Con esta frase -del adagio latino corruptio optimi pessima- el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, ilustró su intervención en un evento de rendición de cuentas de las cabezas de la justicia en Colombia, que se llevó a cabo el pasado viernes, misma oportunidad en la cual el presidente Duque declaró que prefiere retirar el proyecto de reforma a la justicia a permitir que se desvirtúe su esencia. Con razón.
Convocados por la Corporación Excelencia en la Justicia, allí se dieron cita el Fiscal, el Procurador, los presidentes de la JEP, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y la Ministra de Justicia. Naturalmente el tema recurrente fue la corrupción y la necesidad de que la administración de justicia propicie “ambientes morales” para que nuestra democracia logre derrotar ese flagelo.
Los escándalos de corrupción que se destapan a diario llevan a que buena parte de la opinión pública desconfíe de nuestro sistema judicial. La bajeza de las redes sociales y los medios de comunicación irresponsables les hacen eco a las acciones de una mano negra interesada en deslegitimar a los jueces en Colombia.
Sin embargo, como bien lo recordó el procurador Carrillo, en su intervención, en momentos más oscuros de nuestra historia , -como cuando el narcotráfico y el paramilitarismo estuvieron a punto de tomarse el Estado- la justicia fue la tabla de salvación. Cientos de magistrados y jueces sacrificaron su vida por ello y muchos más cumplen hoy su tarea con abnegación y decoro.
El crecimiento exponencial de los procesos y las restricciones presupuestales tienen a punto de colapsar a nuestro sistema judicial. En lugar de reformas constitucionales imposibles, ante la indolencia del Congreso, se debería declarar ya una emergencia judicial. Así como la paz fue la obsesión del anterior gobierno, el país debería concentrarse ahora en salvar a la justicia.
Es una paradoja que en ese evento que reseñamos -tan lleno de elocuencia y buenas intenciones- nadie hubiera lamentado que, desde hace más de un mes, casi todos los juzgados de Bogotá no prestan servicio al público. Otra audacia impune de la dictadura sindical.
@jcgomez_j
Con esta frase -del adagio latino corruptio optimi pessima- el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, ilustró su intervención en un evento de rendición de cuentas de las cabezas de la justicia en Colombia, que se llevó a cabo el pasado viernes, misma oportunidad en la cual el presidente Duque declaró que prefiere retirar el proyecto de reforma a la justicia a permitir que se desvirtúe su esencia. Con razón.
Convocados por la Corporación Excelencia en la Justicia, allí se dieron cita el Fiscal, el Procurador, los presidentes de la JEP, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y la Ministra de Justicia. Naturalmente el tema recurrente fue la corrupción y la necesidad de que la administración de justicia propicie “ambientes morales” para que nuestra democracia logre derrotar ese flagelo.
Los escándalos de corrupción que se destapan a diario llevan a que buena parte de la opinión pública desconfíe de nuestro sistema judicial. La bajeza de las redes sociales y los medios de comunicación irresponsables les hacen eco a las acciones de una mano negra interesada en deslegitimar a los jueces en Colombia.
Sin embargo, como bien lo recordó el procurador Carrillo, en su intervención, en momentos más oscuros de nuestra historia , -como cuando el narcotráfico y el paramilitarismo estuvieron a punto de tomarse el Estado- la justicia fue la tabla de salvación. Cientos de magistrados y jueces sacrificaron su vida por ello y muchos más cumplen hoy su tarea con abnegación y decoro.
El crecimiento exponencial de los procesos y las restricciones presupuestales tienen a punto de colapsar a nuestro sistema judicial. En lugar de reformas constitucionales imposibles, ante la indolencia del Congreso, se debería declarar ya una emergencia judicial. Así como la paz fue la obsesión del anterior gobierno, el país debería concentrarse ahora en salvar a la justicia.
Es una paradoja que en ese evento que reseñamos -tan lleno de elocuencia y buenas intenciones- nadie hubiera lamentado que, desde hace más de un mes, casi todos los juzgados de Bogotá no prestan servicio al público. Otra audacia impune de la dictadura sindical.
@jcgomez_j