Condena de honor

Juan David Ochoa
20 de julio de 2019 - 06:30 a. m.

Andrés Felipe Arias continúa en las caballerizas del Cantón Norte. Aunque un juez haya dado la orden para su traslado y la condena que ha empezado cumplir tenga la severidad de 17 años por peculado por apropiación a favor de terceros y celebración indebida de contratos, no ha sido obligado a responder en los centros de reclusión donde se pagan los delitos. El gobierno hizo el lobby esperado desde el mismo día de su extradición, impidiendo incluso los registros legales de Migración Colombia ante un extraditado que debe llegar con logísticas y protocolos de cuidado. Nadie sabe hoy los detalles de su captura, y su permanencia de exclusividad y trato diferencial en instalaciones de lujo están siendo aceptadas con resignación, más que con escándalo. La corrupción y el descrédito institucional han llegado al estado que los custodios legales del delito deseaban: el silencio y la costumbre de la opinión pública ante los condenados de alcurnia y de honor, aunque la gravedad de sus delitos sean los mismos que han detonado desde siempre la inequidad y los arquetipos de la violencia.

Ante la llegada fantasmal del exministro estrella del uribismo y el escándalo por los detalles aun no resueltos de un chárter sin identificar y un aterrizaje sin aviso y con prohibiciones explícitas de cubrimiento, han salido en su defensa políticos y congresistas que en su retórica dicen estar al margen de los intereses del poder. Luis Fernando Velasco pidió no alimentar el morbo con las imágenes de su captura, y Rodrigo Lara cuestiona aún indignado el interés por verlo esposado y expuesto. Nunca se indignaron por la humillación de los cientos de miles de capturados que los gobiernos han manoseado como trofeos de la imposición del poder y símbolos perfectos para aumentar la favorabilidad de sus gestiones en seguridad y cumplimiento con la ley y el orden. Nunca les parecieron humillantes los registros históricos de los extraditados comunes. Les parece atroz y morboso que lo hagan ahora con un ministro condenado, les parece inadmisible y ruin y piden consideración por el dolor de su familia y respeto por su nombre y su honra. Una vez más, la costumbre de las élites a sus privilegios y exclusividad les impide entender la monumental desfachatez de sus opiniones ante un reo proveniente del poder. La tradición corrupta y diferencial con sus círculos les impide entenderse como funcionarios y ciudadanos similares a los mortales que deben pagar sus errores, aunque sean sindicados,  entre pasillos apestosos y hacinados de un sistema penitenciario también destruido por el desfalco y la aberración.

El siguiente ciclo del melodrama consistirá en la aprobación a toda costa de la segunda instancia que beneficiará al único que quieren liberar, aunque salgan antiguos condenados de alta peligrosidad por añadidura. Les cuesta aceptar que un hombre del poder, el superministro presidenciable de la casta más pura del uribismo incuestionable, deba cumplir con su condena como un reo común. No aceptarán jamás que la ley también se impuso para ellos. Y para eso ha sido aprobado de nuevo el aumento exorbitante del salario en el Congreso. No podrán trabajar sin las prebendas pactadas desde el principio de la historia. El condenado de honor espera paciente en las caballerizas su boleta de libertad acorde a una ley ajustada para los nombres de su estirpe y su calaña.

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