Hace un siglo la Ley 4ª de 1913 consagró en Colombia el derecho de todo individuo a obtener copia de los documentos que existan en oficinas públicas, salvo aquellos que sean reservados por disposición expresa de la Constitución o la ley.
Sin embargo, muchos funcionarios violan ese derecho o exigen demostrar un interés para acceder a los documentos.
Esa norma de 1913 —¡que aún está vigente!— dispone que el interesado debe suministrar el papel y pagar al amanuense, quien entonces copiaba a mano el documento solicitado. Actualmente algunas entidades del Estado —si es que se dignan hacer caso— se demoran expidiendo copias, como si todavía la reproducción fuera manual.
En 1984 el derecho a pedir copias se estableció legalmente como una modalidad del derecho constitucional de petición; así se le dio mayor relevancia a ese instrumento de acceso a la información pública, propio de un Estado transparente.
La legislación ha evolucionado y hoy en día, respecto de documentos como contratos y resoluciones, la ley exige que, sin que medie petición alguna, las autoridades deben darlos a conocer en su página de internet. ¿Si están cumpliendo ese deber?
La Corte Constitucional, respecto de las nuevas normas de procedimiento administrativo (Ley 1437 de 2011), que se refieren al derecho de petición, declaró que la materia debía ser objeto de una ley estatutaria. El Congreso de la República ya expidió el texto respectivo y ahora le corresponde a la Corte efectuar el examen correspondiente.
En ese examen ojalá se considerara que muchas de las normas del derecho de petición no se adecuan a los postulados constitucionales. Por ejemplo, el plazo de 10 días hábiles que tiene una entidad para entregar las copias es innecesariamente extenso. Teniendo en cuenta los medios técnicos disponibles, ese plazo debería reducirse por lo menos a la mitad.
Muchos casos de corrupción o de torpeza administrativa se habrían prevenido de haber tenido acceso oportuno a documentos claves, que algún funcionario se empecinó en ocultar. Es especialmente grave lo que sucede con las actas de los órganos directivos de ciertas entidades; pasan meses antes de permitir su acceso al público. ¿Qué querrán esconder?
Hace un siglo la Ley 4ª de 1913 consagró en Colombia el derecho de todo individuo a obtener copia de los documentos que existan en oficinas públicas, salvo aquellos que sean reservados por disposición expresa de la Constitución o la ley.
Sin embargo, muchos funcionarios violan ese derecho o exigen demostrar un interés para acceder a los documentos.
Esa norma de 1913 —¡que aún está vigente!— dispone que el interesado debe suministrar el papel y pagar al amanuense, quien entonces copiaba a mano el documento solicitado. Actualmente algunas entidades del Estado —si es que se dignan hacer caso— se demoran expidiendo copias, como si todavía la reproducción fuera manual.
En 1984 el derecho a pedir copias se estableció legalmente como una modalidad del derecho constitucional de petición; así se le dio mayor relevancia a ese instrumento de acceso a la información pública, propio de un Estado transparente.
La legislación ha evolucionado y hoy en día, respecto de documentos como contratos y resoluciones, la ley exige que, sin que medie petición alguna, las autoridades deben darlos a conocer en su página de internet. ¿Si están cumpliendo ese deber?
La Corte Constitucional, respecto de las nuevas normas de procedimiento administrativo (Ley 1437 de 2011), que se refieren al derecho de petición, declaró que la materia debía ser objeto de una ley estatutaria. El Congreso de la República ya expidió el texto respectivo y ahora le corresponde a la Corte efectuar el examen correspondiente.
En ese examen ojalá se considerara que muchas de las normas del derecho de petición no se adecuan a los postulados constitucionales. Por ejemplo, el plazo de 10 días hábiles que tiene una entidad para entregar las copias es innecesariamente extenso. Teniendo en cuenta los medios técnicos disponibles, ese plazo debería reducirse por lo menos a la mitad.
Muchos casos de corrupción o de torpeza administrativa se habrían prevenido de haber tenido acceso oportuno a documentos claves, que algún funcionario se empecinó en ocultar. Es especialmente grave lo que sucede con las actas de los órganos directivos de ciertas entidades; pasan meses antes de permitir su acceso al público. ¿Qué querrán esconder?