Un estudio reciente de Vivian Newman y María Paula Ángel, de Dejusticia para Fedesarrollo, llega a la conclusión de que la corrupción en Colombia se produce y reproduce por dos razones centrales: de un lado, las condiciones sociopolíticas y culturales de un Estado cuasi ausente que termina fortaleciendo redes locales y regionales con intereses particulares y, de otro lado, derivado de las condiciones institucionales. Esto último se describe en una magnífica ecuación que recoge los trabajos de los profesores de economía y finanzas Robert Klitgaard y Arvind Jain.
La ecuación define que la corrupción se exacerba a mayor poder monopólico (es decir, la asignación de poderes monopólicos o cuasi monopólicos de generación de rentas a cargo de funcionarios públicos, asunto que tiene ejemplos concretos en la vida real, como prebendas fiscales o los mismos planes de ordenamiento territorial) y a mayor discrecionalidad (es decir, la potestad de alguien para definir procedimientos y tomar decisiones sin control alguno y que no responden a criterios objetivos de selección, ejemplos de lo cual se dan en el sector de la construcción, cuando funcionarios públicos definen sin fiscalización obstáculos jurídicos para licencias o cargas de plusvalía sin control alguno). De otro lado, la ecuación contempla también que la corrupción se reduce cuando aumentan la transparencia y el poder de la sanción social. Es decir, cuando se maximiza la información al ciudadano sobre una forma de relación entre lo público y lo privado o cuando existen suficientes actuaciones de penalización y detección de actos corruptos. Por el contrario, cuando los potenciales actos de corrupción, como sucede con los dos expresidentes de la Corte Suprema, permanecen impunes por un tiempo largo, el mensaje que recibe la sociedad es que la corrupción no tiene sanción social efectiva. Esta ecuación, bien entendida, puede ser una forma a través de la cual enfrentar este cáncer de la sociedad desde la perspectiva de las instituciones. Pero un camino complementario para identificar otras causas, y también medios a través de los cuales enfrentarla, es intentar hacer una genealogía de la corrupción. Haciendo ese ejercicio se puede concluir que un primer paso es atacar a la madre de la corrupción, que es la forma como se relaciona el elector con el elegido y la manera a través de la cual se hace y se financia la política. Por mejores instituciones que tengamos, si no cambiamos la forma como se hace la política, será racionalmente imposible acabar con la corrupción.
Otro camino de esa aproximación genealógica es enfrentar a los hermanos mayores de la corrupción, como son: la baja credibilidad e ineficiente capacidad de actuación de las instituciones, y en especial de la justicia; la débil democracia participativa (que puede ejemplificarse en pobres sistemas de veeduría y control de la ciudadanía); la falta de transparencia y vaguedad en la relación público-privada. y finalmente la alta informalidad. Esto último se ejemplifica en la informalidad empresarial o tributaria, o en el uso de efectivo excesivo, asuntos todos que se convierten en caldo de cultivo para actos corruptos (simplemente imagine las tulas que se usaron para pagar en efectivo el tamaño de coimas de las que nos hemos enterado).
Finalmente, atacar la corrupción genealógicamente implica enfrentarse a su padre, que lo puede ser también de la integridad, y que es la educación. Como lo señala Adela Cortina, construir sociedades que sean modelo de comportamiento, supone construir sociedades que actúen con coherencia, y la coherencia se transmite a través del buen ejemplo, que se construye desde las primeras interacciones de la educación preescolar.
Entender estas vías para atacar la corrupción es, además, un camino necesario para mejorar nuestro estado competitivo. A la luz del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF), Colombia sigue estancado en el puesto 61, que es muy similar al 63 que ocupó en el 2006, y uno de los asuntos más críticos son los indicadores de corrupción, en donde ocupamos en promedio una posición 118 entre 138 naciones.
Viéndolo con optimismo, a pesar del drama en que nos encontramos por los escándalos en distintos sectores y ramas del poder, esta puede ser una buena oportunidad para reaccionar y enfrentar de raíz este cáncer.
Un estudio reciente de Vivian Newman y María Paula Ángel, de Dejusticia para Fedesarrollo, llega a la conclusión de que la corrupción en Colombia se produce y reproduce por dos razones centrales: de un lado, las condiciones sociopolíticas y culturales de un Estado cuasi ausente que termina fortaleciendo redes locales y regionales con intereses particulares y, de otro lado, derivado de las condiciones institucionales. Esto último se describe en una magnífica ecuación que recoge los trabajos de los profesores de economía y finanzas Robert Klitgaard y Arvind Jain.
La ecuación define que la corrupción se exacerba a mayor poder monopólico (es decir, la asignación de poderes monopólicos o cuasi monopólicos de generación de rentas a cargo de funcionarios públicos, asunto que tiene ejemplos concretos en la vida real, como prebendas fiscales o los mismos planes de ordenamiento territorial) y a mayor discrecionalidad (es decir, la potestad de alguien para definir procedimientos y tomar decisiones sin control alguno y que no responden a criterios objetivos de selección, ejemplos de lo cual se dan en el sector de la construcción, cuando funcionarios públicos definen sin fiscalización obstáculos jurídicos para licencias o cargas de plusvalía sin control alguno). De otro lado, la ecuación contempla también que la corrupción se reduce cuando aumentan la transparencia y el poder de la sanción social. Es decir, cuando se maximiza la información al ciudadano sobre una forma de relación entre lo público y lo privado o cuando existen suficientes actuaciones de penalización y detección de actos corruptos. Por el contrario, cuando los potenciales actos de corrupción, como sucede con los dos expresidentes de la Corte Suprema, permanecen impunes por un tiempo largo, el mensaje que recibe la sociedad es que la corrupción no tiene sanción social efectiva. Esta ecuación, bien entendida, puede ser una forma a través de la cual enfrentar este cáncer de la sociedad desde la perspectiva de las instituciones. Pero un camino complementario para identificar otras causas, y también medios a través de los cuales enfrentarla, es intentar hacer una genealogía de la corrupción. Haciendo ese ejercicio se puede concluir que un primer paso es atacar a la madre de la corrupción, que es la forma como se relaciona el elector con el elegido y la manera a través de la cual se hace y se financia la política. Por mejores instituciones que tengamos, si no cambiamos la forma como se hace la política, será racionalmente imposible acabar con la corrupción.
Otro camino de esa aproximación genealógica es enfrentar a los hermanos mayores de la corrupción, como son: la baja credibilidad e ineficiente capacidad de actuación de las instituciones, y en especial de la justicia; la débil democracia participativa (que puede ejemplificarse en pobres sistemas de veeduría y control de la ciudadanía); la falta de transparencia y vaguedad en la relación público-privada. y finalmente la alta informalidad. Esto último se ejemplifica en la informalidad empresarial o tributaria, o en el uso de efectivo excesivo, asuntos todos que se convierten en caldo de cultivo para actos corruptos (simplemente imagine las tulas que se usaron para pagar en efectivo el tamaño de coimas de las que nos hemos enterado).
Finalmente, atacar la corrupción genealógicamente implica enfrentarse a su padre, que lo puede ser también de la integridad, y que es la educación. Como lo señala Adela Cortina, construir sociedades que sean modelo de comportamiento, supone construir sociedades que actúen con coherencia, y la coherencia se transmite a través del buen ejemplo, que se construye desde las primeras interacciones de la educación preescolar.
Entender estas vías para atacar la corrupción es, además, un camino necesario para mejorar nuestro estado competitivo. A la luz del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF), Colombia sigue estancado en el puesto 61, que es muy similar al 63 que ocupó en el 2006, y uno de los asuntos más críticos son los indicadores de corrupción, en donde ocupamos en promedio una posición 118 entre 138 naciones.
Viéndolo con optimismo, a pesar del drama en que nos encontramos por los escándalos en distintos sectores y ramas del poder, esta puede ser una buena oportunidad para reaccionar y enfrentar de raíz este cáncer.