en una carrera.
Si alguno, algún servidor público tuviera el valor civil de responder políticamente ante un acto de corrupción en su entidad o entorno político, más allá de su responsabilidad penal, se daría un gran paso, pero eso no pasará, y entonces más tonto o más guevón como diría Rigo el que se deja coger, como he escuchado que dicen de Moreno en la Fiscalía.
@cuervoji